El PAN acusó en Europa que México se está militarizando

Los panistas acusaron que “lo que este gobierno pretende es replicar en México el modelo que en Nicaragua y Venezuela ha permitido al grupo gobernante perpetuarse en el poder”

Foto: Cuartoscuro

El líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, se reunió con representantes del Parlamento Europeo, para externar lo que su partido considera múltiples riesgos que enfrenta México relacionados con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde los rubros más preocupantes son la crisis de seguridad, la militarización del país y la presión a instituciones y actores políticos.

Marko Cortés, junto a la diputada federal, Mariana Gómez del Campo; y del director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, Julio Castillo López, acudieron a la sede del Parlamento Europeo, donde se reunieron con David McAllister, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, y con los eurodiputados Leopoldo López Gil y Antonio López-Isturiz White.

Además, los panistas sostuvieron encuentros con Patrick Voller, secretario de Relaciones Exteriores del Grupo del Partido Popular Europeo y con Cibrán Fernández Silva, asesor de política exterior del Presidente del Consejo Europeo, a quienes entregaron una carta.

Los panistas acuedieron a la sede del Parlamento Europeo

En dicha misiva explicaron que en México “la participación de las Fuerzas Armadas no es de manera extraordinaria, fiscalizada, subordinada, ni mucho menos complementaria, porque contrario a lo que dicta nuestra Constitución el mando nombrado en la Guardia Nacional es militar y es reconocido por el propio Gobierno Federal que el 80 por ciento de los integrantes de la corporación son militares, violentando nuevamente el carácter civil que debería tener”.

Además de exponer lo que ve como violaciones constitucionales, los panistas exhibieron al gobierno mexicano por desaparecer a la policía federal, además de quitar los recursos a las policías estatales y municipales, razones con las que, a decir de los blanquiazules, se “impuso una fallida estrategia de ‘abrazos´ a los criminales y de militarización del país”.

Dijeron a los parlamentarios europeos que como consecuencia de esa estrategia se generó lo que consideran el mayor número de homicidios y feminicidios de la historia, además que la inseguridad y la violencia están completamente fuera de control.

Marko Cortés y su comitiva también denunciaron la “participación consentida del crimen organizado en los pasados procesos electorales”, con lo que pidieron poner atención en la violencia que se filtra en la vida democrática de la nación.

Foto: Aaron García/Infobae México

Por ello pidieron la atención del Parlamento Europeo, pues a diferencia de los países democráticos en el mundo, México se está militarizando, no solo en materia de seguridad, sino también en funciones gubernamentales o civiles, como la construcción de infraestructura aeroportuaria, ferroviaria y bancaria, así como la administración de aduanas, puertos y aeropuertos.

“Nosotros consideramos que la intención real de este gobierno, al militarizar la seguridad pública y algunas responsabilidades gubernamentales, es tener mayor eficacia en la represión a la oposición y en la consolidación de un régimen autoritario. Ahí la enorme gravedad de esta medida”, adviertieron los panistas en el documento.

“Lo que este gobierno pretende es replicar en México el modelo que en Nicaragua y Venezuela ha permitido al grupo gobernante perpetuarse en el poder. Como parte de esto, hemos sido testigos, con enorme preocupación, de la impune participación del crimen organizado en los pasados procesos electorales” expusieron ante los europeos.

Foto: Gobierno de México

Con todos los elementos expuestos, solicitaron se considere emitir una resolución del Parlamento Europeo con recomendaciones o condenas ante los graves hechos que están sucediendo en México.

Por su parte, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que el 22 de enero de 2023 llevará a cabo su propia consulta para que sea el pueblo quien decida si el Ejército y la Marina deben seguir hasta 2028 su participación en labores de seguridad pública.

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