Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, mencionó nuevamente la posibilidad de renunciar al cargo, argumentando su cansancio y la falta de resultados en la lucha contra las drogas, una violenta campaña que ha dejado miles de muertos y ha levantado críticas en gran parte del mundo.
"Quiero que sepan que estoy pensando en renunciar porque estoy cansado. Aunque no estoy molesto con nadie, mi lucha contra la droga y la corrupción parece interminable. Ha contaminado casi todas las agencias del gobierno", declaró en un acto oficial.
No obstante, añadió que uno de los factores que frenan su decisión es su falta de confianza en su vicepresidente, la abogada Leni Robredo.
"Estoy dudando en sugerir una sucesión constitucional. No tengo nada contra Robredo. Es una abogada, la han escuchado hablar. Pero no creo que pueda mejorar nada aquí", lanzó el mandatario, habitualmente de estilo confrontador.
En ese sentido, añadió que prefería un gobierno encabezado por una junta o comité.
Las amenazas de Duterte han sido frecuentes durante su gobierno, iniciado en junio de 2016. La semana pasada amenazó con matar a un centenar de policías acusados de corrupción y hace un año mandó a matar a su hijo mayor, denunciado por narcotráfico. En ese entonces, aseguró también que protegería al policía que lo asesine, si es que se comprueba la acusación por tráfico de metanfetaminas que todavía pesa sobre él.
Al principio de su gestión, también dijo que renunciaría si es que fracasaba en acabar con el problema de las drogas en tres a seis meses. El pasado noviembre, dijo que dejaría el cargo si se aprueba una nueva Constitución que mejore la actual. También, indicó que tomaría la misma medida si el Congreso no aprueba su promesa de elevar los salarios de los militares.
Organizaciones civiles, indignadas con la ola de violencia, culpan directamente al propio Duterte, quien ha alentado a la Policía a matar a cualquier sospechoso de vínculos con drogas.
Además de los más de 4.200 muertos en sangrientas redadas policiales según datos oficiales, organizaciones de derechos humanos de Filipinas elevan hasta 20.000 las víctimas que se ha cobrado la campaña en esa atmósfera de impunidad.
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