Incidentes entre la policía y manifestantes estallaron este domingo por la noche en las inmediaciones del Consejo legislativo de Hong Kong, luego de una manifestación en la que participaron centenares de miles de personas contra los planes de permitir extradiciones a China continental.
Luego que un grupo anunciara que permanecería toda la noche frente al edificio gubernamental, unidades de la policía de la ciudad intentaron desalojarlos utilizando bastones y gas pimienta, y los manifestantes respondieron lanzando botellas, relató un reportero de la AFP.
Al menos un policía fue visto con heridas en el rostro.
Hasta el estallido de la violencia sobre la medianoche, que continuaba el lunes, las manifestaciones se había realizado pacíficamente en distintos puntos de la ciudad. Según los organizadores, en su apogeo se estima que un millón de personas salieron a las calles el domingo para protestar por un proyecto de ley de extradición desde la ciudad, que forma parte de China pero se rige por un estatus especial desde que el Reino Unido entregara de vuelta su control a Beijing en 1997, hacia el continente.
El miércoles el proyecto será vuelto a tratar por segunda vez, y algunos manifestantes planeaban acampar frente a la legislatura hasta ese momento.
Pero la policía se movilizó para evitarlo, dando inicio a la violencia.
Las escenas fueron similares a las vividas en 2014, cuando las fuerzas de seguridad usaron gas pimienta para dispersar a los manifestantes que reclamaban más democracia, una serie de hechos que llegaron a ser conocidos como la "Revolución de los paraguas amarillos" y que incluyeron dos meses de protestas.
Una ley polémica
La nueva legislación, propuesta en febrero y cuya votación final podría efectuarse antes del fin de julio, permitiría a la Jefatura del Ejecutivo y a los tribunales de Hong Kong tramitar las solicitudes de extradición de jurisdicciones sin acuerdos previos -en particular, China y Taiwán- sin supervisión legislativa.
En teoría, los tribunales locales revisarían los casos de manera individual y podrían usar poder de veto para impedir ciertas extradiciones, y el Ejecutivo hongkonés insiste en que el texto intenta tapar un vacío legal.
El plan se ha topado con la oposición de periodistas, políticos extranjeros y empresas, que han expresado su preocupación por el riesgo de que residentes en Hong Kong –que pertenece a China pero cuenta con autonomía en campos como las leyes o la moneda– acusados de delitos sean trasladados a la parte continental de China.
El régimen comunista, carente de mecanismos de fiscalización y sin separación real de poderes, se comprometió en 1997 -cuando la soberanía de Hong Kong le fue devuelta de manos del Reino Unido- a mantener el sistema dejado por los británicos hasta 2047. Pero la presión de Bejing sobre el archipiélago ha aumentado progresivamente en los últimos años.
Aunque de menores dimensiones, también ha habido manifestaciones en contra de la propuesta de ley en varias ciudades de Australia, y otras están previstas en Alemania, Estados Unidos y Canadá.
Con información de AFP y EFE
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