MCCI señaló al Caso Segalmex como la “Estafa Maestra” de la Cuarta Transformación

Tras el anuncio de la detención de Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por el Caso Ayotzinapa mucho se ha cuestionado sobre si la acción supondrá por fin un acceso a la justicia para las víctimas o si únicamente se trata de un acto político.

Y es que en el caso de funcionarios públicos la justicia parece solo aparecer a merced de ciertos intereses tal y como se ha demostrado con el Caso Segalmex el cual desde años anteriores puso en la mira omisiones e inconsistencias en el manejo de recursos de la dependencia que hasta el momento ha dejado alrededor de 11 mil millones de pesos desaparecidos. ¿Los involucrados? Servidores públicos de la actual administración del país, miembros de la autodenominada Cuarta Transformación.

Dichas inconsistencias han sido documentadas por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) desde el año 2020, no obstante, no se ha realizado ningún avance significativo en la investigación de dichos hechos, situación que ha llevado a la organización civil a cuestionar si el Caso Segalmex será como la llamada Estafa Maestra, escándalo de corrupción que caracterizó el sexenio del expresidente priista, Enrique Peña Nieto.

En el año 2020 Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) comenzó a investigar a Segalmex, descubriendo así una red de corrupción ligada a la entrega de convenios multimillonarios irregulares a personas ligadas al partido Movimiento Ciudadano, así como el extravío de estados financieros y el otorgamiento de contratos a empresas fachadas vinculadas con empresarios que ahora construyen desarrollos inmobiliarios de lujo.

La organización civil detalló que tan solo en sus primeros dos años de operaciones, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 11 mil millones de pesos en Segalmex, superando los 7 mil 600 millones reportados en la llamada “Estafa Maestra”.

No obstante, dicho dato es tan solo la punta del iceberg de todo el problema que comenzó en agosto de 2018 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Ignacio Ovalle como el titular de la recién creada Seguridad Alimentaria Mexicana. Cabe mencionar que dicho funcionario se vio envuelto en una polémica hace 30 años cuando, junto a Raúl Salinas de Gortari, estuvo a cargo de la gestión de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).

Las primeras advertencias sobre lo que pasaba en Segalmex comenzaron a surgir en septiembre del año 2019 cuando medios de comunicación informaron que la dependencia estaba otorgando cientos de millones de pesos en contratos sin licitar.

Ya para junio de 2020, el exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, presentó su renuncia al cargo tras verse envuelto entre múltiples señalamientos de corrupción. Fue en ese mismo año pero en el mes de agosto que las investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) comenzaron a rendir frutos y se reportó que Liconsa otorgó dos convenios multimillonarios para el secado de leche a Alejandro Puente, un empresario ligado al partido Movimiento Ciudadano, mismo en donde militó Ignacio Ovalle.

Rumbo a noviembre de 2020, se expuso que en su evaluación de Cuenta Pública de 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que Segalmex no acreditó el destino de 3 mil millones de pesos.

Los escándalos de Segalmex continuaron en gran medida en 2021 pues en julio, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que dicha dependencia otorgó 797 millones de pesos a una red de empresas fachada que incumplieron con entregar herramientas como pesticidas, costales y lonas que servirían para proteger y almacenar granos como el maíz y el frijol.

Siguiendo dicha línea de investigación, en agosto de ese mismo año la organización civil dio a conocer que Segalmex contrató como su nuevo gerente de operaciones a Bernardo Fernández Sánchez, socio de grupo Kosmos, un corporativo acusado de corrupción y lavado de dinero mediante el envío de alimentos a sobreprecio a Venezuela.

Extrañamente y tras una meticulosa revisión de auditorías internas, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Liconsa extravió estados financieros correspondientes a cinco meses, así como que opera con pérdidas millonarias.

Las pesquisas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) continuaron hasta a inicios de este 2022 cuando revelaron que Segalmex otorgó un contrato de 245 millones de pesos a una empresa que no tenía empleados registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); dicha compañía tenía como objetivo entregar equipo destinado al control de calidad de los granos.

Con dichos precedentes poco a poco la omisión se hacía inviable para las autoridades mexicanas y, de este modo, el Gobierno Federal anunció que destituyó de sus cargos y denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a tres altos mandos de Segalmex entre los que se encontraban el director de Comercialización, Manuel Lozano Jiménez; el director de Operaciones, Bernardo Fernández Sánchez y el director Jurídico, Carlos Dávila Amerena.

En febrero de 2022 y como había ocurrido en años anteriores, en su evaluación de la Cuenta Pública 2021 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que Segalmex no pudo acreditar el destino de 8 mil millones de pesos. El 21 de ese mismo mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció durante su tradicional conferencia matutina que había denuncias presentadas por los malos manejos en Segalmex, no obstante, en lo que refiere a Ignacio Ovalle -a quien nombró titular de dicha dependencia- pidió no hacer “juicios sumarios”.

En una investigación más profunda que conllevó a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a revisar los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la organización civil dio a conocer que dentro de Liconsa operó una red de corrupción a través de convenios multimillonarios para el secado de leche firmados con empresas, tales como Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (COPROLAC).

Días más tarde, en marzo se reveló que empresarios ligados a la red de seis empresas fachada que ganaron 797 millones de pesos en contratos con Segalmex, actualmente se encuentran construyendo desarrollos de lujo en Yucatán a través de la inmobiliaria Aura. Pero eso no fue todo pues también se expuso que el hijo de René Gavira Segreste, exdirector de Finanzas de Segalmex, adquirió un departamento en San Antonio, Texas, que pertenecía a la hermana del director de Coprolac, una de las empresas beneficiadas por Liconsa.

Fue en abril de 2022 que la Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a René Gavira Segreste por la compra de certificados bursátiles con dinero público. No obstante, se descartó por completo que dicha dependencia buscara proceder en contra de Ignacio Ovalle a quien tiempo después se le confirmó su responsabilidad en la autorización de la compra.

Ya para este punto la tensión de que Ignacio Ovalle fuera titular de Segalmex era demasiada por lo que el Gobierno Federal optó por hacer un cambio en la alineación designando a Leonel Cota Montaño como el director general de la mencionada dependencia. En tanto, pese a las múltiples acusaciones de corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Ovalle como el nuevo director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

Cabe mencionar que las acusaciones en contra del polémico funcionario no pararon ahí pues en mayo de 2022 una investigación del medio Animal Político reveló que Ignacio Ovalle autorizó inversiones ilegales por 950 millones de pesos en la compra de bonos bursátiles utilizando presupuesto de Segalmex.

Pese al largo historias de inconsistencias, pruebas y señalamientos, el Caso Segalmex se ha tratado con opacidad e indiferencia, dejando en claro una vez más que, aunque algunos exservidores públicos se encuentran actualmente en prisión pagando sentencias por los ilícitos que cometieron, en México la justicia “no mide a todos con la misma vara”.

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