Quién es la mujer que se atrevió a desafiar una ley del nazismo sobre el aborto en Alemania

Kristina Hänel ejerce la medicina hace treinta y siete años en Giessen, una ciudad de menos de cien mil habitantes ubicada en el centro de Alemania, a unos 70 kilómetros al norte de Frankfurt. En noviembre pasado, su nombre comenzó a leerse en los periódicos nacionales debido a que decidió apelar una condena que la obligaba a pagar una multa de unos 6.000 euros por una palabra indebida en su página web: "Schwanger­schafts­abbruch". En español, "aborto" suena más fácil. 

"Mi página contiene información sobre todos los procedimientos que pueden llevarse adelante en mi consultorio, y el aborto es uno de ellos, es uno más en la lista", explicó Hänel a Infobae.  "Lo que ofrezco a las mujeres es información objetiva sobre el procedimiento, nada más", agregó.

Nada más, es verdad, pero, gracias al nazismo, en el Código Penal alemán existe desde 1933 el párrafo 219a, que considera como un crimen que los médicos publiciten la práctica del aborto. La disposición fue introducida ese año junto a un paquete de medidas destinadas a criminalizar con dureza la práctica y perseguir a los médicos judíos y comunistas que lo practicaban.

Además de no aceptar retirar la información concerniente al aborto de su página web, Hänel prometió que llegará a los más altos tribunales de justicia europeos, presentó un petitorio con cientos de miles de firmas destinado a los diputados del Bundestag y hasta dirigió una carta personal a la canciller Angela Merkel. La primera instancia donde se debatirá la modificación o no del polémico inciso será una comisión del Bundestag el 27 de este mes, donde ya hay tres proyectos presentados sobre el tema.

Después de la derogación vía referéndum de la octava enmienda constitucional en Irlanda -que ponía en pie de igualdad la vida del feto y la de la mujer-, y el debate que se desarrolla en Argentina sobre la legalización del aborto y que el 13 de junio tendrá su primera definición en la Cámara de Diputados, el debate en Alemania podría resonar fuera de las paredes del Bundestag. Sobre todo porque no son pocos quienes consideran que es en realidad el artículo 218 -que considera que la interrupción voluntaria del embarazo es un crimen que sólo puede realizarse bajo algunas condiciones-, el que debería derogarse.

¿Publicidad o información?

"El párrafo 219a, que data del año 1933,  es un anacronismo. Simplemente no tiene nada que ver nuestra democracia que la información médica objetiva sea considerada una ofensa criminal. Las mujeres que se encuentran en una situación difícil deben recibir todo el apoyo necesario para atravesarla de la mejor manera posible. Por eso es que yo, como médica, me siento en la obligación de luchar por su derecho a obtener información adecuada en relación a todos los aspectos médicos de la cuestión", dijo Hänel. 

El caso de Hänel y su determinación por no dar el brazo a torcer ha reabierto el debate en la sociedad alemana, en un contexto en el que los grupos pro-vida argumentan que, como los médicos tendrían un fin lucrativo, buscarían persuadir a las mujeres para que aborten. Los números oficiales, sin embargo,  desmienten la afirmación: desde el año 1996 hasta el 2017, la tasa de interrupciones del embarazo ha descendido de 130.899 a 101.209 casos. Y esto en un país de más de 82 millones de habitantes. 

Y aunque el párrafo 219a existe desde hace 85 años, lo cierto es que el país atraviesa en la actualidad una nueva situación. Después de las últimas elecciones y con el fortalecimiento del partido ultraderechista Alternative für Deutschland (AfD) -la principal oposición del Gobierno de coalición de Angela Merkel-, activistas de grupos de mujeres denuncian una mayor presión de los grupos pro-vida en contra del aborto. 

"Los antiabortistas parecen recibir cada vez más atención; el cambio operado detrás de la emergencia de los movimientos reaccionarios que significan un retroceso político y social objetivo es un fenómeno muy visible en Alemania y en otros países europeos", denunció Hänel. Y agregó: "La ley es la misma, pero se ha vuelto más restrictiva debido al reforzamiento de grupos pro vida y de la extrema derecha". 

La realidad del aborto en Alemania post reunificación 

Ahora que Irlanda ha allanado el camino para la legalización del aborto, Alemania podría pasar a ocupar el podio de los países europeos con legislaciones más restrictivas en esta materia, junto con Polonia. La ley actual, que data de 1993, es resultado de una mezcla entre la que se encontraba en vigencia en la extinta República Democrática Alemania (RDA), donde el aborto era legal desde 1972, y la de la República Federal, donde estaba prohibido.

Se habla de una ley restrictiva, por un lado, porque es una práctica cuyos gastos corren por cuenta exclusiva de la mujer, con la excepción de aquellas que reciben la ayuda social. Dependiendo del método, los costos varían entre los 400 y los 700 euros, lo que en muchos casos hay que sumarle largos viajes desde el interior del país hasta las ciudades donde hayan médicos dispuestos a practicarlos.

Por el otro, porque en el Código Penal está considerado, literalmente, un "crimen contra la vida". Sólo en un párrafo posterior se aclara que el mismo no será castigado si se lo practica dentro de las primeras 12 semanas, después de que la mujer haya asistido a una especie de consultoría, donde consiga un certificado que la habilite a abortar, y esperado tres días antes de acudir a un médico.

Las organizaciones de mujeres denuncian también que las consultorías están a cargo de organizaciones de la sociedad civil que, aunque deben estar habilitadas por el Estado, en muchos casos dependen de la iglesia católica. Una de ellas se llama Donum Vitae y, según denunciaron varias mujeres, allí no solo intentan persuadir a las mujeres para que eviten realizarse un aborto, sino que han llegado a negarles información sobre los médicos a los que podrían acudir.

Por último, debido a la prohibición formal, el aborto no se enseña a los estudiantes universitarios de las facultades de medicina del país. La consecuencia de esto es que la mayoría de los médicos que actualmente lo practican lo aprendieron en las universidades de Alemania oriental, cuando el método menos invasivo y recomendado por organismos de salud internacionales -el de píldoras- aún no existía. Por tanto, la mayoría practica abortos quirúrgicos, agregando riesgos para la vida de la mujer. Todas estas trabas, sumadas a la prohibición de la información dispuesta por el párrafo 219a, no sólo contradicen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la realización de abortos seguros, sino que generan un estigma social sobre las mujeres que lo necesitan. 

Un tropezón para Angela Merkel 

Aunque la condena contra Hänel fue en noviembre pasado, representó el primer traspié para la alianza entre la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), que meses más tarde inauguró el que sería el cuarto mandato de Angela Merkel. Mientras que en un primer momento referentes del SPD salieron a respaldar a la médica y a pedir la derogación del párrafo 219a, destacadas figuras de la CDU mostraron su disposición a mantenerlo intacto y, también, su oposición al aborto. Es el caso del ministro de Salud Jens Spahn, quien en marzo llegó a acusar a aquellos que se oponen al párrafo 219a de preocuparse más por proteger la vida de los animales que la de los humanos por nacer.

¿Y Merkel? Al conformar la coalición con la SPD la canciller tuvo la habilidad de persuadir a sus socios socialdemócratas de que retiren su proyecto, con la promesa de "encontrar una solución para todos". Aunque nunca haría un pronunciamiento público de ese tipo, en su círculo íntimo aseguran que no sería ella -una mujer criada en Alemania oriental- quien se opondría a una legislación de aborto más liberal.  La pregunta, entonces, es cuánto podrá ella lograr dentro de su partido, que muchos acusan de experimentar un giro a la derecha tras la emergencia y consolidación de el AfD.

Lo que es seguro es que no será tan sencillo para el gobierno de la mujer más poderosa de Europa -y algunos dicen del mundo- cerrar el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Mientras tanto, se siguen multiplicando los cuestionamientos que apuntan a la insuficiencia de legislación vigente en la primera potencia europea.

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