A raíz de la aprobación de la permanencia de las Fuerzas Armadas por parte de las dos cámaras del Congreso de la Unión, siguió la aprobación por parte de los Congresos Locales de 17 estados para que la iniciativa pasara por el último filtro.
Y a pesar de que el cometido se logró, hubo resistencia, pues el Congreso del estado de Guanajuato rechazó la reforma el pasado 31 de octubre.
El evento sin embargo, sumó un nuevo capítulo a los conflictos entre los miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que muestra que el tricolor se encuentra en un periodo de crisis interna de la cual parece difícil salir.
Ya que la diputada priista del Congreso de la entidad, Yulma Rocha Aguilar denunció que el tricolor la castigo al oponerse a la Reforma que el mismo partido impulsó y que causó el quiebre con el PAN y el PRD en la coalición Va por México.
La diputada local acusó que tras votar en el congreso de su estado en contra de la reforma a la Guardia Nacional para que las Fuerzas Armadas permanezcan hasta el 2028 realizando tareas de seguridad pública, el partido la castigo por su posicionamiento político.
Fue a través de una publicación en las redes sociales de Rocha Aguilar en el que aseguró que la coordinación del grupo parlamentario del PRI había mandado una comunicación en el que se le informaba que se le retiraría el apoyo económico y administrativo que recobe para el desempeño de sus funciones. Esto a modo de sanción porque “había una línea partidista que incumplí”.
Ante esto se justificó explicando que su posicionamiento era una muestra del ejercicio de su autonomía como legisladora y a la vez en congruencia con su convicción y el programa de acción del partido.
“Mi decisión de votar en contra de la militarización de la seguridad pública fue un acto en ejercicio de mi autonomía como Diputada, pero también por convicción, por responsabiliad, y en congruencia con nuestro propio Propgrama de Acción priista que indica como un retroceso el hecho de que la seguridad pública debe ser una tarea del ejército”
Por estas razones aseguró que el castigarla por ejercer su derecho a “defender mis principios” consistía en un acto arbitrario e ilegal con el que se buscaba limitar y menoscabar el ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo de legisladora.
“Utilizar los recursos públicos como un instrumento de represión, coacción o amenaza política para restringir derechos es un acto perverso e ilegal y es un indicador de descomposición institucional y política” señaló la diputada.
Añadió además que existe la inviolabilidad parlamentaria, reconocida en la doctrina Internacional y en la Constitución nacional, como una institución parlamentaria para proteger las opiniones y votos de las y los legisladores de cualquier responsabilidad jurídica.
Motivos por los que adelantó que emprendería acciones necesarias al interior del Congreso y ante otras instancias para que “se respete mi autonomía como Diputada y mi capacidad para tomar decisiones”, pues a pesar de que reconoce que los principios de lealtad no son excluyentes, “cuando solo queda la disciplina, el debate se elimina”, finalizó.
Al respecto, la aspirante a la presidencia del país por el PRI, Claudia Ruiz Massieu, salió en defensa de la diputada y se solidarizó con ella rechazando “la arbitrariedad partidaria de pretender imponer cómo actuar”.
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