La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó sobre la penalización económica e inhabilitación por 10 años de tres ex funcionarios de la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, por “conductas omisas” en relación al paso ilegal de pipas con diesel. Acto que fue realizado durante la administración del ahora ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional (PAN).
Este martes 15 de noviembre, la secretaría a cargo de Roberto Salcedo Aquino informó que el Órgano Interno de Control (OIC) remitió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) un expediente de investigación en el que se presumía la falta administrativa de tres personas ex servidoras públicas, por lo cual se aplicó la inhabilitación del servicio público y una multa de un millón 990 mil 043 pesos.
De acuerdo con lo señalado por la SFP, en junio de 2022, el TFJA resolvió imponer la sanción por conductas omisas de las tres personas que estaban adscritas a la Aduana de Matamoros, ya que permitieron el ingreso de pipas con diesel sin la documentación que acreditara su internación legal, además de que no activaron el semáforo automatizado de revisión.
La sentencia promovida por la Función Pública señala que las conductas señaladas por parte de los ex funcionarios ocasionaron un perjuicio económico al erario federal, por lo que se estableció que los responsables de dicho acto deban de cubrir el daño y, para tal propósito, se determinó el pago de la indemnización señalada vía crédito fiscal.
Para especificar el proceso de investigación a la opinión pública, la secretaría puntualizó que fue en julio de 2020 que una denuncia presentara por el OIC ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevara a una investigación que recayó sobre las personas ahora sancionadas.
Sin embargo, se reiteró que, como parte del debido proceso en una situación de esta naturaleza, los interpelados por la multa y suspensión aún pueden interponer los medios de impugnación que les reconoce la ley para salvaguardar sus derechos.
“La SFP basa su labor en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión 2019-2024, el cual establece que las acciones en esta materia deben enmarcarse en el fortalecimiento del Estado de Derecho y buscar la eficacia de los órganos sancionadores”
Por otro lado, el ISSSTE y el Servicio de Protección Federal (SPF) suscribieron un acuerdo de colaboración para aumentar la seguridad en las instalaciones, esto porque el órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ampliará la cobertura de custodia en diversos inmuebles relacionados a esta institución.
Pedro Zenteno, titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), puntualizó que con la firma del convenio beneficiará a 114 unidades médicas, entre las que se encuentran el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, 27 hospitales generales, 14 hospitales regionales y 72 clínicas hospitales, donde se atiende a un número importante de derechohabientes con una alta demanda médica.
Por su cuenta, Luis Wertman, comisionado del SPF, dijo que con esto cumple con las instrucciones de la secretaria de aumentar el estado de fuerza hasta lograr resguardar la totalidad de las instalaciones del sector salud.
“La coordinación entre el Instituto y el Servicio de Protección Federal es permanente y eficaz, lo que hace que la seguridad aumente con rapidez en cada una de las instalaciones”, dijo durante la celebración del acuerdo.
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