El Parlamento del Reino Unido celebrará este lunes otra jornada de votos indicativos para establecer opciones alternativas del Brexit, después de que el acuerdo de la primera ministra británica, Theresa May, fuera rechazado por tercera vez.
Los parlamentarios debatirán en la Cámara de los Comunes a partir de las 15:30 GMT las opciones que se presenten y que después seleccionará para su votación -a las 20:00 GMT- el presidente de la cámara baja, John Bercow.
La jefa del Gobierno conservador, según los medios, sigue considerando la posibilidad de someter a votación por cuarta vez el pacto del Brexit negociado con Bruselas, a pesar de que los diputados lo rechazaron ya en tres ocasiones.
Aunque también se tratarán opciones más suaves, como por ejemplo la idea laborista de establecer una unión aduanera con la UE luego de concretarse la salida, una opción apoyada por ese partido que podría limitar los efectos negativos del Brexit en la economía pero que ha sido rechazada por los promotores de la salida del Reino Unido del bloque europeo. Este plan podría someterse voto este lunes.
El viernes, el tratado de salida de la UE fue rechazado por 286 votos a favor y 344 en contra al término de una jornada parlamentaria en la que no se sometió a votación la declaración política que acompaña a ese documento.
El Reino Unido, que tenía previsto salir de la Unión Europea (UE) el pasado 29 de marzo, ha conseguido una prórroga hasta el próximo 12 de abril, para cuando el Gobierno podrá solicitar una extensión más larga hasta el 22 de mayo, a fin de negociar posiblemente otro acuerdo, o salir del bloque europeo sin pacto alguno.
La primera ministra celebrará este martes la reunión semanal del Gobierno y puede decidir, según los medios, someter por la tarde a una nueva votación su acuerdo del Brexit.
En tanto la UE celebrará el próximo día 10 una cumbre especial para abordar la crisis del Brexit.
El acuerdo del "divorcio" que se votó el viernes hace referencia a un periodo de transición desde el momento del Brexit hasta finales de 2020, establece los derechos de los ciudadanos británicos y comunitarios y la factura que el país deberá pagar por su salida -de unos 45.000 millones de euros-.
También recoge la controvertida salvaguarda irlandesa, diseñada para evitar levantar una frontera entre las dos Irlandas.
Con información de EFE
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