Un tribunal español decidió este jueves mantener la libertad provisional a los cinco miembros de La Manada, condenados a penas de cárcel en un caso de abuso sexual ocurrido en 2016 que marcó una nueva era en la forma de tratar estos asuntos.
Los cinco hombres fueron condenados en abril pasado a 9 años de prisión por abusos a una joven de 18 años en la famosa fiesta de San Fermín, en Pamplona, en 2016, tras una acusación de violación múltiple.
La sentencia inicial, recibida con muchas críticas por colectivos de mujeres y responsables políticos, fue confirmada en diciembre por un tribunal superior.
Sin embargo, los condenados seguían en libertad a la espera de una decisión sobre si se los encarcelaba mientras se decide una nueva apelación, esta vez ante el Tribunal Supremo, tanto por parte de la acusación (que pide una condena por violación) como de la defensa (que solicita la declaración de inocencia).
Ante la espera de la decisión, un tribunal de la región de Navarra decidió que los cinco miembros del grupo continúen en libertad provisional, ya que no ve razones suficientes para cambiar su situación y ve "endeble" el riesgo de fuga.
Sin embargo, uno de los tres jueces, el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, formuló un voto particular en el que abogó por decretar la prisión provisional sin fianza de los encausados.
En julio de 2016, los cinco miembros del grupo que se autodenominaba La Manada entraron con una joven al zaguán de un edificio de viviendas de Pamplona y allí mantuvieron relaciones sexuales, también grabadas con teléfonos móviles, y fueron denunciados inmediatamente después por la mujer, a la que además robaron su teléfono.
Este caso generó una amplia movilización social, especialmente de mujeres, y sobre todo contra la sentencia, que no consideró que hubiera violación, ya que los jueces no apreciaron violencia ni intimidación de los cinco hombres sobre la joven, quien afirmó que se sometió a sus agresores por miedo.
Entre otras consecuencias, el Gobierno español prepara una reforma legal con la cooperación de juristas expertos para equiparar todos los abusos sexuales a violación y a castigarlos con una pena máxima de 15 años de cárcel.
(Con información de EFE)
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