Plan B de AMLO pasó el filtro de San Lázaro, la Reforma Electoral fue aprobada en lo general y particular

Aún con esta votación, los militantes de la oposición reiteraron en que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tendrá la última palabra

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La Cámara de Diputados ratificó
La Cámara de Diputados ratificó el Plan B de AMLO (Foto: Cortesía)

Con 262 votos a favor, 217 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados ratificó el Plan B de AMLO para la Reforma Electoral, esto tras ratificar los dos dictámenes que salieron del Senado de la República, con lo cual, la iniciativa presidencial se estaría garantizando; sin embargo será devuelta al Senado al haberse quitado la “cláusula de vida eterna”.

Igualmente la oposición amagó con ir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar lo que sea violatorio de la Constitución.

Durante la sesión ordinaria de este jueves 15 de diciembre, la última del año, los diputados del Palacio Legislativo de San Lázaro validaron la iniciativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia político-electoral, con la cual se modifican las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial, y se expide la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Sin embargo, como ésta sufrió modificaciones de último momento, la cual se manifestó en la reserva presentada al Artículo 12 de la Ley General de Instituciones Procedimientos Electorales, pues deberá de ser ratificada, nuevamente por el Senado de la República, por lo que se desconoce si citarán a sesión extraordinaria o si esperarán al próximo periodo ordinario de sesiones, mismo que inicia en febrero de 2023.

El párrafo que se suprimió es el siguiente, al cual se le adjudicaba que le daba “vida artificial” a los partidos periféricos como PVEM, PT o PRD:

“Los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común, en este caso, aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los partidos que decidan participar en esta modalidad. Los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”

Aún con esta modificación, Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aseguró desde antes de la aprobación de dicho dctamen que los militantes de la oposición parlamentaria, particularmente los del PAN, promoverán acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN.

En este sentido, el abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) refirió que acudió al informe del Poder Judicial y que tuvo diversos encuentros espontáneos con las y los magistrados de la Suprema Corte, “les anticipé que llegarían las acciones de inconstitucionalidad”, dijo durante la conferencia de prensa. Además, especificó que cumplirá con su promesa de buscar la invalidez de todo el Plan B de AMLO.

“Yo espero que todo esto sea anulado, revertido, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación [...] están perfectamente conscientes de que van a recibir, más temprano que tarde, esas acciones de inconstitucionalidad”

De acuerdo con lo señalado, las controversias se harán llegar durante el próximo periodo de receso de la SCJN, esto para que los magistrados que queden de guardia comiencen el proceso de lectura y, cuando inicien a sesionar, le den prioridad para resolver o, agregó, existe la posibilidad de que si así lo deciden los magistrados, pueden convocar a una sesión extraordinaria para tener la determinación antes de los periodos electorales.

Esto quiere decir que el camino para ratificar la Reforma Electoral de AMLO, aunque ya esté trazado, no está asegurado, ya que los múltiples militantes de bancadas contrarias a las de Morena aseguraron que acudirán a tribunales. De hecho, algo muy similar dijo Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), quien refirió que la lucha por dejar a este organismo intacto aún no termina y será el poder judicial quien tendrá la última palabra en relación a los cambios que podrían aplicarse sin que se viole la Constitución y sin que se vulnere la capacidad operativa del Instituto.

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