Dictaron 3 años de prisión al presunto feminicida de la doctora Mariana Sánchez en Chiapas

A más de un año de proceso, este 25 de noviembre fue sentenciado a 3 de prisión Fernando Cuauhtémoc “N”, el presunto feminicida de la médico pasante Mariana Sánchez Dávalos en Chiapas.

Como resultado de investigaciones y presentación de pruebas se logró señalar su responsabilidad penal en el delito de acoso sexual.

El imputado se entregó a las autoridades chiapanecas, semanas después de la muerte de Mariana. Cabe mencioanr que antes de ser formalmente detenido, Fernando “N” grabó un breve video en el que explicó por qué decidió hacerlo de esa manera. Negó todas las acusaciones y agregó que a él y a su familia los habían intimidado elementos de seguridad, por lo que tomó la decisión de entregarse.

Fue durante una de las primeras audiencias que el Ministerio Público expuso datos para que el juez vinculara a proceso penal a Fernando “N”, ordenando la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados de Ocosingo.

Fernando Cuauhtémoc “N” también ejercía como médico y se reveló su terrible historial, pues tiene señalamientos de acoso sexual desde el año 2014.

El feminicidio ocurrió en enero de 2021, cuando Mariana Sánchez realizaba su servicio social como médico residente en una clínica de Nueva Palestina, Chiapas en el municipio de Ocosingo, de la selva de Chiapas. La joven de 25 años de edad, se estaba preparando para titularse como médica y su meta era realizar una especialidad de patología.

Acababa de finalizar sus estudios de la licenciatura en Médico Cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas (UNACH) por tal motivo continuó con su servicio social en dicha clínica de la Secretaría de Salud.

Desafortunadamente, Mariana Sánchez fue hallada sin vidadentro de la misma clínica dos meses después de haber hecho una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas por un ataque sexual que sufrió a manos de un integrante de la comunidad. Sin embargo, la denuncia nunca tuvo seguimiento. En ese entonces, la médico cirujano incluso solicitó a la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas (UNACH) y a la Secretaría de Salud de la entidad que le asignaran otra clínica en la que pudiera ejercer su servicio social.

No obstante, ninguna de las autoridades hizo algo al respecto, por lo que tuvo que continuar en el mismo lugar. Se limitaron a darle vacaciones un mes, la joven cargó con las consecuencias físicas y emocionales del ataque sexual, por lo que se sumió en una fuerte depresión.

Las autoridades catalogaron su muerte como un probable suicidio, sin embargo familiares, compañeros y amigos rechazaron este argumento pues la necropsia reveló que murió por ahorcamiento. Por lo que médicos, colectivos feministas y su familia, salieron a las calles de Chiapas para exigir el esclarecimiento del feminicidio.

“Esa plaza de servicio social tiene el antecedente de violencia, de acoso y aún así la institución la ofertaba. Y Mariana por su promedio tuvo que agarrar esa plaza u otra peor en zonas de conflicto. Mariana estaba en una de esas plazas de alto riesgo”, declaró uno de sus compañeros de la universidad.

“Mariana es un caso piloto de muchos de los abusos y excesos con las mujeres respecto a la violencia y al feminicidio, todos estamos sabedores y dolidos en estos momentos por la pandemia, por la caída de médicos y enfermeras que han caído y (esto) es inconcebible”, manifestó en ese entonces la activista Mayda Gil.

Pasó más de un año y en ese tiempo sucedieron muchas cosas se detuvo al agresor de Mariana, también a Analí “N”, directora de la Clínica Nueva Palestina por su probable participación en el delito de abuso de autoridad. Y la madre de la víctima falleció de cáncer seis meses después de la muerte de su hija, sin lograr justicia en el caso.

Por su parte la señora identificada como Lourdes Dávalos denunció las inconsistencias que hubo durante la recopilación de pruebas por parte de las autoridades y no descansó, pues confiaba en que se esclarecerían los hechos alrededor de la muerte de Mariana.

Una de las acciones que encendieron las alarmas fue en febrero de 2021, cuando dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) se negó a darle una copia de la carpeta de investigación del caso. Asimismo declaró que ella nunca dio permiso para que el cuerpo de su hija fuera cremado, dijo que hubo otras inconsistencias el día del funeral.

Según información proporcionada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en México el 70 por ciento de las menores de 15 años en adelante han sufrido por lo menos algún tipo de violencia, siendo los hombres los primeros violentadores.

El principal ataque que reciben las mujeres es la psicológica, con un 51.6 por ciento, seguido de la violencia sexual 49. por ciento, conforme a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.

En México, 3.750 mujeres fueron asesinadas en 2021, de las que 1.004 fueron clasificadas como feminicidios, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y hasta septiembre de este año ha habido 695 feminicidios, cifra que está por debajo de los 736 del mismo período del año pasado.

En ese sentido, apenas el 25% de los casos de mujeres asesinadas se investigan como feminicidio porque hay mucha resistencia de las autoridades. “Los Estados no están garantizando la integridad de las mujeres ante contextos que cada vez son más graves, que no están suscritos en la violencia familiar sino en contextos más complejos de criminalidad”, denunció en dicho informe María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Con base al Artículo 325 del Código Penal Federal (CPF), el homicidio de una mujer se considera feminicidio cuando cumple con, al menos, una de siete características; sin embargo, la punibilidad y protocolos de investigación no son iguales en las diferentes entidades de la república.

1. La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.

2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.

3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.

4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.

5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.

6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.

7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

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