Nuevos problemas para Moreno Ocampo: piden que Harvard lo eche por proteger a genocidas

Es por su relación con un empresario libio acusado de crímenes de lesa humanidad. Este domingo, la OEA dio a conocer que despidió al ex fiscal de la Corte Penal Internacional de la investigación por los crímenes del chavismo

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El ex fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo deberá sumar un problema más a una lista que ya viene engrosándose en los últimos días: un activista libio pidió formalmente al Centro Carr de Política de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard que lo eche de su plantel de profesores, debido a su vinculación con un millonario libio que lo contrató por 3 millones de dólares para bloquear una investigación en su contra.

La nota lleva la firma del activista por los derechos humanos Emadeddin Zahri Muntasser y bajo el título "No hay lugar para un presunto consigliere en Harvard" -en alusión a los asesores de la mafia italiana- pide a Sushma Raman, director ejecutivo del instituto académico, que "en nombre de las personas que aman de la paz en todas partes y de las innumerables millones de víctimas de abusadores de derechos humanos y criminales de guerra", ponga fin al contrato de Moreno Ocampo para que la Universidad de Harvard "pueda preservar su reputación e integridad".

"Los abusadores de los derechos humanos, sus facilitadores y asesores no deben asociarse con el Centro Carr. No hay lugar para un presunto consigliere en Harvard", sostiene, y añade que el ex fiscal del Juicio a las Juntas "presuntamente recibió millones de dólares de un hombre sospechado de crímenes de guerra en una aparente violación de su responsabilidad ante la Corte Penal Internacional y las víctimas que solía representar. El dinero podría estar oculto en una de las varias cuentas bancarias offshore".

Las revelaciones de la prensa internacional -los recientes artículos en The Times del Reino Unido, Der Spiegel de Alemania y Le Soir de Francia- muestran al ex fiscal como un hombre "dispuesto a vender sus servicios al mejor postor, incluidos los que están siendo investigados por crímenes de guerra. Estas acusaciones son motivo de gran preocupación para las víctimas de crímenes de guerra en Libia y en otros lugares", refiere la nota, y explica que el cliente de Moreno Ocampo, Hassan Tatanaki, "es un conocido seguidor y socio del comandante libio y sospechoso de crímenes de guerra Khalifa Haftar".

De acuerdo con las revelaciones de la prensa internacional, Tatanaki contrató a Moreno Ocampo para que, a cambio de tres millones de dólares, utilice sus influencias en la Corte Penal Internacional para bloquear cualquier investigación formal contra Khalifa Haftar y Hassan Tatanaki de una acusación formal.

El empresario petrolero Tatanaki fue durante décadas testaferro del depuesto dictador libio Muammar Gadafi. En ese carácter, invirtió millones de dólares con el objetivo de encubrir los crímenes y abusos del régimen de Gadafi. A cambio, el empresario libio tuvo acceso a proyectos de petróleo y gas en Libia por cientos de millones de dólares.

Una vez depuesto Gadafi, Tatanaki continuó desempeñándose como testaferro del militar acusado por crímenes de guerra Haftar, a quien financió con decenas de millones de dólares para fortalecer su base política y comprar influencias.

Copy of letter to Harvard University calling for the termination of the services of Mr. Luis Moreno-Ocampo as a Senior…

Posted by Emadeddin Zahri Muntasser on miércoles, 11 de octubre de 2017

Moreno Ocampo quedó en el centro de la mira de medios internacionales por una serie de revelaciones que socavaron el prestigio que ostentaba. Primero, se conoció que tenía cuentas y empresas en paraísos fiscales; luego, que había cobrado tres millones de dólares para bloquear la investigación en la Corte Penal Internacional al empresario petrolero libio; y más tarde, se supo que el tribunal internacional tuvo que pagar cientos de miles de dólares para indemnizar a un empleado que lo denunció por acoso sexual a una periodista.

Como consecuencia de los escándalos, ayer la Organización de los Estados Americanos decidió apartarlo de las audiencias que llevaba a cabo para determinar si el régimen chavista de Nicolás Maduro había llevado a cabo crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

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