El presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, decidió hoy retrasar al martes su comparecencia en el Parlamento regional para dar explicaciones sobre cómo proceder tras el referéndum independentista celebrado del 1 de octubre. Para disminuir el riesgo de que la sesión plenaria sea suspendida como la que fue convocada días atrás para el lunes, la solicitud se limita a decir que el motivo de la cita es discutir "la situación política actual".
Horas antes, el Tribunal Constitucional español había frenado con una medida cautelar el pleno del Parlamento regional catalán previsto para el comienzo de la semana próxima. La decisión se fundamentó en que si se declarase la independencia se produciría un quebrantamiento de la Constitución y una "aniquilación" de los derechos de los diputados. La orden judicial respondió a un recurso presentado el jueves por el Partido Socialista de Cataluña (PSC).
Puigdemont había anunciado su voluntad de comparecer el 9 de octubre ante el pleno del Parlamento para valorar los resultados y los efectos del referéndum independentista del 1 de octubre, declarado ilegal por la Justicia. Aunque en el punto del día de esa sesión no se mencionaba específicamente la declaración de independencia, la CUP, grupo independentista radical que apoya a la coalición de gobierno Junts pel Sí, aseguró que se iba a proclamar la república catalana.
En el recurso presentando por los socialistas catalanes se advertía que la convocatoria suponía "ignorar a sabiendas la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional" sobre la Ley del Referéndum, aprobada el pasado 6 de septiembre. Esa ley dice que en caso de victoria del sí en la consulta secesionista, la independencia de Cataluña podría declarase formalmente 48 horas después de la proclamación de los resultados.
La decisión del Constitucional tuvo la rápida respuesta de la presidenta del Parlamento regional, la independentista Carme Forcadell, quién la interpretó como un "rechazo" a la oferta de "diálogo" realizada por una parte del independentismo catalán, en referencia a la disposición de Puigdemont a dialogar. Una posibilidad que no entra en los planes del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien aseguró el jueves en una entrevista con EFE que la unidad de España no puede "ser objeto de ninguna mediación ni de ninguna negociación".
La incertidumbre que ha generado una eventual declaración unilateral de independencia ha llevado a varias empresas radicadas en Cataluña a cambiar su sede social a otras comunidades autónomas españolas para proteger a sus clientes y accionistas. Después de 130 años de historia en la región española de Cataluña, el Banco Sabadell —el quinto de España por volumen de activos, con 2.548 oficinas y unos 26.000 empleados— anunció su traslado a la provincia valenciana de Alicante (este), lo que le permitirá mantenerse bajo la supervisión del Banco Central Europeo (BCE) y con acceso a líneas de liquidez.
En la misma trayectoria, el tercer banco español, CaixaBank, igualmente con sede en Cataluña, prevé convocar mañana un consejo de administración extraordinario para aprobar el traslado de su sede social fuera de la región. Este cambio sería posible gracias a una modificación legal que prepara el Gobierno español y que le permitiría realizar este trámite sin que la entidad someta esta decisión a aprobación de la junta de accionistas.
(Con información de EFE)
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