España está gestionando la inmigración irregular en sus costas con una política basada en la "improvisación" y la arbitrariedad, denunció este martes en un duro informe una ONG de defensa de los migrantes, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
La organización publicó su informe -"Los muros invisibles tras la frontera sur"- después de un 2017 en el que España se consolidó como tercera puerta de entrada por mar de migrantes irregulares en Europa, por detrás de Italia y Grecia.
Cerca de 22.000 personas, en su casi totalidad auxiliadas por los servicios de rescate, arribaron a las costas del sur del país y al archipiélago de las Canarias, casi el triple que el año anterior.
Más de 220 murieron o desaparecieron en el intento, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El informe detalla toda una serie de ejemplos concretos que apuntan a una situación de "caos y falta de un plan de acción conjunto" en la acogida de migrantes, afirmó en rueda de prensa Paloma Favieres, directora de políticas de la ONG.
CEAR denuncia que en los puertos de Almería, Motril y Algeciras, "en numerosas ocasiones no se garantiza el derecho de los letrados a entrevistarse" con los migrantes antes de que estos declaren ante la policía y sean o bien devueltos rápidamente, o bien retenidos temporalmente en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), antes de ser expulsados a su país de origen.
Incluso, en Tarifa, a 14 km de las costas marroquíes, "se han dado casos en que la Policía nacional ha redactado órdenes de devolución antes de tomar declaración a la persona interesada".
Y sobre todo, asegura CEAR, que con la salvedad del puerto de Málaga "no se proporciona a las personas recién llegadas información adecuada sobre el derecho de asilo".
"La Policía nacional no está autorizando a hacer entrega (a los migrantes) del folleto informativo sobre su acceso a la protección internacional", y que es un documento que facilita ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, denunció Estrella Galán, secretaria general de CEAR.
"No existe un protocolo unificado una vez que se llega a las costas. La improvisación se ha impuesto en el Estado español", abundó la responsable.
El informe añade por otro lado que se han observado "graves carencias" en la identificación de mujeres que podrían ser víctimas de trata de seres humanos, o de menores no acompañados.
Y fustiga, al igual que otras asociaciones, las condiciones de insalubridad de algunos de los centros de retención.
Contactado por AFP, el ministerio del Interior español no reaccionó por el momento a estas críticas.
En 2017, el 56% de los inmigrantes irregulares que llegaron por mar a España eran subsaharianos (Senegal, Guinea, Costa de Marfil, etc), según CEAR.
Por otro lado, hubo un incremento de marroquíes y sobre todo de argelinos, estos últimos un 20% del total. Solo el 8% de los inmigrantes llegados a España son mujeres.
Con información de AFP
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