Los tres países que retrocedieron en el índice de democracia más respetado del mundo

No es fácil medir cuán democrático es un país. Hay muchos criterios que se pueden tener en cuenta y es imposible que haya un acuerdo absoluto entre los académicos en la forma de valorar a cada uno.

Polity IV es un índice que trata de estimar el grado de democratización de los países de más de 500 mil habitantes, siempre que se puedan conseguir datos confiables. Los ubica en una escala que va de -10 (monarquías hereditarias) a 10 (democracias plenamente consolidadas).

No es el único estudio de este tipo que existe, ya que hay muchas organizaciones que realizan estimaciones y rankings similares, pero es el más utilizado en ciencia política. Fue desarrollado por el politólogo estadounidense Ted Robert Gurr en los años 70, y se fue perfeccionando con el tiempo. En la actualidad lo realizan investigadores del Center for Systemic Peace.

"La democracia es concebida como el resultado de tres elementos esenciales e interdependientes. Uno es la presencia de instituciones y procedimientos a través de los cuales los ciudadanos pueden expresar sus preferencias sobre políticas y líderes alternativos. El segundo es la existencia de límites institucionalizados al ejercicio del poder por parte del Ejecutivo. Tercero es la garantía de libertades civiles para todos los ciudadanos en su vida cotidiana y en su participación política", sostiene el Center for Systemic Peace en su informe.

Cuando todas esas características están presentes, los países con considerados democráticos. En el extremo opuesto, cuando no hay competencia ni alternancia política, los gobernantes tienen potestades casi ilimitadas y los ciudadanos no pueden manifestarse ni decidir libremente, se los considera autocracias. En el medio están los grises.

En la revisión de 2017, que fue publicada recientemente, 33 de los 163 países evaluados fueron calificados con 10, es decir, que serían democracias plenamente consolidadas. Representan el 20.2% del total. Entre ellos, los que están más afianzados son Suiza, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, Australia y Suecia, cuyo orden político acumula más de 100 años de vigencia.

Hay 63 naciones (38.6%) que tienen entre 6 y 9 puntos. Son democracias, aunque fallan en ciertos indicadores. Entre 1 y 5 puntos se ubican los regímenes híbridos, que son 24 (14.7%). No llegan a ser democráticos, pero tampoco reúnen todas las características de las dictaduras. Estas últimas oscilan entre -5 y 0, y son 22 (13.5%).

Entre -6 y -10 puntos están las autocracias consolidadas, que son 21 (12.88%). Sólo cuatro son calificados con -10: Arabia Saudita, Bahréin, Qatar y Corea del Norte. Con -9 están Suazilandia, Siria y Uzbekistán. Con -8, Emiratos Árabes, Omán y Turkmenistán.

Cuando la democracia se desvanece

Uno de los rasgos distintivos de Polity IV es la estabilidad que suele mostrar entre un año y otro, dado que es poco sensible a los cambios de gobierno. Sólo cinco modificaron su puntaje entre 2016 y 2017. Dos progresaron: Gambia, que sumó 9 puntos, y Kirguistán, que avanzó 1. Tres experimentaron retrocesos: Honduras perdió 2 puntos; Camboya, 6; y Venezuela, 7.

Desde 1993 hasta ahora, Camboya nunca fue considerado una democracia. La mayor parte del tiempo, osciló entre 1 y 2 puntos, pero atravesó dos momentos de recrudecimiento del autoritarismo. El primero fue en 1997, cuando pasó de 1 a -7, y trepó a 2 el año siguiente. El segundo es el período actual: cayó de 2 en 2016 a -4 en 2017.

Formalmente es una monarquía constitucional, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de 1993. El rey es Norodom Sihamoní, heredero de Norodom Sihanouk, pero el ejercicio del poder político está en manos del primer ministro, que desde 1998 es Hun Sen. Temeroso de perder su primacía, lideró el año pasado una agresiva persecución de sus críticos, que culminó con la disolución de la principal fuerza opositora, el Partido Nacional del Rescate de Camboya.

Honduras, uno de los países más violentos del planeta, osciló hasta 2016 entre 6 y 7 puntos. Pero en 2017 cayó a 5, convirtiéndose en un régimen híbrido. En este período había tenido un antecedente preocupante, que fue el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009.

Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, es presidente desde 2014. Su primer mandato estuvo atravesado por distintos escándalos, como la comprobación de que recibió financiamiento ilegal en la campaña electoral y la sucesión de asesinatos de activistas medioambientales.

En 2017 debía dejar el poder, ya que la reelección presidencial no está contemplada por la Constitución, pero logró forzar las reglas para participar de los comicios de diciembre, con complicidad de la Corte Suprema. Las elecciones estuvieron plagadas de irregularidades, pero el Tribunal Supremo Electoral lo declaró ganador por una diferencia de 1.7 por ciento. Salvador Nasralla, el candidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, no reconoció los resultados. Tampoco la Organización de Estados Americanos.

El de Venezuela es el caso más dramático. Hasta 1991 era indiscutiblemente una democracia, puntuada con 9 por Polity IV. Sin embargo, fue sufriendo un progresivo deterioro a partir de 1999, con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia. A pesar de su elevado respaldo popular, debilitó los contrapesos institucionales y concentró facultades discrecionales en el Ejecutivo.

En 2006 cayó a 5 puntos y, entre 2009 y 2012, se derrumbó a -3. En 2013, tras la muerte de Chávez, Nicolás Maduro derrotó a Henrique Capriles por un puñado de votos y se convirtió en el sucesor. Si bien existieron denuncias, y la campaña estuvo desbalanceada en favor del oficialismo, la competitividad de esos comicios creó la percepción de que había mayor apertura. Esa idea se reforzó en 2015, cuando la oposición venció al gobierno en las elecciones legislativas. Entre 2013 y 2016 el índice de Polity IV se mantuvo en 4.

El colapso definitivo de la democracia venezolana se produjo el año pasado, que cerró con un puntaje de -3. Comenzó a gestarse el 30 de marzo, con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir todas las funciones del Poder Legislativo.

El paso siguiente fue la creación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en unos comicios completamente fraudulentos, rechazados por la oposición. Smartmatic, la empresa a cargo del sistema de voto electrónico empleado, denunció que la diferencia entre la cantidad de participantes comunicada oficialmente y la verdadera fue de al menos un millón de electores.

La ANC, convertida en un órgano plenipotenciario, que legisla como si fuera el Parlamento a pesar de no tener la potestad para hacerlo, organizó las elecciones presidenciales de este año. Tras la proscripción de los principales candidatos opositores, y de la MUD, la coalición que había ganado en 2015, Maduro obtuvo la reelección el 20 de mayo pasado. Sacó un inverosímil 67.8% de los votos, a pesar de que todas las encuestas le asignan una imagen negativa que ronda el 80%, y de que el país padece una hiperinflación que podría superar el 100.000% en 2018.

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