Qué puede aprender Estados Unidos de la estrategia alemana contra los grupos de extrema derecha

Al sumar las últimas víctimas de la tragedia del tiroteo en El Paso, las estadísticas muestran que -excluyendo los atentados del 11 de septiembre-, los terroristas de extrema derecha han asesinado a más personas en Estados Unidos (107) que los terroristas islámicos (104).

La necesidad de tratar de arreglar esto con medidas regulatorias es comprensible, y no sería malo para los estadounidenses mirar la experiencia alemana y la estrategia que han desarrollado para combatir el extremismo de derecha y el terrorismo fundamentalista.

Alemania tiene algunas de las leyes de armas más restrictivas no solo de Europa, sino del mundo (incluida la prohibición de armas automáticas, un registro federal de armas y otras regulaciones que hacen que sea muy difícil comprar un arma, y mucho más, armas automáticas). Pero además de eso, Alemania tiene salvaguardas específicas contra cualquier retorno a su pasado nazi.

La legislación alemana cuenta con una ley estricta contra el discurso de odio, que conlleva una pena máxima de cinco (5) años de prisión efectiva por discursos racistas, incluida específicamente la justificación de crímenes nazis y la negación del Holocausto.

La ley no solo es una norma escrita en el papel; se aplica ampliamente, incluso contra activistas xenófobos y militantes islamistas de las redes sociales. En 2018, la policía actuó de oficio en 1.472 casos de "publicaciones de odio emitidas por islamistas" y en 1.130 contra personas que expresaron opiniones de extrema derecha. Además, hay una larga lista de símbolos prohibidos y materiales de propaganda, cuyo uso también se procesa constantemente (el año pasado se registraron 12.582 crímenes de este tipo).

Este enfoque difiere mucho de la postura de los Estados Unidos sobre la libertad de expresión, donde tales "mensajes de odio" habrían sido protegidos constitucionalmente.

La otra salvaguarda es esencialmente un elemento del estado policial, algo a lo que Alemania es alérgica en casi todas las demás áreas. Una de las tareas principales de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV en idioma alemán) es vigilar de cerca a la población alemana de radicales de derecha. Los informes anuales de la BfV contienen números bastante precisos sobre personas identificadas como miembros de organizaciones de ultra derecha tanto igual que de personas relacionadas al yihadismo radical que son constantemente monitoreadas por la agencia de inteligencia nacional y las comunidades no estructuradas de los llamados Reichsburgers (personas que profesan vivir según las leyes del Reich alemán en lugar de las de la República Federal de Alemania).

En 2018, por ejemplo, el BfV registro 25.350 de esas personas, en comparación con las 25.250 del año anterior. El BfV se encarga de vigilar todo tipo de reuniones de la extrema derecha. El servicio de inteligencia no solo analiza datos de fuentes abiertas como publicaciones en redes sociales y discursos en reuniones públicas, como lo hizo para un informe sobre el partido parlamentario de extrema derecha Alternativa para Alemania que se filtró a principios de este año. También se infiltra en grupos sospechosos y observa los movimientos de las personas que integran esos grupos.

Los agentes de la BfV se encargaron de adentrarse en los grupos de extrema derecha como salió a la luz durante el juicio de cinco años del llamado Metro Nacional Socialista, un grupo neonazi que cometió nueve asesinatos de inmigrantes y 14 robos a bancos entre 2000 y 2006. El último líder sobreviviente del grupo, Beate Zschaepe, fue sentenciado a cadena perpetua el año pasado.

El hecho de que se realicen operaciones de inteligencia contra los grupos de extrema derecha en una sociedad que rechaza la vigilancia y hace hincapié en un compromiso con la libertad política es bastante notable. En los Estados Unidos, el esfuerzo policial contra el extremismo racista es débil y de bajo perfil en comparación con Alemania.

Cada año, la extrema derecha alemana comete más de 1.000 crímenes violentos. Si los números de asesinatos compilados por Zeit Online y Tagesspiegel son correctos, la pérdida de vidas ligada a la actividad de extrema derecha es del mismo orden de magnitud que en los EEUU. Aunque Alemania es un país mucho más pequeño y los tiroteos masivos son una rareza. (Es posible, por supuesto, que las estadísticas estadounidenses subestimen el número de asesinatos de extrema derecha porque el motivo racista no siempre se considera el principal). En cualquier caso, toda la atención del gobierno al accionar de la extrema derecha en Alemania no puede evitar los altos niveles de violencia.
Esto no significa, por supuesto, que las restricciones y las salvaguardas adicionales no tengan sentido. Probablemente evitan más crímenes de los que no pueden detenerse. Pero la solución al problema de la violencia de derecha es mucho más compleja que la simple prevención del delito. Sobre todo, se trata de mantener la sociedad sana y el respeto por debate público.

El odio y la ira no son reacciones químicas en el cerebro de un pequeño número de locos. Son fenómenos sociales. En la sociedad alemana, el reciente aumento en la actividad de extrema derecha que ha informado la BfV al parlamento pidiendo más recursos está asociado con las consecuencias de las crisis de refugiados de 2015, mal manejadas por los políticos. En tanto que, en los Estados Unidos, es el producto de las mismas divisiones que han llevado a la presidencia polarizadora de Donald Trump.

Las leyes estrictas y su aplicación pueden ser un buen lugar para comenzar, pero en el caso de los índices de crímenes de los extremistas de derecha y los musulmanes islamistas se debe tener en cuenta que solo tratan los síntomas y los hechos consumados. Nunca el problema de fondo.