Se prevé que el ejecutivo español tome medidas para relevar de su cargo al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y a todo su gabinete, amparado en el artículo 155 de la Constitución. Además, el gobierno de Rajoy convocará elecciones en Cataluña en enero.
El Gobierno acordó aplicar el artículo 155 de la Constitución española después de que Puigdemont avisara el jueves de que el Parlamento regional podría votar la independencia si no hay diálogo entre ambas partes.
Ese artículo establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta para su aplicación efectiva.
El pleno del Senado aprobará dentro de una semana, el viernes 27 de octubre, las medidas que le proponga el Gobierno, según aseguraron fuentes parlamentarias.
La Mesa del Senado (órgano de gobierno de la cámara) se reunirá también este sábado para comenzar la tramitación parlamentaria de la propuesta gubernamental.
Esas medidas han sido acordadas por el gobierno de Mariano Rajoy con el Partido Socialista y los liberales de Ciudadanos (ambos en la oposición), y conllevarían la convocatoria de elecciones regionales en Cataluña.
El Ejecutivo reconoció ayer que lo normal es que finalmente se celebren esos comicios, pero matizó que es "muy pronto" para decir cuándo, a pesar de que socialistas y liberales aseguraron que se había pactado que sean en enero.
Entre las medidas que podría decidir el Consejo de Ministros están el control de las finanzas púbicas y de las fuerzas de seguridad regionales de Cataluña.
España vive en las últimas semanas una crisis política desencadenada por los pasos dados por los gobernantes independentistas catalanes para lograr la secesión de Cataluña, entre ellos la celebración el pasado 1 de octubre de un referéndum inconstitucional de autodeterminación.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, asumió el pasado día 10, en el Parlamento regional, el resultado de esa consulta favorable a la secesión, según los datos de las autoridades de Cataluña, aunque dejó en suspenso la declaración de independencia y abogó por el diálogo, con mediación, con el Gobierno nacional.
El Ejecutivo envió un requerimiento a Puigdemont para que cumpla la legalidad constitucional y lo instó a exponer sus propuestas y dialogar en el Parlamento español.
Con información de EFE
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