Familiares de personas muertas durante la campaña antidrogas del presidente de Filipinas lo han acusado ante la Corte Penal Internacional de presuntos crímenes de lesa humanidad. Es el segundo pedido similar de un fallo sobre las miles de muertes provocadas por la represión.
El abogado Edre Olalia dijo que la denuncia contra el presidente Rodrigo Duterte fue enviada el martes por correo electrónico a un fiscal de la CPI. Se le acusa de ordenar, incitar o tolerar las matanzas desde el inicio de su presidencia a mediados de 2016 hasta el presente.
Olalia dijo que otro abogado filipino presentó una denuncia similar contra Duterte ante la corte el año pasado, pero enfocada en una represión ordenada cuando era alcalde de la ciudad de Davao.
Los demandantes argumentan que el jefe de Estado es "penalmente responsable" y "susceptible a cumplir condena" por "asesinato" y "actos inhumanos" cometidos en el marco de la guerra antidrogas, según el documento de 50 páginas.
A pesar de que Duterte ordenara en marzo la salida de Filipinas de la CPI "con efecto inmediato", los demandantes apuntan que la medida no entra en vigor hasta un año después de su notificación oficial, según el Estatuto de Roma, tratado que creó ese tribunal.
Según cifras oficiales, los dos años de guerra antinarcóticos se han saldado con unos 4.400 muertos en redadas de la Policía, aunque organizaciones de derechos humanos como Rise Up elevan esa cifra a entre 15.000 y 20.000 asesinatos amparados en el clima de impunidad.
Con información de AP y EFE
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