Desafuero de Alito Moreno: cuáles son los elementos que analizará la Sección Instructora en Diputados

El próximo jueves 15 de diciembre la Sección Instructora de la Cámara de Diputados sesionará con el fin de analizar las solicitudes de desafuero que se han presentando en contra de servidores públicos que han sido acusados de no tener las conductas propias del cargo o que podrían enfrentar procesos judiciales por denuncias antes diferentes autoridades.

Uno de los casos más mediáticos que se analizará en la presente legislatura será el de Alejandro Alito Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual fue acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito durante su tiempo como gobernador de la entidad del sur del país.

Sin embargo, debido a que es diputado, el priista cuenta con fuero federal por lo que las autoridades correspondientes no pueden iniciar una averiguación al respecto por las denuncias que se han recibido en contra, motivo por el que el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, solicitó que se analice una posible declaratoria de procedencia desde el pasado mes de agosto.

“(Las autoridades de Campeche) están solicitando la declaratoria de procedencia en relación a C. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas a efecto de proceder penalmente en su contra por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito”, expresó en conferencia de prensa el entonces presidente de la Mesa Directiva de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

De acuerdo a la explicación que ofreció el fiscal, la dependencia a su cargo presentó ante la Cámara Baja una serie de pruebas alrededor de la mansión que el priista supuestamente construyó cuando se desempeñó como titular del ejecutivo local y que fue valuada en más de 130 millones de pesos, a lo que se sumó algunos cuadros, esculturas y piezas artísticas valuadas en más de 50 millones.

No obstante, aclaró que durante el cateo que realizaron agentes del Ministerio Público no se hallaron joyas ni automóviles de colección, por lo que la última parte podría no formar parte de los elementos que se presentaron para análisis al grupo colegiado de legisladores.

Lo que sí tendría que ser materia de estudio, de acuerdo a Sales Heredia, sería una presunta desproporción entre las declaraciones que ha presentado en los últimos años el líder priista, pues con base en las primeras investigaciones no existe relación clara entre los sueldos que recibe el priista y las propiedades que tiene.

Conviene aclarar que, pese a que muchos han apuntado que dicha solicitud proviene de los audioescándalos que ha revelado la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, las autoridades campechanas han descartado que dichos materiales formen parte de la carpeta que se presentó ante el Poder Legislativo.

“Podemos afirmar que los audios no forman parte, y afirmarlo categóricamente, de la carpeta de investigación no tiene nada que ver con los audios, tiene que ver con una investigación del Ministerio Público vinculada con el delito (de enriquecimiento ilícito)”, explicó.

De acuerdo al Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación (Segob), la sección es una instancia integrada por cuatro diputados que pertenecen a la Comisión Jurisdiccional, misma que tiene a su cargo practicar todas las diligencias necesarias para estudiar si algún funcionario incurrió en alguna falta, misma que podría devenir en un juicio político, tal como lo marca el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

La Carta Magna establece que entre las sanciones que podrían recibir aquel que funcionario al que se le retire el fuero está la destitución del cargo, así como una inhabilitación para desempeñar las funciones; sin embargo, para llegar a tal punto la sección deben de abrir un periodo de pruebas —acción que ya realizó contra Alito Moreno—, para posteriormente analizarlas, calificar con el fin de crear un expediente donde el implicado tendrá la oportunidad de defenderse.

Tras dicha acción, serán los cuatro diputados los que decidirán si existe o no lugar para proceder en contra del funcionario denunciado; en caso de que la determinación sea a favor de que sea procesado, se tendrá que realizar un dictamen que será entregado a los secretarios de la Mesa Directiva para que el presidente convoque a sesión y resuelva la imputación.

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