Este miércoles 24 de agosto el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, se presentará a su audiencia en el juzgado del Reclusorio Norte donde el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia decidirá si lo vincula a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso de Ayotzinapa.
El juezgador impuso el sábado pasado le medida cautelar de prisión preventiva justificada a Murillo Karam, por lo que el ex procurador suma cinco días en prisión hasta hoy.
En esa audiencia, la defensa del ex funcionario solicitó duplicidad del término de ley, y en respuesta la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la medida de prisión preventiva justificada, argumentando que Murillo posee los recursos y los contactos para sustraerse de la acción de la justicia.
Sin embargo, la defensa de Murillo Karam replicó padecimientos crónicos para que Murillo Karam pueda llevar su proceso en libertad, no obstante, el juez consideró que existe un riesgo de fuga por tener un patrimonio de más de 85 millones de pesos.
En caso de que el ex titular de la PGR sea vinculado a proceso este miércoles, el juez definirá la medida cautelar para el transcurso del proceso.
La defensa de Murillo Karam adelantó que presentarán en esta nueva audiencia pruebas que van a dejar en claro lo que sucedió en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
“Son cosas que pueden probar claramente qué pasó y cómo pasó”, dijo la defensa del acusado.
El abogado Javier López García mencionó que los datos de prueba que ofrecerá Murillo Karam,este miércoles serán documentos y fotografías.
Sobre la audiencia inicial del sábado en la que se informó a Murillo los delitos por los que se le acusa, se dio a conocer que el juez regañó a los fiscales de la FGR por no conocer a fondo el expediente.
AMLO ve responsabilidad en Murillo Karam por la “verdad histórica”
López Obrador se refirió a la audiencia que tiene este miércoles el extitular de PGR en la que podrían procesarlo por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
“Los jueces van a escuchar la opinión de todos y ojalá y hablen, que todos hablen, si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden”, manifestó.
Cuestionado en su rueda de prensa matutina, el mandatario consideró que Murillo Karam podría acogerse al “criterio de oportunidad”, una figura legal en México que permite a un testigo declarar bajo protección o con negociación de penas más bajas.
El pasado lunes 22 de agosto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador consideró que el ex titular de la PGR tiene una responsabilidad por encubir a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“En el caso del procurador Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la fiscalía”, dijo el Ejecutivo en su conferencia mañanera.
Uno de los elementos de prueba que presentó la actual Fiscalía General de la República en contra de Murillo Karam es una declaración realizada en octubre de 2014, cuando el gobierno federal atrajo la investigación por los hechos violentos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre.
“Seremos los responsables directos de esta investigación” dijo en aquél entonces Jesús Murillo Karam, quien agregó “La indicación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es que con toda la fuerza del Estado actuemos para encontrar la verdad”.
Luego de varios meses de pesquisas, el entonces procurador General de la República anunció, en lo que llamó la “verdad histórica”, que los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados, asesinados e incinerados en el basurero del municipio de Cocula a manos de un grupo del crimen organizado.
Las palabras del procurador generaron una fuerte reacción social ante la sensación de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto parecía apresurado por cerrar el caso debido a una creciente ola de críticas que llegaron a nivel internacional.
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