Este martes se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó dos nuevas órdenes de aprehensión en contra de José Luis Abarca —exalcalde de Iguala— y María de los Ángeles Pineda Villa —su esposa— pero no por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Fuentes judiciales y funcionarios cercanos al caso confirmaron que las órdenes de arresto fueron libradas desde el pasado 16 de septiembre por el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, luego de considerar que existían elementos suficientes para vincular a la pareja con Guerreros Unidos, el grupo criminal señalado por la desaparición y ejecución de los normalistas.

Ese mismo día, de acuerdo con los reportes extraoficiales, la Fiscalía cumplimentó los arrestos. Según informaron medios como Milenio y Animal Político, el mismo juez ordenó también la captura de Felipe Flores Velázquez, exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, así como de otras cuatro personas por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.

La nueva orden habría sido concedida a la FGR dos días después de que un juez federal absolviera a Abarca por la desaparición de los 43 normalistas (catalogada como un secuestro) pues señaló que no existían pruebas contundentes que demostraran su responsabilidad en dicho delito. La sentencia absolutoria fue dictada el 14 de septiembre por el Juzgado Tercero de Distrito en procesos penales federales de Tamaulipas.

Sin embargo, eso no fue suficiente para que el exalcalde de Iguala obtuviera su libertad inmediata, ya que existe la posibilidad de que la FGR apele la sentencia ante un Tribunal Unitario de Circuito.

Sumado a ello, José Luis Abarca enfrenta actualmente otros dos procesos penales, uno por delincuencia organizada y el otro por homicidio. Por tales motivos, permanecerá —junto con su esposa— en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde fue recluido hace ocho años, luego de ser detenido un 5 de noviembre de 2014.

Cabe recordar que luego de la absolución concedida la semana pasada a Abarca, numerosas organizaciones civiles, así como defensores de derechos humanos, señalaron la irregularidades e inconsistencias en el proceso que culminó con dicha determinación.

Uno de los elementos que resaltaron fue la incorrecta tipificación del delito en el proceso contra el exalcalde, ya que se hablaba de secuestro y no de desaparición forzada, por lo que la absolución habría sido responsabilidad no del juez que la otorgó, sino de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) dirigida en ese entonces por Jesús Murillo Karam.

Las más recientes investigaciones de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ), dadas a conocer por Alejandro Encinas —subsecretario de Derechos Humanos— revelaron el posible nexo de José Luis Abarca con el cártel de Guerreros Unidos mediante mensajes intercambiados por presuntos miembros del grupo criminal la noche del 26 de septiembre y los días siguientes.

En una de las conversaciones se puede observar que Gildardo López Astudillo —El Gil— se comunicó con Sidronio Casarrubias —El Chino— y le aseguró que “tuvieron una reunión con A1 y los asesores de México” y que “los licenciados y la gente de México” ya tenían “el circo armado”.

En dichos mensajes, según informó Encinas, A1 sería el código con el que los presuntos criminales se referían a José Luis Abarca.

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