Qué hay detrás de la polémica con el pin parental que alimenta la polarización política en España

“A los niños no les tienen que enseñar juegos eróticos en el colegio”, dice Santiago Abascal, líder de VOX. Este partido de ultraderecha ha logrado marcar la agenda política en España a través del pin parental, una herramienta para controlar la educación en materias sensibles como la sexualidad y la igualdad.

En la práctica, es un veto en la enseñanza pública, reglada por una ley estatal consensuada por todas las formaciones políticas. Se ha convertido en la primera polémica fuerte entre la oposición y el nuevo gobierno progresista de PSOE y Unidas Podemos. De fondo hay una batalla de ideas donde el resto de formaciones conservadoras, Partido Popular (PP) y Ciudadanos, se han visto forzadas a posicionarse.

La idea del pin parental fue uno de los puntos estrella de VOX para la primera campaña electoral de 2019, antes del verano. Con su irrupción en el Congreso tras los comicios del 10 de noviembre con más del 15% de los votos (3.6 millones de apoyos), el partido ultra pretende liderar la oposición e imponer su ideología en las ciudades donde ha sido clave para formar gobierno.

Su postura es que en las escuelas se imparten charlas que promueven “la corrupción de menores” en temas como el modelo de familia, la violencia de género y los derechos de la comunidad LGTBI. Aseguran que el nuevo gobierno quiere moldear las ideas de los niños. “Los padres sabemos lo que es mejor para nuestros hijos”, defienden. Exigen que las familias puedan decidir a qué actividades complementarias acuden los alumnos en horario lectivo.

Estas actividades van desde charlas sobre la diversidad de género hasta talleres sobre sexualidad y actividades educativas para prevenir los embarazos adolescentes, el acoso y las violaciones, además de otras temáticas como el calentamiento global, la desigualdad y el racismo.

En la web del partido ofrecen “descargar el pin parental”, un documento dirigido al responsable de los centros educativos con la autorización o prohibición expresa de los progenitores para determinados asuntos. Un procedimiento similar al bloqueo por parte de los padres de contenidos violentos o sexuales en el ordenador o la televisión para controlar lo que ven sus hijos.

Esgrimen el artículo 27.3 de la Constitución española que garantiza “el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” y estipula que la educación sea “ideológicamente neutral, alejada del adoctrinamiento”.

La respuesta del gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez ha sido tajante: el pin parental, dice, está fuera de la ley. “No hablamos de actividades voluntarias sino de actividades complementarias que configuran un currículum básico de obligado cumplimiento”, explica la ministra de Educación, Isabel Celaá.

Los padres pueden decidir sobre las prácticas extraescolares de los menores, pero son los profesionales los responsables de todas las que se imparten en horario lectivo. Las actividades sobre las que VOX quiere decidir se importen, por ejemplo, durante la clase de biología y otras materias obligatorias y evaluables, tras ser consensuadas por los centros escolares, es decir, por los profesores y los colectivos de padres.

El Gobierno responde a VOX con el artículo 27 de la Constitución. "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". La Ley de Educación advierte que las escuelas deben desarrollar "valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género", en la misma línea que la Convención sobre los Derechos del Niño.

¿Es viable aplicar el pin parental?

“El problema no existe”, dice el consejero madrileño de Educación del PP, Enrique Osorio. Las cifras oficiales que maneja sobre las quejas por charlas en los colegios no justifican la aplicación del pin parental: con 1,240,000 alumnos, 53,000 docentes y 1,200 centros sólo hay constancia de una reclamación por escrito y dos en Twitter. “Fue la inspección y comprobó que no había ocurrido nada", dice Osorio.

En Madrid, la capital del país, donde PP y Ciudadanos gobiernan en ayuntamiento y comunidad con el apoyo de la extrema derecha, la aprobación de los presupuestos podría peligrar si no sale adelante el pin parental.

En Murcia VOX está ganando la batalla. Fue la fuerza más votada el pasado 10 de noviembre en esta ciudad al sureste de España con apenas 1.5 millones de habitantes. Logró el 27.99% de los votos, seguida de cerca por el PP, el partido tradicional conservador en el país. Antes, tras las autonómicas de mayo, ya se había forjado la alianza en la derecha con PP, VOX y Ciudadanos (entre los tres sumaban mayoría absoluta). Desde septiembre, cuando arrancó el nuevo curso escolar, el pin parental está vigente.

El gobierno español ha enviado un requerimiento a esta región para que lo retire y advierte que recurrirá “cualquier intento de vulnerar los derechos de los menores a recibir una educación integral”. Una amenaza rechazada por el presidente murciano Fernando López Miras (del PP), quien está dispuesto a luchar por el pin parental en los tribunales. Su postura es que “garantiza la libertad de las familias”.

Mientras en Murcia el PP se ha alineado con VOX, su postura a nivel nacional no está clara. Su propio líder, Pablo Casado, al principio pidió a sus bases que se alejaran de esta polémica para evitar ser salpicados, para finalmente abrazar como una lucha propia el pin parental. “Es una línea roja que no se debe cruzar”, advierte.

El PP ha retomado su línea más dura, propiciando críticas internas de algunos líderes territoriales, quienes temen que batallas iniciadas por los ultras de Santiago Abascal como la del pin parental acaben arrastrándoles a un terreno que no les favorece.

El caso de Murcia es sintomático. Ha sido uno de los caldos de cultivo de VOX, que ganó en plazas importantes como la ciudad portuaria de Cartagena. Su discurso antiinmigración y xenófobo cuajó en localidades de esta región con amplios sectores de población procedente del norte de África que llega para trabajar en los invernaderos, el campo y otros sectores que demandan mano de obra barata y poco cualificada.

La otra plaza donde ha cosechado un apoyo masivo es la comunidad vecina de Andalucía. Esta región, la más grande de España con más de un 17% del territorio nacional, ha sido hasta ahora el fortín de los socialistas. Allí VOX hipotecó su apoyo al PP para desplazar al PSOE del poder, siempre y cuando les concedieran algunas de sus demandas, que van desde el debate sobre las autonomías (atizado por la crisis secesionista en Cataluña) hasta el aborto, la memoria histórica y la educación.

En principio ambas fuerzas (con el apoyo de Ciudadanos) han firmado un acuerdo para sacar adelante los presupuestos en Andalucía que incluiría la aprobación del pin parental en consonancia con lo ocurrido en Murcia. “Si no cumplen con lo acordado, habrá repercusiones”, amenazan desde la delegación andaluza de VOX.

Ciudadanos, el partido que surgió en Barcelona en 2006 como una fuerza antinacionalista y liberal y que se ha ido escorando hacia la derecha, también se ha visto afectado por el fuego cruzado entre el gobierno y VOX.

La comunidad educativa se ha manifestado mayoritariamente en contra del pin parental. Más allá de considerarlo una obstrucción al trabajo de los docentes, considera que generará trabas burocráticas y entorpecerá el sistema.

Algunos educadores han denunciado campañas de acoso en redes por parte del entorno de la extrema derecha. Aseguran que estas charlas posibilitan que los menores sean conscientes de problemas como el bullying, el acoso en redes y el maltrato y gracias a eso puedan denunciar.

“En algunos casos sirven para proteger a los niños de sus familias y ofrecerles un entorno seguro”, dice la profesora de secundaria Alba Martín en un hilo de Twitter que se ha hecho viral.

El 6 de marzo está prevista una huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes contra el pin parental de VOX apoyada por organizaciones sin ánimo de lucro como Save The Children, sindicatos, asociaciones a favor de la igualdad y colectivos feministas y LGTBI.

“No vamos a dar ni un paso atrás”, aseguran desde el partido ultra. Su estrategia es defender “la protección de los niños”, evitando que el debate se dirija hacia la censura en el entorno educativo. Frente a esa acusación, ellos hablan de libertad.

"¿Por qué es necesario el pin parental que VOX propone? Para que los padres puedan negarse a que sus hijos les enseñen este tipo de burradas", decía Iván Espinosa de los Monteros, su portavoz en el Congreso, en una entrevista con la televisión pública española, cuando le preguntaban por unas imágenes donde se veía a un hombre desnudo tumbado en el suelo junto a una niña.

VOX difundió ese vídeo a través de sus redes sociales, sin explicar que en realidad la escena no había sucedido en ninguna escuela española, sino que era parte de una performance en un museo de Brasil en 2017.

Este y otros bulos relacionados con la educación sexual a los menores se han difundido durante los últimos días en las cuentas del partido ultra a través de redes sociales como Twitter, una plataforma que les suspendió recientemente su uso durante unas horas por “incitar al odio”.

Mientras la ultraderecha se beneficia de un debate que polariza a los extremos de la sociedad, las voces más moderadas de la oposición denuncian que el pin parental es “una cortina de humo” que el PSOE ha aprovechado para que no se hable de otras decisiones del gobierno. Por el momento VOX, como tercera fuerza más votada tras los socialistas y PP, está logrando marcar la agenda política en España.

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