El panista Jorge Luis Lavalle obtuvo la prisión domiciliaria

El exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Lavalle, quien se encontraba preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México (CDMX) desde hace casi año y medio, obtuvo la prisión domiciliaria, por lo que abandonaría la cárcel en las próximas horas; a cambio deberá usar un brazalete electrónico.

De acuerdo con el periodista Pablo Iriart, fuentes del PAN le confirmaron a El Financiero que el exlegislador obtuvo el cambio de medida cautelar días después de que el expresidente de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, obtuviera un amparo para que se revise su caso y se resuelva si se confirma, modifica o revoca la medida cautelar de la prisión preventiva en su contra.

Y es que Lavalle Maury fue señalado por el exdirector de Pemex, de recibir sobornos con dinero de la empresa brasileña Odebrecht para aprobar la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.

Era el único político preso por los señalamientos de Lozoya Austin. Está acusado de  los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

Cabe recordar que el exsenador Jorge Luis Lavalle permanecía recluido en un penal desde el 13 de abril de 2021, cuando el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia lo vinculó a proceso y decretó prisión preventiva justificada.

Lavalle Maury, originario de Campeche, fue imputado por la FGR luego de que Emilio Lozoya denunció que el ahora exlegislador formaba parte de un grupo de senadores panistas que pedía dinero y favores para aprobar la Reforma Energética en 2013.

Según Lozoya, el dinero presuntamente entregado a los albiazules, supuestamente formaba parte de los sobornos realizados por la constructora brasileña Odebrecht.

En un video publicado en redes sociales en agosto de 2020 se mostró cómo le fueron entregadas maletas de dinero a Guillermo Gutiérrez Badillo, quien fue secretario particular del exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, así como a Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, de la cual Lavalle era secretario.

“El grupo que ejecutaba estas extorsiones era el compuesto por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury”, aseveró Lozoya en su denuncia interpuesta ante la FGR.

De acuerdo con los dichos de Emilio Lozoya, las entregas de dinero a los políticos panistas se llevaron a cabo en sus oficinas, ubicadas en Marina Nacional número 329, en la Ciudad de México.

“A solicitud de Luis Videgaray Caso (quien en ese entonces era secretario de Hacienda) recibía instrucciones y a diversos legisladores de oposición, cuyas exigencias ascendían en un primer momento a 50 millones de dólares para dar su voto a favor de la reforma energética”, dijo Lozoya ante la FGR.

A inicios del mes de septiembre, la magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, ordenó estudiar de nuevo el caso de Emilio Lozoya Austin, acusado de participar en la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó dicho amparo.

Y es que la resolución del Tribunal podría ocasionar que el ex funcionario priista pueda dejar el Reclusorio Norte de la Ciudad de México y llevar su proceso en libertad al dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva justificada en su contra.

En su argumentación de impugnación, la FGR aseguró que Lozoya Austin podría tener acceso a 2 millones de euros de la empresa JF Holding, de la cual es accionista, recursos que le facilitarían huir del país de nueva cuenta, entre otros.

Aunque la sentencia de la magistrada Rodríguez Escobar no ordena la inmediata libertad de Lozoya, sí establece que se revise su caso y se resuelva si se confirma, modifica o revoca la medida cautelar de la prisión preventiva, debido a que en el amparo que le concedió considera que se cometieron violaciones formales de fundamentación y motivación en la resolución dictada por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, tras resolver un recurso de apelación.

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