El Congreso mexicano aprobó la presencia de militares en las calles de la Ciudad de México, esto con el fin de que realicen tareas de seguridad ciudadana. Sin embargo, asociaciones mencionan que esta acción es un mensaje de violencia para mujeres y la comunidad LGBT+.
La organización llamada “Presentes” mencionó que esta aprobación viola la constitución y a su vez hace un recuento a la historia de los años sesenta y setenta con la llamada “Guerra Sucia”.
Sobre este asunto, “Presentes”, escribió que en estos años “integrantes del Ejército eran utilizados para disolver movimientos sociales opositores al gobierno”.
“Conocemos historias de encarcelamiento, desaparición, violaciones, tortura y asesinato de la voz de las víctimas o de sus familias. Incluso hoy, en 2022 se desconoce el paradero de muchas personas desaparecidas y los culpables siguen impunes”, señalaron.
En el registro que han seguido durante el tema de los militares escribieron que en estos 26 años el Estado mexicano ha entregado la seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Desde Ernesto Zedillo y los retenes ilegales, de los militares, se trató de evitar el traslado de droga a EEUU.
Esto trascendió a la quema de sembradío de marihuana en Guerrero, Sinaloa y en otros estados del país. Con Vicente Fox tuvieron tareas de seguridad hasta que en el 2006 se formó el Operativo Conjunto Michoacán.
En el sexenio de Felipe Calderón declaró la famosa Guerra contra el Narcotráfico, utilizando a las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado.
Esto llevó a que después de muchos años las cifras de violencia y muertes no disminuyeran, así como las violaciones a derechos humanos donde la marina y el ejercito fueron acusados.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) demostró que el promedio de los asesinatos, por mes, en el sexenio de Vicente Fox era de 973; mientras que en el de Calderón fueron mil 689.
Con el nombre de “daños colaterales”, pero en cada uno de los homicidios que se realizaron fue responsabilidad de las Fuerzas de seguridad, ejemplos de estos ataques son: “el asesinato de los estudiantes del Tec de Monterrey a manos de militares; el de dos infantes y tres adultos en Sinaloa, también por militares, o la familia asesinada en Nuevo Laredo por integrantes de la Marina”, comunicaron.
Las investigaciones entre los ataques a las personas demostraron que las mujeres también fueron parte del ataque a la violencia, según mencionó una investigación de las organizaciones Interseca, Equis Justicia para las Mujeres, el Centro de Estudios Ecuménicos y Data Cívica.
“A principios de la década del 2000 tres de cada 10 mujeres eran asesinadas con armas de fuego. Para 2021, eran seis de cada 10″, detalló la investigación.
En cuanto al ataque a la comunidad LGBT+ quienes más sufren el golpe son las mujeres trans en situación en vulnerabilidad y trabajadoras sexuales, siendo ellas las que “encabezan las cifras de violencia letal con arma de fuego”.
Uno de los casos que expone “Presentamos” fue la de Naomi Nicole “La Soñare”, mujer trans de 23 años que dos militares asesinaron. También colectivos trans recuerdan a Paola Buenrostro, cuyo homicidio fue efectuado por un exmilitar.
“La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, dos de cada 10 mujeres detenidas por la marina son violadas. La misma suerte corren una de cada 10 mujeres que arresta el ejército”.
En la comunidad indígena también se vivió violencia ya que me’phaa, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú fueron víctimas de violencia sexual por miembros del ejército en el estado de Guerrero.
Con el sexenio de Enrique Peña Nieto los homicidios aumentaron a dos mil 182 por mes. En su mandato los militares y marinos querían que se aprobara la Ley de Seguridad Interior (LSI), esto significa que podrían investigar, espiar y detener a la ciudadanía.
A pesar de que “integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) la aprobaron en diciembre de 2017″.
“Quienes hoy son la oposición en el Congreso y se desgarran las vestiduras contra el plan de militarización del presidente Andrés Manuel López Obrador, en una época apoyaron y utilizaron esta misma estrategia”, escribió la asociación.
Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que son la única institución de seguridad confiable y pidió que los legisladores de Morena aprobaran su iniciativa de ley donde “la Guardia Nacional dependa 100% de la SEDENA, encargándose de la organización, operación, distribución territorial, ingreso, formación, capacitación, especialización y profesionalización.
Esta decisión se tomó sin escuchar a las víctimas y sin importar que está ley va en contra de la Constitución.
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