La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de hasta seis décadas de cárcel en contra de 19 integrantes de los Caballeros Templarios que realizaban actividades ilíctias de secuestro y narcotráfico.
Los 16 hombres y las tres mujeres fueron detenidos en Morelia, Michoacán, hace ocho años y medio, en febrero de 2014. Después de ese tiempo pasaron en procesos judiciales hasta que el juez los condenó con castigos distintos por privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada, contra la salud, portación de arma de fuego sin licencia; así como posesión de cartuchos y armamento de uso exclusivo de militares.
De acuerdo con el rerporte de la FGR, estas personas quedaron aseguradas luego de que se recibiera una denuncia anónima sobre el paradero. Fue así como intervinieron los puntos donde estaban y se les aseguró armamento, así como dosis de cristal.
Según los registros oficiales, la célula fue capturada luego de que propagaran el narcoterror con la quema y saqueo de tiendas Oxxo en los municipios de Tolcayuca, Tula y Tizayuca, en el estado de Hidalgo, así como en Tecámac, en el Estado de México.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que las detenciones se realizaron dos semanas después de registrar los delitos. A todos les decomisaron ocho armas largas y siete cortas; 10 vehículos; equipo de comunicación; 4 kilos de cristal, así como una caja con libros doctrinario de Nazario Moreno González, el Chayo, uno de los fundadores.
Al menos 10 de los Caballeros Templarios fueron detenidos en Huehuetoca, en la entidad mexiquense, donde mantenían secuestrada a una persona que fue liberada. El resto de los delincuentos fueron detenidos en la capital de Michoacán.
Los casos fueron procesados a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional en su Delegación de Jalisco. Fue así como se presentaron los datos de prueba y el Ministerio Público de la Federación realizó diligencias para lograr la sentencia.
Jorge Piña Pérez fue condenado a 61 años de cárcel por secuestro, portación de metanfetamina con fines de comercio, así como posesión de armamento de uso reservado a las Fuerzas Armadas. Blas Rodríguez Cruz y Berenice Jiménez Martínez deberán pagar 58 años por los mismos delitos.
Mientras que seis integrantes del grupo criminal recibieron de castigo 57 años tras las rejas. Se trata de Marcos Ricardo Ramírez Eleno, Guillermo Arias Maya, José Alberto Rodríguez López, Mario Manuel Márquez Estrada, Carlos Díaz Anaya y Victoria Vilchis Agüero.
A partir de ese grupo las penas fueron menores, pues ya no se contempló el delito de secuestro, aunque si enfrentaron los otros cargos de poseer drogas y armas. Francisco Javier Alcocer Aldana fue sentenciado a 11 años y su salida se prevé en 2025. Luis Arturo Garza Aguilar; José Julián Cabrera Barragán y/o José Julián Carrera Barragán; así como Juanita Vázquez Hernández recibieron 10 años de cárcel y quedarán libres en 2024.
Otros seis sujetos podrán librar el centro carcelario el próximo año, pues su castigo se estimó en nueve años. En 2023 quedarán absueltos Miguel Ángel Rodríguez Cázares, Juan Manuel Peralta Cervantes, Víctor Manuel Mendoza Victoriano, Víctor Hugo Aguilar Magaña, José Aarón Torres Estrada y Felipe Santoyo García.
Los Caballeros Templarios se desplomaron en su fortuna con la detención de su líder, Servando Gómez, la Tuta, en febrero de 2015. En ese año, el grupo tenía presencia en ciudades estadounidenses como Portland, Salem, Birminghan, Las Vegas y Fresno.
La banda criminal, con experiencia en corromper funcionarios y obtener pagos de empresas, negocios inmobiliarios y agricultores, entró a la minería con aplomo. Por ejemplo en 2014, cuando en un pequeño poblado de caminos montañosos, reunieron cientos de camiones para llevar el mineral al puerto de Lázaro Cárdenas.
De acuerdo con los reportes, se trataba de la comunidad de Arteaga, donde nació la Tuta, el exprofesor que lideró a los Caballeros Templarios, tras sustituir a la Familia Michoacana. Esta facción fue fundada por Enrique Plancarte Solís, excabecilla abatido por la Marina Armada de México en un enfrentamiento en Querétaro en 2014.
En este último año se articularon civiles armados para combatir a los comandados por Servando Gómez, a través de autodefensas. Sin embargo, algunos delincuentes se incorporaron a la fuerza rural para ser perdonados y no resultaran perseguidos por las autoridades.
Después, el gobierno de Enrique Peña Nieto legalizó al grupo civil, pero finalmente terminaron corrompidos y cometiendo actividades delictivas a las que estaban acostumbrados los falsos convertidos.
Con el paso del tiempo quedaron sus remanentes que siguen operando en la venta de drogas en Michoacán, así como el cobro de cuotas. En la actualidad se les ha identificado en zonas de Apatzingán aliados a otras células bajo la marca de Cárteles Unidos que no quieren perder sus feudos criminales ante la irrupción del Cártel Jalisco Nueva Generación.
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