La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reanudó la sesión para el análisis y discusión de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) y su presunta inconstitucionalidad - como parte del proyecto del ministro, Luis María Aguilar.
Cabe señalar que la sesión anterior, del 5 de septiembre, cerró con dos votos a favor de la iniciativa y tres en contra, siendo estos últimos los correspondientes a los ministros Loretta Ortíz, Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán.
La sesión inició con la intervención del ministro, Jorge Mario Pardo, quien se unió a quienes no apoyarán el proyecto. En ese tenor, aclaró que la razón de su postura obedece a “los vicios” colmados en la Carta Magna para justificar la inclusión de delitos adicionales como acreedores de la PPO, tal es el caso como los fiscales.
“Los delitos fiscales, no en todos los casos, ni circunstancias, ponen en riesgo al estado mexicano. Creo que es desproporcional su inclusión”, señaló en la Sesión de este 6 de septiembre.
La SCJN como ente apto para inhabilitar a la Constitución: de regreso al debate
Cabe señalar que el juez no ahondó en la falta o no de la capacidad de la Corte para abordar la materia. No así su homóloga, Margarita Ríos Farjat, quien - antes de ello - subrayó que la PPO figura como un doble discurso del Estado que atenta contra los Derechos Humanos (DDHH).
Bajo ese tenor, agregó que la medida también representa un “instrumento engañoso” para medir el éxito de una política pública de seguridad o de procuración de justicia.
Ante ello, Ríos Farjat declaró que, pese a no estar de acuerdo con dejar inoperante el polémico artículo 19, sí respalda su reinterpretación a favor de la protección a los DDHH de las personas imputadas: “Esto no equivale a abrir prisiones, sino modular la parte perniciosa de su esencia”, atajó.
“Mi voto es contra la inaplicación del Artículo 19, pero a favor de la interpretación del núcleo central del parámetro de constitucionalidad para reconducir la figura de la PPO en México”.
A la oposición del proyecto también se unió el ministro, Javier Laynez Potisek, pues, a pesar de reconocer a Luis María Aguilar por “la solidez” de los argumentos, que la iniciativa no desarrolla el por qué la SCJN está facultada para ello; retomando así el debate de dicha materia.
“Adolece de las consideraciones respecto al por qué la Suprema Corte sí pudiera hacer eso (inhabilitar la Carta Magna). (...) El proyecto no me resulta ni el adecuado, ni el suficiente para que yo pueda decir: ‘voy con el proyecto’”, mencionó.
No obstante, el ministro destacó que es la ciudadanía la que queda vulnerable ante un uso excesivo de la PPO en materia de los delitos que requieran dicha medida: “Coloca al ciudadano en el peor de los escenarios posibles”, atajó y señaló que la presunción de inocencia no debe contraponerse con los derechos de las víctimas.
“No soslayemos, hay otras medidas que pueden imponerse para lograr el mismo objetivo”, puntualizó.
“La presunción de inocencia no se debe contraponer con los derechos de las víctimas: lleva consigo que la regla general debe ser siempre que el inculpado esté en libertad con 14 medidas cautelares que puede imponer el Ministerio Público”.
En su participación, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, coincidió con la conclusión del proyecto, pero se apartó de sus consideración. Señaló que la Suprema Corte debe integrar el parámetro vía interpretación a partir del principio pro persona. En ese tenor, destacó: “La verdadera amenaza a la división de poderes no es una Corte que integre un parámetro de control, sino cuando una sola rama priva arbitrariamente a una persona de su libertad sin el contrapeso de otro poder”.
Por su parte, el ministro Arturo Zaldívar indicó que para él es un proyecto serio y bien estructurado, también humano para mexicanos que son inocentes en prisión preventiva. “Siempre sostuve y he votado así, que las restricciones cuando tocan el núcleo de un derecho deberemos privilegiar el contenido de derecho de conformidad”.
Asimismo cuestionó: “Imagínense lo que va a suceder si se decanta la votación como veo. Para los presuntos delincuentes de cuello blanco no va a haber prisión preventiva oficiosa y ¿para el resto del pueblo mexicano sí? ¿Eso es correcto?”.
Dejó en claro que la prisión preventiva oficiosa viola el derecho de presunción de inocencia, ya que “lo lógico es que una persona no esté en prisión hasta que haya una sentencia que demuestre su culpabilidad”.
Zaldívar recalcó que la mayoría de los que se encuentran en la cárcel son pobres y afecta más a las mujeres. También señaló que muchas veces se fabrican delitos para que se mantengan en prisión preventiva oficiosa.
“Por simples sospechas se detienen a las personas”, declaró Loretta Ortiz Ahlf; sin embargo, destacó que abrir la puerta en este tema es “abrirla completamente a todo”.
El ministro Luis María Aguilar Morales que buscaba inaplicar el artículo 19 de la Constitución Mexicana y con ello invalidar la prisión preventiva oficiosa, pidió que se levantara la sesión para que el próximo jueves a las 11:00 horas se realizara la votación.
Arturo Zaldívar, ministro presidente convocó al próximo jueves para que Luis María Aguilar diera su réplica y expusiera sus puntos y así voten sobre la prisión preventiva oficiosa.
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