El fallo judicial se hizo público en abril en medio de una gran expectación mediática. Condenó a los cinco acusados a nueve años de prisión por el delito de abuso sexual continuado. La primera polémica fue que, a entender de los magistrados, no se dio uso de la violencia ni intimidación, condiciones para que la agresión se considere violación.
Pero el verdadero escándalo se desató este jueves, cuando se conoció la decisión de poner en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros a los cinco criminales. Manifestaciones y protestas fueron convocadas en todas las ciudades del país.
Los argumentos de la sentencia no hacen más que aumentar la exasperación. La Audiencia de Navarra sostuvo que, como los condenados "han perdido toda posibilidad de anonimato", es "poco menos que impensable" que puedan fugarse o volver a delinquir, según informa El País.
Además, consideró como garantías adicionales que los violadores vivan a más de 500 kilómetros de la víctima, que no tienen antecedentes por delitos sexuales y que tampoco tienen dinero. Por todas esas razones, la prisión preventiva no sería necesaria.
Si bien este fue el fallo que se impuso, uno de los tres miembros del tribunal votó en disidencia. José Francisco Cobo, que preside la sala, sostuvo que los miembros de La Manada debía permanecer presos hasta cuatro años y medio, la mitad de la condena, que es el máximo admitido por la ley.
A pesar de salir en libertad bajo el pago de fianza, a los cinco condenados se les impusieron medidas cautelares, como la obligación de comparecer tres días a la semana en el juzgado correspondiente de su localidad de residencia. Adicionalmente, se les prohíbe entrar en Madrid, donde reside la víctima, al igual que mantener toda comunicación con ella. Igualmente, se les retirará el pasaporte y se les impedirá salir de España sin autorización judicial.
Según Agustín Martínez, abogado de los cinco condenados, están "absolutamente contentos con la posibilidad de volver a regularizar sus vidas" y "obviamente" todos ellos volverán a Sevilla (su ciudad origen) para "esperar" una resolución firme.
La condena por abuso sexual, y no por violación, de los cinco integrantes de La Manada el pasado 26 de abril generó un fuerte rechazo en España y movilizó a miles de personas en apoyo y solidaridad con la víctima. Por parte del Gobierno español, la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, no quiso valorar el fallo hasta conocer más al detalle el porqué de la decisión, mientras que desde el Partido Socialista (PSOE) se advirtió de que provoca la "desafección" de los ciudadanos hacia la Justicia y crea "inseguridad" en las mujeres.
Por su parte, la formación de izquierda Podemos denunció el "sesgo machista de la Justicia" y mostró su apoyo a las manifestaciones convocadas para hoy. También anunció que presentará en el Congreso la propuesta para una ley integral contra las violencias sexuales para aumentar la protección a las víctimas.
Otros partidos, como Ciudadanos (liberales), compartieron la intranquilidad por lo sucedido. Su líder, Albert Rivera, calificó de "preocupante que unos condenados por abuso sexual queden en la calle pudiendo reincidir mientras esperan sentencia firme", y abogó por "reforzar nuestro sistema penal para tapar estas grietas".
(Con información de EFE)
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