Qué pasó con el Banco Nacional de Datos Forenses y por qué se acusa a Gertz Manero de frenar su creación

Durante la conferencia matutina del martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confió que para finales de su sexenio se logrará atender una de las tareas pendientes en su gestión: la creación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF).

Indicó a los medios que era un tema que correspondía atender la Secretaría de Gobernación (Segob) después de que se le planteara que su falta se debiera a la negligencia de la Fiscalía General de la República (FGR), presidida por Alejandro Gertz Manero, uno de los hombres más cercanos a AMLO.

Por lo que aseguró que esto era algo que estaba atendiendo Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y era una cuestión prioritaria para el gobierno.

“Y hay presupuesto suficiente, siguen las búsquedas, es un tema prioritario, fundamental, que tiene que ver con la preocupación de familiares, es algo muy humano y se está atendiendo”, declaró el primer mandatario.

Y ante esta mención el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) recordó a través de sus redes sociales que el gobierno federal aún no cumplía con su tarea, aún después de tres años cuando el país cruza por una crisis de desapariciones. Además resaltaron que era una tarea de la FGR.

El Banco Nacional de Datos Forenses es una herramienta tecnológica con la que se busca agilizar la identificación de miles de cuerpos que se encuentran en condición de desconocidos al acumular toda la información forense a nivel nacional.

Su creación fue establecida con la publicación de la Ley General de Desaparición de Personas en el 2017. En esta se establece que el Banco tiene el propósito de concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y estará integrada con las bases de datos de los registros forenses de la Federación y de las Entidades Federativas.

Además, dentro de la LGD, se establece que la Fiscalía debe crear el BNDF y este debía estar listo para el año 2019, sin embargo, no solo no ha sido establecida, sino que además, el titular de la FGR, quien debería implementar el BNDF, no ha acatado las órdenes.

Pues el 31 de diciembre del 2021 el Juzgado Séptimo de distrito Primero en materia administrativa concedió la demanda de amparo promovida por Olimpia Montoya y el Centro Prodh presentada en agosto del 2021 en contra de la FGR en la que acusó a la Fiscalía por omisión al demorar con la creación del Banco de Datos Forenses.

Olimpia Montoya busca a su hermano desaparecido en Guanajuato, Marco Antonio Montoya Juárez desde el 2017.

En el amparo, señalan como responsables a Gertz Manero y a los titulares de las Fiscalías Especializadas (en Derechos Humanos, Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, Coordinación General de Servicios Periciales, Agencia de Investigación Criminal y del Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia) pertenecientes a la FGR de dicha omisión.

Y para el 20 de octubre del 2022, un juez del estado de Zacatecas, ordenó a las autoridades hacer todo lo necesario para lograr la creación del banco, incluyendo los recursos económicos necesarios, la creación de las herramientas, la coordinación de grupos de expertos y la normativa para su funcionamiento.

Para esto establecieron que debía hacerse en 40 días hábiles. Sin embargo, en lugar de que las autoridades aceleraran el proceso, presentaron recursos de revisión el 25 y 26 de octubre. Por si no fuera poco, el 21 de diciembre del 2022 un tribunal federal admitió la impugnación de la FGR en contra de la orden.

Además, la FGR ha alegado que la información para el BNDF está completa, al menos los casos federales, pues alegó que faltaban los archivos de algunas entidades. Una vez que se cuente con estos, añadieron, se emitirán los lineamientos correspondientes de aplicación total.

La Fiscalía, cabe señalar, tampoco ha creado el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, ni el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.

En 2022, México alcanzó la cantidad de más de 100 mil personas desaparecidas, y al finalizar el año, el registro estuvo por llegar a las 110 mil personas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el país hay un reporte de 109 mil 516 personas siendo Jalisco la entidad que más casos reporta. El padrón da cuenta de la ocurrencia desde marzo de 1968 y es actualizada diariamente.

Pero la crisis de desapariciones va de la mano con una crisis forense que no permite identificar los cuerpos de personas cuyos restos han sido encontrados en fosas clandestinas o que permanecen en fosas comunes de las autoridades.

Igualmente, el Informe del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, presentado el 29 de agosto, señaló que “las autoridades reconocieron tarde la crisis de las instituciones forenses en México” pues el problema tiene una antigüedad de al menos dos décadas.

De hecho, en abril del año pasado, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que el manejo del material genético por las autoridades contribuía a la crisis de desapariciones aparte de que en ese momento identificaron que cerca de 14 servicios forenses no llevaban un registro electrónico.

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