La justicia birmana condenó este lunes a siete años de cárcel a dos periodistas de la agencia Reuters acusados de "vulnerar el secreto de Estado" tras haber investigado sobre una masacre de los rohinyás perpetrada por el ejército de Birmania, al término de un juicio que daña aún más la imagen de la Premio Nobel de la paz Aung San Suu Kyi.
"Como ambos vulneraron el secreto de Estado, se les condena a siete años de cárcel cada uno", declaró el juez Ye Lwin, ante una sala de audiencia abarrotada de periodistas y diplomáticos.
"Seguimos pidiendo su liberación", declaró a la AFP Knut Ostby, el representante de Naciones Unidas en Birmania, poco después del anuncio del veredicto.
Wa Lone, de 32 años, y Kyaw Soe Oo, de 28 años, que estaban en prisión preventiva desde diciembre de 2017, eran pasibles de penas de hasta 14 años de cárcel tras un juicio muy controvertido en un país donde la independencia de la justicia es cuestionada.
"El gobierno puede encarcelarnos, pero no tapar los ojos y los oídos del pueblo", gritó Kyaw Soe Oo dirigiéndose a los periodistas presentes en el tribunal antes de ser subido a un furgón policial, para ser trasladado a la cárcel.
Su mujer estalló en lágrimas cuando el tribunal leyó el veredicto.
Esta condena es un duro golpe para la libertad de prensa, maltratada en Myanmar a pesar de la esperanza sucitada por la llegada al poder de Aung San Suu Kyi en 2016.
Esos dos admirables periodistas ya han pasado casi nueve meses en la cárcel por acusaciones falsas destinadas a silenciarlos y a intimidar a la prensa
La agencia de prensa internacional Reuters denunció la condena y reiteró su solidaridad con los periodistas.
"Esos dos admirables periodistas ya han pasado casi nueve meses en la cárcel por acusaciones falsas destinadas a silenciarlos y a intimidar a la prensa", declaró Reuters en un comunicado.
"Esos dos periodistas valiente obtuvieron las pruebas de que el ejército había cometido crímenes masivos contra los civiles rohinyás" que "las autoridades birmanas intentaron cubrir", declaró por su parte la ONG Fortify Rights.
Las autoridades acusaban a los dos reporteros birmanos de haber conseguido documentos relacionados con las operaciones de las fuerzas de seguridad en el estado de Rakáin, la región en el noroeste de Birmania en la que se produjo la persecución de los rohinyás.
Los periodistas investigaban la ejecución de los miembros de la minoría musulmana en el pueblo de Inn Dimm.
Pocos días después de su detención, el ejército reconoció que soldados y habitantes de confesión budista de ese pueblo mataron a sangre fría a presos rohinyás el 2 de septiembre de 2017.
De hecho, siete militares fueron condenados a 10 años de prisión por esa masacre.
Contexto de gran tensión
La sentencia llega en un momento de gran tensión entre Myanmar y la comunidad internacional.
El lunes 27 de septiembre, investigadores de la ONU publicaron un informe en el que califican de "genocidio" la persecución contra los rohinyás, acusan directamente al ejército y critican el silencio de la dirigente birmana Aung San Suu Kyi, que recibió el Premio Nobel de la Paz.
El martes 28 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU debatió la posibilidad de denunciar al ejército birmano ante la justicia internacional.
El sábado pasado, una centena de manifestantes exigió la liberación de los dos periodistas en nombre de la libertad de prensa.
Más de 700.000 rohinyás tuvieron que huir de Myanmar entre agosto y diciembre de 2017, tras una ofensiva del ejército birmano iniciada en represalia a los ataques de rebeldes rohinyás contra puestos fronterizos, una persecución que la ONU calificó, primero, como "limpieza étnica" y ahora como "genocidio".
En los días previos al anuncio de la sentencia se habían multiplicado los llamados a liberar a los dos periodistas, destacándose los de Estados Unidos y la Unión Europea.
A pesar de las presiones, la justicia birmana mantuvo sus acusaciones.
Si los documentos en posesión de los periodistas "se hubieran encontrado en manos de los terroristas, éstos hubieran podido fomentar fácilmente nuevos ataques", afirmó el pasado 20 de agosto en su alegato final el fiscal Kyaw Min Aung.
(Con información de AFP)
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