Hasta un millón de pesos, el costo de hospitalización por alguna afección de COVID-19 en CDMX

Otras de las entidades con los costos más elevados en atención médica son: Jalisco, Nuevo León y Estado de México

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Los precios de hospitalización son más elevados en algunos estados. (Foto: Reuters/Archivo)
Los precios de hospitalización son más elevados en algunos estados. (Foto: Reuters/Archivo)

En la actualidad, el tema de las enfermedades debilita no solo el cuerpo sino también los bolsillos de algunas familias. Y es que de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) los costos de hospitalización son mucho más elevados en algunas entidades del país, siendo la Ciudad de México la del porcentaje más alto.

Incluso, de acuerdo con un estudio, el mercado relacionado de servicios hospitalarios es poco transparente, los consumidores enfrentan altos costos de cambiar de aseguradora, la forma de remunerar a los agentes de seguros dificulta la entrada de nuevas empresas y hay incertidumbre jurídica.

Los precios de los servicios hospitalarios son significativamente más altos en entidades como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Estado de México. Además, se dio a conocer que en hospitales con más de 100 camas suele elevarse el precio.

Un hospital para pacientes Covid 19, dentro del Programa Salud para el Bienestar del Gobierno opera en la CDMX. (Foto: Cuartoscuro)
Un hospital para pacientes Covid 19, dentro del Programa Salud para el Bienestar del Gobierno opera en la CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

Ejemplos de precios por hospitalización COVID-19

En caso de ser hospitalizado por alguna complicación como el COVID-19 por ejemplo, una persona podría pagar hasta un millón de pesos en la CDMX; 400 mil en el Edomex; 460 mil en Jalisco y 720 mil en NL.

De los desembolsos más económicos para los ciudadanos en la Ciudad es la atención a causa de una fractura, la cual podría llegar a costar hasta 21 mil pesos. Mientras que en Edomex el precio oscila entre los 40 mil y 45 mil pesos.

Con el objetivo de promover la competencia y la libre concurrencia, la Cofece planteó diversas recomendaciones agrupadas en cuatro vertientes que son:

-Fomentar la transparencia en el mercado de servicios hospitalarios, para lo cual recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor desarrolle y publique indicadores que midan la relación precio-calidad de los servicios hospitalarios privados.

-Promover la movilidad de los consumidores mediante el establecimiento de la portabilidad obligatoria de la antigüedad. Para ello, la Comisión recomienda establecer un buró de riesgos con reglas que garanticen su operación independiente de las aseguradoras, para que éstas conozcan el historial de siniestros de los posibles asegurados.

Un médico revisa el estado de salud de un paciente en un hospital de México. (Foto: Cuartoscuro)
Un médico revisa el estado de salud de un paciente en un hospital de México. (Foto: Cuartoscuro)

-Disminuir los costos de búsqueda para los consumidores, por lo que la Cofece plantea que las autoridades regulatorias promuevan el establecimiento de estándares mínimos para las páginas web de las aseguradoras y de los comparadores; así como que se establezcan reglas que deben seguir los comparadores y otros intermediarios que comercializan en canales digitales para promover o prestar los servicios de intermediación de seguros.

-Reducir los obstáculos a la entrada de nuevos competidores mediante la obligatoriedad de los agentes de seguros de mostrar a los consumidores la información de las comisiones y bonos que reciben de las aseguradoras y prohibir premios, bonos o comisiones contingentes, reduciendo el conflicto de interés que surge del incentivo de los agentes de venta de colocar productos de una sola aseguradora. Además, la Cofece recomienda que la autoridad regulatoria emita las disposiciones de carácter general referidas en el artículo 76 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) sobre intercambio de datos e información transaccional.

La idea del estudio es que la Cofece reafirme su compromiso de mantenerse vigilante ante actos públicos o privados que puedan afectar las condiciones de competencia en perjuicio del funcionamiento eficiente de los mercados y en detrimento del bienestar de los consumidores.

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