Marruecos silencia periodistas exponiendo su vida privada

La justicia de Marruecos dejó últimamente de promover juicios explícitos en contra de la libertad de expresión contra periodistas disidentes. Ya no hay más casos o encarcelamientos como los de Ali Lmrabet, Driss Chahtane o Ali Anouzla, juzgados en Marruecos, entre 2003 y 2013, por sus publicaciones, señala El Confidencial en un artículo publicado este lunes. El nuevo Código de la Prensa, promulgado en 2016, ya no prevé penas de prisión para los llamados abusos de la libertad de expresión. Para silenciar a sus críticos el gobierno ha dirigido sus ataques contra la vida privada de sus investigados -exponiéndolos-, con el fin de perseguirlos bajo un Código Penal más estricto.  

El caso contra una joven periodista de 28 años detenida el 31 de agosto por "relaciones sexuales fuera del matrimonio" y "aborto" reluce la nueva maniobra del gobierno. Hajar Raissouni trabaja para el periódico independiente Akhbar Al-Yaoum y es la sobrina de un editorialista muy crítico hacia el poder. Fue arrestada junto con su novio con quien debía casarse el 14 de septiembre, Amin Rifaat, cuando salían de una clínica de Rabat. Su médico, un enfermero y una secretaria que trabajan en la clínica también fueron arrestados, acusados de practicar un aborto.

Para las asociaciones de defensa de los derechos humanos y para gran parte de sus colegas, su detención, después de otras similares, es una nueva manifestación de un método nefasto destinado a silenciar las voces disidentes.

"Hemos asistido a una multiplicación de casos implicando a periodistas, demandados y a veces condenados pero no según el Código de la Prensa por sus escritos, sino según el Código Penal por violar la moral y las buenas costumbres, y a veces por apología del terrorismo", explica el director del sitio web de noticias Yabiladi.com, Mohammed Ezzouak. "En vez de ser perseguidos de inmediato por sus escritos, los periodistas como Raissouni son atacados más tarde echando mano de artículos del Código Penal".

El Código Penal de Marruecos prevé penas de hasta un año de cárcel para las parejas que mantengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Asimismo, la mujer que se somete a un aborto puede ser condenada a una pena de entre seis meses y dos años de prisión y pago de multa.

Otro caso es el de Hamid Mahdaoui, del portal informativo Badil.info, condenado a tres años de prisión por cargos de "no informar a las autoridades de una amenaza a la seguridad interna del Estado". En agosto de 2016, a dos meses de las elecciones legislativas, Fátima Neyar y Moulay Omar Benhamad del Movimiento de Unicidad y Reforma fueron emboscados en una playa acusados del delito de "flagrante adulterio", por encontrarse solos en un coche.

También fue escandaloso el caso de Hicham Mansouri, activista de la prensa de investigación que fue detenido, según su testimonio, cuando una mañana de 2015 una amiga lo visitó en su casa y policías irrumpieron en el lugar, obligándolos a sacarse la ropa y tomaron fotografías de la escena. Fue condenado a 10 meses de prisión.

Según Mansouri, recurrir al Código Penal en lugar del código de prensa tiene ventajas claras. "El coste político-mediático es menor más allá de las fronteras de Marruecos", señala. "Se destruye además la reputación del periodista, desvelando su vida privada mediante filtraciones publicadas por la prensa oficialista".

El objetivo es lograr que el hombre de la calle, más bien conservador, se escandalice, añadió Mansouri. "Mi familia tuvo que mudarse a otro pueblo porque el ambiente se hizo irrespirable allí donde vivía cuando se supo de qué se me acusaba", dijo.

El gobierno no se limita a perseguir solamente a periodistas sino también a empresarios, ejecutivos e intelectuales. En 2017  la dueña de la empresa de aviación Dalia Hind el Achchabi fue sentenciada a dos años de cárcel por tener un hijo extramatrimonial, aunque ella asegura que su relación comenzó luego de divorciarse. Taoufik Bouachrine, exdirector del mismo diario donde trabajaba Raissouni, fue condenado a 12 años de prisión a fines de 2018 por "abuso de poder para fines sexuales" y "violación e intento de violación", luego de ser filmado por cámaras escondidas en su despacho sin su conocimiento.

Otra ventaja de un procesamiento penal sobre uno civil es que defender a un periodista imputado por abortar o por adulterio es más difícil para las organizaciones internacionales, que se dedican a los derechos humanos. Las ONG Amnistía Internacional y Human Rights Watch sostienen que una violación a la privacidad o a la intimidad no tiene el mismo impacto en la opinión pública que las violaciones contra la libertad de expresión, un derecho protegido en la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos.

"Es una especie de advertencia dirigida a otros activistas o informadores que han podido tener deslices o recibido subvenciones para que comprendan que les conviene estar callados", agrega Mansouri.

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