El presidente del Gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, firmó este martes un acuerdo con el líder del izquierdista Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para la formación de un Ejecutivo en España tras las elecciones del pasado domingo.
“Hemos alcanzado un acuerdo para un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE”, anunció a través de Twitter Alberto Garzón, uno de los máximos responsables de UP.
Iglesias entraría en el futuro Ejecutivo como vicepresidente, indicaron fuentes de ambos partidos, aunque insistieron en que primero se cerrarán los detalles del programa de gobierno y luego se pactará el reparto de cargos.
Sánchez e Iglesias fueron juntos al Congreso, donde firmaron el preacuerdo ante las cámaras, se dieron la mano y se abrazaron. El Presidente en funciones sostuvo que “será un Gobierno profundamente progresista y para toda la legislatura (por cuatro años)”. Por su parte, Iglesias afirmó que el pacto servirá como “vacuna ante la ultraderecha”.
El acuerdo se divulgó apenas 48 horas después de las elecciones del domingo y después de que ambos partidos no lograran un pacto tras las elecciones de abril, lo que forzó a la repetición de los comicios. El PSOE volvió a ser el partido más votado, pero con menos bancas que antes. Sánchez, que se rehusaba a una coalición en la que Iglesias tuviera un rol preponderante, aceptó ahora un pacto con el líder de UP como segundo hombre fuerte del gobierno.
De todos modos, todavía falta lo más importante, que la flamante coalición —palabra que era rechazada por los socialistas antes de las elecciones del domingo— obtenga el respaldo del Congreso. El PSOE y UP suman 155 diputados, 21 menos de la mayoría necesaria para gobernar. A menos que amplíen la alianza sumando a otras fuerzas —algo poco probable—, la propuesta de gobierno no pasará la primera sesión de investidura. Sin embargo, si consiguen que 21 diputados de otros partidos se abstengan en una segunda sesión, Sánchez e Iglesias podrán asumir como presidente y vicepresidente de un gobierno de minoría.
PSOE y UP pactaron un programa básico con diez líneas principales de actuación. Destacan la mejora del empleo, protección de la sanidad, la educación y las pensiones, garantizar el derecho a la vivienda, lucha contra el cambio climático, igualdad de la mujer y ampliación de los derechos sociales.
El proyecto común incluye también las promesas de luchar contra la corrupción, proteger los servicios públicos, impulsar las escuelas de 0 a 3 años, apostar por la ciencia como motor de innovación tecnológica, recuperar el talento emigrado y controlar la extensión de las casas de apuestas.
El preacuerdo se compromete a “garantizar la convivencia en Cataluña” y a la “normalización” de la vida política fomentando el diálogo “siempre dentro de la Constitución”, uno de los temas más ásperos de la campaña.
El documento precisa que las dos formaciones tienen abierta aún una negociación sobre la estructura y el funcionamiento del nuevo gobierno, que perseguirá situar a España como “referente de la protección de los derechos sociales en Europa, tal y como los ciudadanos han decidido en las urnas”.
Las dos formaciones afirman compartir “la importancia de asumir el compromiso en defensa de la libertad, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos como guía de la acción de gobierno”, y asegura que el nuevo Ejecutivo “se regirá por los principios de cohesión, lealtad, y solidaridad gubernamental, así como por el de idoneidad en el desempeño de las funciones”.
El Gobierno “progresista” trabajará también para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos; impulsar la reindustrialización y el sector primario, así como el impulso digital. También se compromete con la aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y el reconocimiento de España como un país de memoria y dignidad.
Otro de los ejes de actuación será asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector; fomentar el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida.
Las políticas feministas suponen otro ámbito de actuación prioritaria. El acuerdo habla de garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e instranferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una ley de igualdad laboral.
El preacuerdo se compromete también a “revertir la despoblación” y dar un “apoyo decidido a la llamada España vaciada” y a ejercer la justicia fiscal y el equilibrio presupuestario porque “la evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero”.
Con información de EFE y Europa Press
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