“Que nadie se sorprenda”: Santiago Creel advirtió sanciones internacionales por reforma a la Guardia Nacional

Junto con un reclamo contra Adán Augusto López, el presidente de la Cámara de Diputados prevé responsabilidades de parte de la CIDH

Santiago Creel le contestó a Adán Augusto López Hernández por sus desplantes (Foto: Cortesía / Cámara de Diputados)

Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, advirtió que, derivado de la estrategia de seguridad pública promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), México podría ser sujeto de sanciones internacionales, además de acusar que el secretario de Gobernación miente y ataca a los gobernadores del PAN.

Este jueves 20 de octubre, el abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) convocó a una rueda de prensa desde la sala de conferencias del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde especificó que el Estado mexicano podría ser sujeto a “responsabilidades de orden internacional por la violación a los tratados internacionales”; además de que Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), ha atacado con mentiras a los gobernadores de su partido.

“Hemos escuchado, particularmente, al secretario de gobernación, con un lenguaje inusual —impropio de un secretario de gobernación—, señalando a los gobernadores de oposición y, además , haciéndolo con mentiras”

Y es que en la víspera del debate en tribunales por la reforma a la Guardia Nacional (GN) y de la comparecencia de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ante el Senado de la República, López Hernández criticó una contrariedad al interior del PAN, donde los gobernadores piden al Ejército en las calles para combatir la delincuencia y, al mismo tiempo, sus legisladores no quieren perpetuar este mecanismo.

En consecuencia, Santiago Creel declaró ante los medios de comunicación que cubren la fuente que los gobernadores piden la presencia de los elementos adscritos a la Sedena para combatir al crimen organizado, algo que, desde hace dos administraciones (Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto), es responsabilidad de las Fuerzas Armadas y no de las corporaciones de mandos civiles.

Para argumentar su postulado, especificó que los grandes generadores de violencia, como el huachicol, narcotráfico y extorsión, son delincuentes que violentan la seguridad interior de México: ”eso, señor secretario de Gobernación, sepa distinguir, eso no es seguridad pública”.

Bajo esa óptica, el panista hizo hincapié en diferenciar entre seguridad pública y seguridad interior. “Están violentando la integridad de nuestro territorio”, por lo que sostuvo que lo planteado por el gobierno federal y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es un falso debate en materia de seguridad nacional, de tal manera que exigió no más mentiras. Y, de igual manera, planteó lo que por definición tendría que aplicar para una estrategia de seguridad nacional.

López Hernández planteó una inconsistencia entre los gobernadores del PAN con los legisladores del mismo partido (Foto: Reuters / Luis Cortes)
“Las Fuerzas Armadas deben de esta desplegadas en todo el territorio de manera permanente y deben de resguardar la seguridad pública en términos que establece la Constitución”

Con esta última definición, señaló que las Fuerzas Armadas deben de contar con un mando civil, es decir, no deben de estar sometidas a un mando castrense; además, éstas deben de ser complementarias, lo que sería una contradicción, pues quien lleva a cabo dichas tareas mayormente es la GN, que está compuesta al 80% por elementos de la Sedena, por lo que acusó una grave violación a los convenios firmados por México en administraciones anteriores.

“Que nadie se sorprenda cuando vengan las responsabilidades de orden internacional por la violación a los tratados”

Ante esta situación, Creel Miranda señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por ejemplo, podría tomar cartas en el asunto y fincar responsabilidades específicas en este tipo de metodologías para garantizar la paz en México. De tal modo que, dejó ver la posibilidad de que organismos internacionales dedicados a revisar y garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos podrían llevar algún tipo de acciones contra el gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T).

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