Ismael Zambada García, el Mayo, máximo jefe del Cártel de Sinaloa, ha tenido intereses en incursionar en el robo de combustible y para ello designó lugartenientes que pudieran corromper a comandantes del Ejército.
El documento que apunta las ambiciones criminales del Mayo Zambada fue localizado entre los miles de correos electrónicos hackeados por el colectivo Guacamaya, quienes vulneraron la seguridad informática de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo con el informe clasificado, las intenciones del líder del Cártel de Sinaloa se obtuvieron a través de intervenir comunicaciones y dar seguimiento técnico a los probables operadores de la facción que responde a las órdenes de Zambada García, pues quiere expandirse a Hidalgo y Tlaxcala.
El presunto enlace del capo está identificado como C.O.Q., apodado el Trailero, quien tuvo la misión de negociar las irrupciones del grupo del crimen transnacional al mercado negro del robo de combustible, mejor conocido como huachicoleo.
Se trata de un ala que también se encarga del tráfico de drogas a Ciudad Juárez, Chihuahua, y la Sedena ha considerado a su dirigente como objetivo prioritario. De tal modo que no solo se busca mantener la ruta a la frontera de Estados Unidos, sino establecerse en una región central del país.
Según el documento, fueron interceptadas llamadas al Trailero durante conversaciones con un sujeto denominado el Enano. Este último no tendría mayor preparación escolar, pero coincidió y entabló comunicación con mandos militares responsables de batallones en Pachuca, Huejutla y Tlaxcala.
Las pesquisas de inteligencia señalan que el Enano tuvo contacto con jefes del Ejército en mesas de construcción de paz, así como encuentros vinculados a la seguridad física de las instalaciones y ductos de Petróleos Mexicanos en la red de Tuxpan-Tula. Supuestamente sería un funcionario local.
En el documento se informa a los altos mandos de la Sedena para que den seguimiento al enlace del Mayo Zambada y sea identificado, pues las intervenciones permitieron comunicar las operaciones de agosto pasado.
Por ejemplo, un coronel pidió que el Cártel de Sinaloa le ofreciera un regalo para que comenzaran las negociaciones y dejaran intervenir a sus designados en el negocio criminal del huachicoleo. De manera inicial, el Enano prometió que no atentarían contra la población ni generarían mayor violencia.
En otra serie de comunicaciones, el Trailero fue informado por su enlace local donde le dijeron que un coronel y un jefe de batallón de Hidalgo pidieron tres regalos más, pues también se cooptaría al comandante de la Zona militar de la entidad.
Fuentes consultadas previamente por Infobae México, aseguraron que el robo de combustibles es un delito penado en Sinaloa por los líderes narcos que dominan en la entidad. Pueden permitir el narcomenudeo al mismo tiempo que están contra del robo de autos, tal como acostumbran en Culiacán.
En la capital sinaloense, si un ladrón de vehículos reincide luego de advertencias, finalmente es ejecutado y junto a su cadáver abandonan un carrito de juguete. Aunque el Cártel de Sinaloa despliega a sus sicarios como protectores de la sociedad en su bastión, donde solo se enfoncan en el narcotráfico, fuera del territorio podrían expandir su mercado criminal.
Desde que comenzó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el combate al robo de combustible ha sido uno de sus principales intereses, de ahí que designó la tarea al Ejército y la Guardia Nacional. Los castrenses también custodian la circulación de pipas y planean rutas de distribución que surten a terminales de abastecimiento para las gasolinerías.
Como resultado, los grupos dedicados al robo de combustible, o huachicoleo, han tenido que reinventar sus métodos de ordeña, por lo cual acuden a obras de ingeniería improvisada para sofisticar el robo de hidrocarburo desde los ductos.
Actualmente existen siete ductos prioritarios en todo el país que significan 1,564 kilómetros. Los estados con mayor incidencia de huachicoleo son Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Nuevo León, Jalisco y Michoacán.
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