Qué hay detrás de la nueva escalada represiva en la Rusia de Vladimir Putin contra periodistas, ONGs y Testigos de Jehová

Rusia no desarrolló nunca una democracia vigorosa. Del zarismo pasó al comunismo y, tras el caos de los años 90, emergió Vladimir Putin como nuevo guía de la nación, sepultando cualquier posibilidad de pluralismo político.

No obstante, con el correr de los años, los rusos comenzaron a gozar de libertades civiles incomparables con las que tenían en los tiempos de la Unión Soviética. Surgieron medios de comunicación con miradas diversas, comenzaron a proliferar organizaciones de la sociedad civil en defensa de distintas causas y el Estado dejó de ser omnipresente.

Pero eso está empezando a cambiar. El punto de inflexión fue la sanción en julio de 2012 de una ley que declara como “agente extranjero” a cualquier ONG que reciba financiamiento del exterior, aunque solo represente una pequeña parte de sus ingresos. Otras normas se fueron sumando en los años siguientes, para desprestigiar, dejar sin recursos o directamente cerrar a cualquier organización molesta para el gobierno.

El correlato de esa ley para los medios de comunicación se aprobó en 2017. Establece que cualquier empresa periodística de propiedad foránea debe asumirse como un agente extranjero, casi como si fuera un organismo de inteligencia de otro país.

El Gobierno dio un paso más este fin de año. Putin promulgó el 2 de diciembre una ley que lo habilita a designar agente a cualquier periodista que trabaje en uno de esos medios o que comparta información publicada por ellos. La medida es tan vaga que el calificativo le puede caber incluso a un bloguero.

“El crecimiento económico es inferior a 2% anual y ha habido cientos de protestas en todo el país. La mayoría de ellas se refiere a cuestiones locales, como la ubicación de los vertederos de basura, pero otras son por la reforma del sistema de pensiones. Hay elecciones para la Duma Estatal en 2021 y en 2024 se supone que Putin dará un paso al costado, pero nadie sabe quién será su sucesor. El Gobierno está preocupado y está tomando medidas para asustar a la oposición y limitar su capacidad de organización. Desde 2011, los órganos de seguridad están facultados para hacer lo necesario para aplastar a la disidencia potencial, especialmente a los ‘agentes extranjeros’”, dijo a Infobae Peter Rutland, profesor de política rusa en la Universidad Wesleyana de Connecticut.

En el marco de esta escalada, las autoridades volvieron a arremeter contra Alexei Navalny, el principal dirigente opositor del país. Es un blanco recurrente: habitualmente es arrestado por liderar protestas sin autorización y en 2018 le impidieron ser candidato a presidente.

Este jueves denunció que policías ingresaron a la fuerza en la sede de su organización, la Fundación Anticorrupción. Ruslan Shaveddinov, uno de sus colaboradores, fue detenido y enviado a una base en el Ártico para realizar el servicio militar de manera compulsiva. “Se encuentra encerrado ilegalmente. Un verdadero prisionero político”, dijo Navalny.

“Todas las ONG y los medios de comunicación en Rusia tienen que estar bajo el control directo de las autoridades. Todos los que intentan ser independientes caen bajo las medidas represivas del Kremlin. El régimen de Putin está cada vez más paranoico y seguirá apretando las tuercas. De hecho, justo antes de Navidad Rusia anunció su separación de la World Wide Web. Las autoridades han decidido incluso crear su propios ‘YouTube’ y ‘Wikipedia’, donde los ciudadanos rusos solo podrán leer y ver la ‘verdad’ del Kremlin”, sostuvo Kalev Stoicescu, investigador del Centro Internacional de Defensa y Seguridad de Tallin, Estonia, en diálogo con Infobae.

La persecución es tan amplia que también alcanza a las entidades religiosas. Dos semanas atrás, un tribunal condenó a seis años de cárcel a un predicador de los Testigos de Jehová, que fueron declarados “grupo extremista” e ilegalizados por la Corte Suprema en 2017.

Poco antes, la policía de Norilsk, en el norte de Rusia, realizó una redada en un campamento donde se habían reunido unos 50 fieles. Human Rights Watch denunció que 15 agentes armados y enmascarados irrumpieron en el lugar, les sacaron los celulares y los fotografiaron. No había terroristas. Solo Testigos de Jehová.

“Los crecientes intentos del gobierno ruso de fijar controles adicionales sobre varios elementos de la sociedad son parte de un esfuerzo de dos décadas por restablecer un control social bastante parecido al que había en la antigua Unión Soviética. El propósito principal es eliminar todos los posibles desafíos e incluso los cuestionamientos hacia la política gubernamental”, dijo a Infobae Roger E. Kanet, profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami.

A la caza de los “agentes”

La ley de 2012 obliga a cualquier ONG con lazos con el exterior a inscribirse en un registro especial y a satisfacer una serie de costosos requerimientos burocráticos que no son de fácil cumplimiento. De esta manera, el Estado puede hacer una vigilancia mucho más exhaustiva de sus actividades y tiene una excusa para cerrarlas en caso de algún incumplimiento.

También es una forma de ahogarlas financieramente, porque es muy difícil que ciudadanos o empresas rusas se atrevan a hacer donaciones a organizaciones enemistadas con el gobierno. Una enmienda a la norma aprobada en junio de 2014 la hizo aún más discrecional, al permitirle al Ministerio de Justicia decidir a su arbitrio si una institución es o no un agente extranjero. Por una razón u otra, decenas de ONGs desaparecieron.

“No fuimos nosotros los que acuñamos el término. Una ley similar ha estado en vigor en Estados Unidos desde los años 30”, dijo Putin la semana pasada, cuando le preguntaron por el tema en su conferencia de prensa anual.

La Ley de Registro de Agentes Extranjeros a la que hizo referencia el presidente ruso fue aprobada por el Congreso estadounidense en 1938. Pero, a diferencia de la suya, no es aplicable a cualquier organización sino a aquellas que se dedican expresamente a hacer lobby en defensa de los intereses de otras naciones. Rusia considera agentes extranjeros a organizaciones de derechos humanos reconocidas en todo el mundo, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Hay casos verdaderamente grotescos. Golos, el principal organismo independiente dedicado a monitorear la transparencia de las elecciones, fue declarado agente por recibir en 2012 el Premio Andrei Sájarov a la Libertad, que entrega el Comité Noruego de Helsinki. Desde ese momento fue suspendido y perseguido.

Valentina Cherevatenko, máxima referente de la Unión de Mujeres del Don, una ONG que defiende los derechos de la mujer, se convirtió en junio de 2017 en la primera persona procesada por negarse a que la rotulen de agente. Si la Justicia avanza, podría ser condenada a dos años de cárcel.

En noviembre pasado, un tribunal moscovita disolvió al Centro de Apoyo a los Pueblos Indígenas del Norte (CSIPN/RITC), un grupo defensor de las comunidades aborígenes con 18 años de historia en el país. El fallo fue el desenlace de una persecución que comenzó en 2015, cuando el CSIPN/RITC fue incluido en la lista negra. “El Ártico y sus recursos significan mucho para las empresas rusas, que consideran a las minorías indígenas como una barrera para sus actividades”, denunció Rodion Sulyandziga, su director.

En octubre le había tocado a la Fundación Anticorrupción de Navalny. El Ministerio asegura tener pruebas de que recibió transferencias —insignificantes— de España y de Estados Unidos. Su líder niega la acusación y afirma que la totalidad de sus fondos proviene de Rusia. Pero el texto de la ley es tan amplio que podría servir de pretexto para terminar definitivamente con Navalny.

Casi al mismo tiempo, Putin decretó un profundo reordenamiento del Consejo de Derechos Humanos, un organismo público que se pretende independiente, y que de hecho había cuestionado algunos abusos en los últimos años. Eso no volverá a suceder, porque el Presidente removió a los pocos críticos con su gobierno que quedaban en el cuerpo.

“La economía no va bien y la base nacionalista de su legitimidad no puede mantener indefinidamente popular a Putin. Su intención es retroceder gradualmente hacia un estado más totalitario, como lo está haciendo China. Por lo tanto, no se trata de medidas temporales o aisladas. Puede llegar muy lejos en su intento de silenciar la disidencia, pero lo está haciendo paso a paso en lugar de hacerlo todo a la vez. Esto disminuye la resistencia y no asusta tanto a los ricos y a la clase media alta, al menos por el momento. No quiere que huyan, pero eventualmente también serán reprimidos. Al menos esa es su meta a largo plazo”, explicó Daniel Chirot, profesor de estudios rusos y euroasiáticos en la Universidad de Washington, consultado por Infobae.

Es evidente que los medios de comunicación no podían quedar al margen de esta limpieza. La adaptación de la ley contra las ONG para el periodismo fue promulgada por Putin en noviembre de 2017. Desde ese momento, las agencias de noticias de otros países deben presentarse como agentes extranjeros.

Nuevamente, la excusa del gobierno fue que Estados Unidos lo había hecho primero. En realidad, lo que hizo Washington fue, bajo el paraguas de la norma de 1938, declarar al canal de televisión ruso RT como órgano de propaganda del Kremlin.

Pero Rusia fue más allá y el pasado 2 de diciembre aprobó una reforma que autoriza al Ministerio de Justicia a determinar que los periodistas que trabajan en medios internacionales son agentes. No solo los profesionales, también los blogueros y las personas que comparten información por internet podrían ser apuntadas.

La redacción del texto legal es tan imprecisa que prácticamente podría usarse contra cualquier comunicador. Todo indica que la intención es intimidar. Cualquiera que pretenda difundir un suceso relevante sabe que, si contradice el discurso oficial, puede ser investigado y eventualmente perseguido.

“Rusia está gobernada por una elite dominada por el Servicio Federal de Seguridad (FSB, ex KGB), conocida como ‘el Putin colectivo’ —dijo Stoicescu—. Este régimen de autocracia y cleptocracia está enfocado en preservar y fortalecer su control del poder. Occidente es el adversario de elección para justificar su necesidad y su política dura tanto a nivel nacional como internacional. El Kremlin afirma que Occidente está decidido a derribar a Putin y que, por tanto, está obligado a llevar a cabo políticas antioccidentales y a suprimir cualquier disidencia política, oposición o incluso puntos de vista divergentes, que no se ajusten a los ‘propios valores’ de Rusia, a la propaganda oficial y al cultivo del ‘patriotismo’”.

Las voces disonantes que no pueden ser silenciadas son desprestigiadas. Por eso, las leyes obligan a los supuestos agentes a presentarse como tales cada vez que publican algo. De esa manera, se pretende instalar que si alguien tiene una opinión diferente a la del gobierno es porque, en el fondo, está persiguiendo intereses foráneos, anti rusos.

Es una idea muy potente en un país en el que el nacionalismo ha sido siempre un factor políticamente decisivo. Y nadie apeló con tanta eficacia a ese sentimiento como Putin.

“No debemos olvidar que el gobierno ruso ha estado tratando de restringir las actividades independientes y opositoras durante años. Esto es cierto para los activistas de la sociedad civil, las minorías religiosas y, en particular, para los críticos y adversarios políticos. Sin embargo, la represión está aumentando y no es un gran misterio por qué. Nadie sabe si Putin seguirá siendo presidente después de su actual mandato, y esa incertidumbre pone nerviosos a muchos en la elite rusa. No saben si estarán tan bien protegidos en el futuro como lo han estado hasta ahora. Ven que la oposición está mejorando su mensaje, su capacidad de organización y su apoyo público. Ven que el partido de Putin pierde energía, confianza y números en las encuestas”, dijo a Infobae Stephen Sestanovich, profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia.

La decisión de amedrentar a los periodistas no se circunscribe a quienes trabajan para medios extranjeros. El caso más emblemático de este año fue la detención en junio de Ivan Golunov, que se hizo conocido por sus notas de investigación sobre casos de corrupción, publicadas en el portal independiente Meduza.

Lo acusaron de posesión de drogas en una causa repleta de irregularidades, que generó una reacción generalizada por parte de sus colegas, que organizaron protestas pidiendo su liberación. Golunov recuperó la libertad días más tarde y las autoridades retiraron los cargos en su contra, pero el mensaje para él y para los demás fue contundente.

“Dado el amplio apoyo hacia el gobierno, la larga experiencia histórica de la población rusa con políticas autoritarias y el compromiso de Putin, como antiguo agente de la KGB, con una política que va de arriba hacia abajo, es muy probable que los esfuerzos por conseguir un mayor control continúen y que logren reducir aún más, si no eliminar, la disidencia abierta hacia las políticas gubernamentales”, concluyó Kanet.

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