El partido de izquierda radical CUP, aliado clave del gobierno separatista catalán, reclamó al presidente Carles Puigdemont que levante la suspensión de la declaración de independencia de Cataluña ante la amenaza de Madrid de arrebatarle competencias.
"Solo a través de la proclamación de la república seremos capaces de respetar lo que la mayoría expresó en las urnas" en el referendo de autodeterminación inconstitucional del 1 de octubre, señaló este partido en una carta al presidente regional.
Según los independentistas, en esa votación prohibida por la Justicia un 90% de los electores apostaron por el sí a la independencia, y aunque solo participó un 43% del censo, Puigdemont se comprometió a aplicar el resultado.
Sin embargo, en una confusa sesión parlamentaria el martes, el presidente regional dijo asumir este mandato de crear una república, pero pidió la suspensión de los efectos de la independencia en aras de buscar una mediación internacional en su pulso con Madrid.
Pero el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, rechaza sistemáticamente cualquier tipo de mediación y envió el miércoles un requerimiento al dirigente catalán para que aclarara si había declarado o no la secesión.
Dispone hasta el lunes para contestar. Si no lo hace o asegura haber proclamado la República, debe rectificarse antes del jueves 19 de octubre o el Ejecutivo central aplicará el artículo 155 de la Constitución, que permite arrebatar competencias al Gobierno regional e incluso suspenderlo.
"Si pretenden seguir aplicando (…) el artículo 155 de la Constitución y nos quieren seguir amenazando o amordazando, que lo hagan con una República ya proclamada", reclama en su carta la CUP, básicos para mantener el gobierno independentista, formado por una coalición de conservadores y progresistas.
La víspera, la influyente asociación independentista Asamblea Nacional Catalana, responsable de las multitudinarias manifestaciones nacionalistas de los últimos años, se expresó en el mismo sentido.
"Ante la negativa del Estado español de cualquier propuesta de diálogo, ya no tiene ningún sentido mantener suspendida la declaración de independencia", señalaron en un comunicado.
Esta región de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España está dividida casi en partes iguales sobre la independencia. Aun así, una amplia mayoría de la población defiende celebrar un referéndum de autodeterminación pactado con el gobierno de Madrid, que se opone tajantemente.
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