¿Qué ocurre con los inmigrantes irregulares cuando llegan a España?

No es fácil saber a ciencia cierta el número de extranjeros en situación irregular presentes en España, por la misma naturaleza del fenómeno, pero lo que es cierto es que la irregularidad supone un elemento residual comparado con el número de personas de origen migrante que reside en nuestro país.

Según datos del Padrón Continuo del INE a 1 de enero de 2019, España supera por primera vez desde 2013 los 47 millones de habitantes, de los cuales 6.742.948 han nacido fuera de nuestro país (14,3 % de la población total). Este incremento de población en España se debe a la llegada de personas migrantes, con un saldo neto positivo de 290.573 personas, mientras los españoles bajan en 6.186.

La entrada de migrantes irregulares a Europa desciende, aunque repunta en España
Si miramos el contexto europeo, la entrada de migrantes irregulares ha descendido en los últimos años. Según datos de ACNUR en el año 2018 entraron en Europa a través del Mediterráneo un total de 141.472 inmigrantes de forma irregular, frente a los 185.139 en 2017, 373.652 en 2016 o los 1.032.408 en 2015. España ha visto incrementar, dentro de este descenso general, el número de personas de origen irregular que han llegado a través del Mediterráneo, situándose a la cabeza el año pasado con 58.569 personas. Este incremento se produjo debido a la dificultad de acceso por las rutas oriental y central.

Sin embargo, en lo que llevamos de 2019, Grecia vuelve a situarse a la cabeza de las entradas de origen irregular en Europa con 9.981 personas, frente a las 8.233 en España, 647 en Italia, 138 en Malta y 124 en Chipre (según datos de ACNUR del 28 de abril).

Principalmente, aquellas que ingresan en territorio español de forma irregular, aquellas que ven denegada su solicitud de asilo o protección internacional o los casos en los que se pierde la residencia por no poder renovar el permiso temporal, y por haber expirado el visado de estancia en nuestro país, entre otros.

En España, las personas que llegan irregularmente a través del Mediterráneo provienen principalmente de Guinea Conakry, Marruecos, Mali, Costa de Marfil y Senegal.

Un porcentaje de las personas que llegan irregularmente a España son expulsadas del país. En España se expulsó en 2018 a 5.100 personas y, en 2019, el Ministerio de Interior prevé expulsar a más de 9.000. Pese a las duras críticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de algunos sectores de la población, se siguen realizando devoluciones en caliente, apoyadas por la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

Los CIEs se crearon para controlar los flujos migratorios, intentar frenar la llegada de inmigrantes de forma irregular y agilizar las devoluciones. Se interna en estos centros a personas migrantes en situación irregular, con vistas a su expulsión. Pero, de hecho, más del 60% de las personas que son ingresadas no llegan a ser expulsadas. Estas personas que son puestas en libertad se encuentran en un limbo, no tienen ningún derecho, ni pueden ser repatriadas.

Se demuestra así la ineficacia de los CIEs y la necesidad de propuestas alternativas al internamiento cautelar de personas. El trauma que provoca dicho internamiento y las condiciones del mismo así lo atestiguan.

Según el último Informe CIE del Servicio Jesuita a Migrantes España, los CIEs se están usando como una herramienta en la lucha contra la inmigración irregular en la Frontera Sur. Esta situación lo que hace es lanzar un mensaje de control y de securitización a la ciudadanía, dejando en el camino a miles de personas que se ven sometidas a un sufrimiento inútil.

A lo largo de 2017 se dictaron 20.672 órdenes de devolución, de las que se ejecutaron 5.272 (4.249 por entrada irregular, 1.022 por quebrantamiento de la prohibición de entrada y una salida obligatoria sustitutiva de expulsión).

Se internó a 8.814 personas en CIE: 7.559 en procedimientos de devolución (85,76%), 1.203 de expulsión administrativa (13,65%) y 57 de expulsión judicial (0,65%).

Las personas que entran irregularmente en España, viven o mejor dicho malviven, como citábamos anteriormente, en un limbo, sin posibilidad de regularizar su situación, ni trabajar legalmente en al menos tres años (arraigo social). Estas personas reciben apoyo y ayudas principalmente a través de colectivos de la sociedad civil y de iglesia. Estos individuos subsisten durante este tiempo bajo una gran vulnerabilidad. Muchas de ellas se ganan la vida en el mercado de trabajo irregular, víctimas en numerosos casos de abusos.

Las personas que residen en España de forma irregular pueden acceder a la estancia regular principalmente a través del arraigo social, el arraigo laboral, el arraigo familiar y la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.

El arraigo social se puede solicitar demostrando la permanencia continuada en territorio español durante un periodo mínimo de tres años, presentando un informe de inserción social, una oferta de empleo de un año a jornada completa y el certificado de antecedentes penales del país de origen y no tener antecedentes penales en España.

Desde el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Comillas abogamos por la promoción de vías migratorias seguras y regulares, dentro de un marco integral sobre la acogida, integración y cohesión social, tanto en nuestro país como con todos los miembros de la Unión. Este es uno de los grandes compromisos acordados en el Pacto Mundial sobre las Migraciones.

Alberto Ares: Director del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) , Universidad Pontificia Comillas

Publicado originalmente en The Conversation.