El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció a principios del pasado agosto que presentará un decreto para, de manera oficial, pasar el mando de la Guardia Nacional –hasta ahora en teoría de tinte civil– a la Secretaría de la Defensa. Es decir, en su propuesta, que ya se votó en el Senado, los militares se quedarán con el control total de la seguridad del país. No es cualquier gesto: se trata del punto que más adolece a una nación vulnerada desde hace varios años por el crimen organizado. Y por eso, el anuncio del mandatario ha despertado varias alertas que consideran esa decisión como una tragedia, tomando en cuenta los graves errores, en caso emblemáticos, en los que ha incurrido el Ejército al asumir tareas policiacas civiles.

Cabe señalar que en 2019, recién empezó su gestión, López Obrador hizo el cambio de corporaciones de seguridad, de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Desde un año antes, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, defendió el carácter civil del cuerpo policiaco. La funcionaria argumentaba, precisamente, lo necesario que era tener a ese sector separado de los soldados, puesto que los primeros velaban por garantizar el bienestar de la ciudadanía, mientras los segundos lo hacían por la soberanía nacional.

Sin embargo, la predilección de López Obrador por las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) no ha sido disimulada y mucho menos un secreto puesto que ha dejado en sus manos cuestiones como el resguardo de la vacunación contra el COVID-19; la construcción de sus obras insignia, como su nuevo aeropuerto, el Tren Maya o las sucursales del Banco del Bienestar; la administración de aduanas en los puertos. Incluso, hay expertos en el tema que advierten que la decisión de AMLO es una mera formalidad, puesto que la Guardia Nacional ha sido conformada por mismos soldados.

Pero el sol no se puede tapar con un dedo... y ni siquiera la mano entera alcanzaría para tratar hacer olvidar las ocasiones en que los militares han incurrido en graves faltas a la ciudadanía, lideradas por las violaciones a los derechos humanos, y han salido intactos.

Desde aquella noche trágica en Iguala, Guerrero, del 26 de septiembre de 2014, en la que desaparecieron los 43 normalistas, cuyo caso se hizo emblema mundial del peligro que se vive en México, los padres de las víctimas han apuntado a elementos del Ejército inmiscuidos en los hechos. En su momento, el entonces secretario de la Defensa Pública, Salvador Cienfuegos, se negó a que los soldados fueran interrogados.

Sin embargo, a finales del mes pasado, se dio a conocer un informe que sepultó por completo la “verdad histórica” del entonces procurador del país, Jesús Murillo Karam —ahora detenido por los mismos hechos— y reveló que sí habría participación del Ejército en los hechos. Se señala, por ejemplo, que entre los normalistas había un militar infiltrado, quien también habría desaparecido y que no fue registrada ninguna alerta de búsqueda.

De igual manera, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, indicó tras la publicación de ese informe que seis de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos en un lugar denominado como la “bodega vieja” y que el 30 de septiembre fueron ultimados y desaparecidos “por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez”.

El 30 de junio de 2014, en la comunidad San Pedro Limón, perteneciente al municipio de Tlatlaya, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega a manos de miembros del Ejército. Entre los muertos había un menor de edad.

Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que esto fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería, investigaciones periodísticas, el testimonio de una sobreviviente y la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) revelaron que entre 12 y 15 de las personas que murieron fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido. Además, se alteró la escena del crimen para encubrir a los responsables y se torturó a las sobrevivientes para que no revelaran lo sucedido.

Los siete militares que estuvieron involucrados en el asesinato de 22 presuntos delincuentes ocurrido en 2014 en Tlatlaya, Estado de México, y que fueron liberados en 2015 y 2016 por falta de elementos, fueron reaprehendidos a mediados de marzo de 2021.

Un 22 de marzo de 2002, en un escenario protagonizado por la fuerte presencia militar que había en el estado mexicano de Guerrero, Inés Fernández Ortega, una mujer indígena perteneciente a la comunidad indígena Me’phaa, se encontraba en su domicilio en Barranca Tecoani, donde vivía junto con su esposo Prisciliano Sierra y sus cuatro hijos. De un momento a otro, un grupo de aproximadamente once militares, vestidos con uniformes y portando armas, entraron a su casa.

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Ahí, uno la encañonó con un arma ordenándole tirarse al piso. Luego, otro la violó sexualmente, mientras los otros dos veían. Posterior a esos hechos, la víctima hizo todas las denuncias correspondientes, en búsqueda de justicia por lo que sufrió, sin tener éxito alguno.

El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en agosto de 2010 concluyó que el Estado de México resultó internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de la señora Inés Fernández Ortega.

En 2012 recibió una disculpa pública de parte del entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

Aún con esos ejemplos y las claras arbitrariedades cometidas por elementos del Ejército, el presidente López Obrador reciéntente declaró que las “manchas” y los errores de los militares mexicanos fueron “por las decisiones que han tomado los gobiernos civiles, porque no hay que olvidar que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente”.

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