Cómo Varsovia intenta desligar la responsabilidad de polacos en el Holocausto con una insólita ley

El ejército polaco opuso una fuerte resistencia a la invasión alemana del 1 de septiembre de 1939, pero era una batalla que no podía ganar. Superados en número, equipo y entrenamiento, y amenazados por el ataque de la Unión Soviética desde el este dos semanas después, Varsovia capituló y fue ocupada por los nazis.

Lo que sigue es una historia tristemente conocida: la construcción de los más importantes campos de concentración y exterminio, como Auschwitz-Birkenau, Treblinka y Belzec, se hizo en territorio polaco, lo que en parte ha generado una asociación entre el país y el Holocausto que muchos han intentado desterrar.

Se calcula que más de dos millones de personas fueron asesinadas sólo en esos tres sitios, en su mayoría judíos de diferentes nacionalidades pero también minorías sinti y romani, y opositores políticos al régimen.

Pero lo cierto es que durante la guerra murieron en total unos seis millones de polacos, la mitad de ellos judíos.

La oposición polaca no terminó con la rendición, y el movimiento de resistencia, el más grande de los organizados en los países ocupados por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, continuó la lucha liderado por el autodenominado Ejército Nacional.

Pero a pesar de todo también hubo colaboradores con el régimen nazi, una situación en muchos casos potenciada por el antisemitismo que, como en prácticamente toda Europa, existía también en Polonia antes de la guerra, de acuerdo a una extensa documentación del Museo del Holocausto en Estados Unidos.

Hubo, además, trabajo en conjunto entre las fuerzas policiales polacas y los trabajadores en el sistema de ferrocarriles con las tropas de ocupación alemanas.

Y, en especial, las masacres de judíos en Jedwabne y Kielce, en 1941 y 1946, realizadas por polacos continúan siendo un recuerdo amargo.

La ubicación geográfica de la infraestructura nazi y estos casos de colaboracionismo contribuyeron al surgimiento de la expresión "campos de exterminio polacos", que no representa con fidelidad una situación en la que tropas invasoras alemanas, y sus aliados, son las principales responsables.

Una ley para salvar el orgullo nacional

Pero citando precisamente este argumento el presidente de Polonia, Andrzej Duda, firmó el martes una ley que intenta desterrar esta imagen errónea del país mediante una peligrosa medida: penar con multas y hasta tres años de prisión a quienes "contrariamente a los hechos" sostengan públicamente que el país tuvo un rol en el Holocausto, según explicó el gobierno polaco. También se prohíbe expresamente el uso del término "campos de exterminio polacos".

"Es una solución que por un lado preserva los intereses de Polonia, nuestra dignidad y la verdad histórica, para que los juicios sobre nosotros en el mundo sean honestos, que se abstengan de difamarnos", explicó Duda, quien firmó la ley luego de que fuera aprobada por el Senado.

La norma ahora será revisada por el Tribunal Constitucional para comprobar si afecta o no a la libertad de expresión.

Lukasz Lipinski, analista en el think tank Polityka Insight ubicado en Varsovia, dijo a Infobae que "promover el orgullo nacional es una de las partes más importantes de la propaganda de este gobierno".

"El líder del partido Ley y Justicia (PiS, en polaco) ha dicho que Polonia debe estar a la defensiva con respecto a su historia y que los antiguos gobiernos y sus aliados extranjeros han estado avergonzando y culpando a los polacos por algo que no hicieron", explicó el experto en política y relaciones exteriores de Polonia.

La ley fue presentada hace casi un año por el PiS, una fuerza política conservadora, nacionalista y cristiana que gobierna desde 2015, pero su aprobación en el Senado a fines de enero causó una ola de preocupación por el estado de la libertad de expresión en el país y las tendencias autoritarias que parecen estar gestándose allí.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, criticó el anuncio y señaló que "el debate de ideas abiertas, los estudios y la educación son los mejores medios para rebatir los discursos falaces". Esta medida "perjudica a la libertad de expresión y al debate académico", agregó el funcionario.

Mientras que las organizaciones judías internacionales temen que la ley pueda ayudar a tapar los casos de participación polaca en el Holocuasto y callar a los sobrevivientes que los hayan sufrido, y de esta forma se preste para fortalecer a quienes niegan los crímenes del nazismo.

Por su parte el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu dijo que "esta ley no tiene fundamentos. No podemos cambiar la Historia y el Holocausto no puede negarse".

Mientras que Jean-Yves Le Drian, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, consideró que "esta ley es desacertada y condenable, no hay que reescribir la Historia, eso nunca es bueno".

El gobierno conservador y nacionalista del PiS

La decisión no puede entenderse sin recordar el derrotero del PiS, un partido populista de derecha y nacionalista fundado en 2001 que tuvo un breve paso por el gobierno entre 2005 y 2007 antes de imponerse con una notable mayoría en 2015.

"El gobierno avanza con esta nueva ley porque es un acto dirigido hacia su base de apoyo en Polonia", dijo Lipinski. "Mucha gente en la derecha espera que el gobierno sea duro en su defensa del orgullo nacional y los intereses de Polonia, incluso usando a la justicia para eso", agregó

El analista considera que el gobierno polaco subestimó la reacción internacional, pero cree que no dará marcha atrás porque considera que esto sería dar una señal de debilidad.

"La gente del PiS cree que en unas semanas todo se calmará y que Estados Unidos e Israel entenderán que Polonia sigue siendo un aliado importante", consideró. "Pero el conflicto con estos países puede dañar la cooperación en defensa, que es crucial para Varsovia", agregó.

El PiS basa su plataforma en el rechazo a la llegada de refugiados, a quienes llama "parásitos", el crecimiento de las Fuerzas Armadas en el marco de la OTAN, y la revisión de su membresía a la Unión Europea (UE).

Además, ha intentado reiteradas veces ampliar su control sobre el poder judicial modificando la designación de jueces.

Estos esfuerzos fueron claramente denunciados en diciembre de 2017, cuando la Comisión Europea declaró que Polonia estaba en peligro de quebrar el Estado de derecho eliminando la independencia de la justicia y estableció una serie de medidas que el país debe cumplir en el marco de la UE.

"La situación de Varsovia no podría estar mucho pero después del informe de la Comisión Europea. Pero esto será otro duro golpe a la imagen de Polonia, que será vista como poco confiable por sus socios económicos y aliados", explicó Lipinski.

El PiS también se ha vuelto notable por su xenofobia contra los refugiados musulmanes, en el marco de una defensa de supuestos valores tradicionales cristianos en Polonia.

De esta manera la ley que amenaza con prisión y multas a quienes sostengan ideas distintas puede tornarse peligrosa, especialmente luego de que el partido gobernante negara en el pasado las masacres de Jedwabne y Kielce, atribuidas a polacos católicos.

Antecedentes en Europa

Polonia no es el primer país en intentar limitar el debate sobre el Holocausto con legislación. De hecho, muchos otros países ocupados por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y donde hubo fuerte colaboracionismo se le adelantaron.

Tal es el caso de Ucrania, que en 2014 aprobó dos leyes de censura. La primera, con el número 2558, prohíbe la propagación de símbolos tanto del nazismo como de la Unión Soviética (URSS), las dos potencias totalitarias que han ocupado el país durante el siglo XX.

Pero una segunda norma, la 2538-1, celebra los diferentes grupos de partisanos y milicias ucranianas que combatieron esta ocupación, y criminaliza a quienes cuestionan su legado en la lucha por la independencia.

La lista de facciones es larga y ecléctica, e incluye algunas que realizaron en masacres masivas, incluso también contra polacos.

Ese mismo año Lituania aprobó una ley similar que penaliza con prisión a quienes niegan los crímenes de genocidio, cuya responsabilidad la norma claramente restringe sólo a la Alemania Nazi y la URSS.

Y Letonia se adelantó y lo hizo, de manera similar, en 2010.

El caso alemán

Pero todos estos intentos de hallar, recortar y definir la historia a través de legislació parecen tener un origen en la propia Alemania, primera y principal culpable del Holocausto.

Desde la inmediata posguerra, y en medio de los esfuerzos de la llamada "desnazifiación", los artículos 86 y 86a del código penal prohíben la diseminación de propaganda y el uso de símbolos de aquellos grupos designados inconstitucionales por la Corte Federal.

La lista incluye a numerosos símbolos utilizados por el régimen nazi, como la esvástica, pero se ha expandido con los años para incluir también otros emblemas adoptados por neo-nazis y incluso la bandera del Estado Islámico.

En tanto desde 1994 se modificó el artículo 130 del código penal para criminalizar la "aprobación, negación o subestimación de los actos cometidos durante el mandato del Nacional Socialismo".

Legislación similar a este último artículo ha sido adoptada también por la mayoría de los países de Europa y también por la UE para intentar frenar la proliferación de quienes niegan el Holocausto, pero incurriendo en los mismos peligros con respecto a la libertad de expresión que ahora enfrenta Polonia.

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