Uno por uno, los nombres de los abogados, auditores y notarios mexicanos vinculados al narco

(SEGUNDA PARTE) Cuando se habla de la guerra contra el narco en México, una lección que se aprendió en más de una década es que el combate frontal a los cárteles de la droga no es suficiente. Esta confrontación -sumado a la inacción, impericia, complicidad o poco margen de maniobra del gobierno federal- provocó una fragmentación con el surgimiento de nuevos y más grupos criminales que tiñeron de sangre al país.

La detención de los cabecillas tampoco resulta totalmente efectiva, ya que ni siquiera la caída y extradición a Estados Unidos de uno de los narcotraficantes más infames en la historia, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, restó poder a la organización criminal de la que fue cofundador: el Cártel de Sinaloa le torció el brazo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el 17 de octubre de 2019, cuando sitió la ciudad de Culiacán, para conseguir la liberación de uno de los herederos de la dinastía: Ovidio Guzmán.

Ovidio, uno de los hijos del Chapo, es buscado por Estados Unidos, pero bajo el argumento de evitar que una reacción más violenta de la organización criminal cobrara vidas inocentes, el gobierno de AMLO lo dejó ir. Abrazos.

Más recientemente, en las últimas semanas, otra poderosa corporación criminal, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha desatado el pánico en los estados de Baja California, Colima, Guanajuato, Jalisco, por mencionar algunos, con quema de vehículos y cierre de carreteras como reacción a distintos operativos para detener a jefes de plaza.

Tanto en 2019 como ahora el mensaje de los jefes narco es el mismo: tiene la capacidad de fuego para poner de cabeza al estado si se trata de detener a sus líderes.

Para especialistas que se dedican a analizar el complejo mundo de las drogas, uno de los elementos clave para restar poder a los cárteles mexicanos es actuar sobre su estructura financiera. Cerrar la llave del dinero que les permite a través de empresas y negocios legalmente constituidos blanquear capitales y tener flujo de efectivo para sus operaciones ilícitas.

Dentro de esta estructura “narcolegal”, se encuentran abogados, auditores, notarios y exfuncionarios que muy pronto podrían estar entre “los más buscados” de Washington. Si bien es cierto que las empresas a las que están ligados estos nombres ya fueron sancionadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), las acciones contra los individuos buscan dar un golpe a la delincuencia organizada en un intento por frenar su avance criminal.

Entre los primeros nombres sobre los que el gobierno de Estados Unidos estaría preparando acciones individuales se encuentran personas que han facilitado o forman parte de las estructuras de empresas ligadas por la OFAC al grupo criminal encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y su brazo financiero “Los Cuinis”, fundador por la familia de su esposa, Rosalinda González Valencia.

Una lista de seis personajes en poder del equipo de investigación de Infobae revela que se trata de profesionales que facilitan la vida de los capos con empresas de publicidad, restaurantes y agricultura por mencionar algunas.

Infobae investigó sobre estos personajes en consultas a documentos públicos relacionados con las empresas a las que representan, registros profesionales, redes sociales, así como un rastreo de los domicilios reportados en documentos públicos.

Un elemento en común de estos personajes es que la mayoría son fantasmas que no tienen redes sociales, de los que no se encuentra información en los navegadores de internet y que a pesar de cumplir con acciones legales o presentarse como profesionistas, no cuentan con cédula profesional.

Aunque el nombre de “Abel Torres Vázquez” sólo arroja cinco páginas de resultados al hacer una búsqueda en Google, este personaje se encuentra en la mira luego de que la OFAC etiquetara como “Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT)” a dos empresas en las que figura como representante legal y accionista.

Se trata de AHOME REAL ESTATE S.A. DE C.V., ―designada el 19 de agosto de 2015― y de AGRÍCOLA/AGRICULTURA TAVO S.P.R. DE R.L. ―designada el 4 de abril de 2016―, la primera de ellas una empresa del sector inmobiliario y la segunda dedicada a las materias primas, las cuales guardan relación con Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, una organización aliada al CJNG.

En las designaciones la OFAC apunta que ambas empresas están dirigidas o controladas por Diana María Sánchez Carlón y/o Jennifer Beaney Camacho Cazares (esposa de “El Cuini”) ―ambas designadas por la OFAC por ayudar a González Valencia en las actividades ilícitas de tráfico de drogas y administración de activos―, sin embargo, datos arrojados por el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) de la Secretaría de Economía de México precisa que estas compañías aparecen a nombre de Abel Torres Vázquez.

El Registro Nacional de Profesionistas arroja cuatro perfiles al hacer una búsqueda de este nombre: una persona que estudió en el sector salud con una especialidad en Medicina Nuclear; otro personaje que es Médico Cirujano por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); uno más que es Técnico en Agronegocios del C.B.T.A 24 en Cintalapa, Chiapas; y otro que es Técnico en Electromecánica por parte del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco.

Al hacer una búsqueda en redes como Facebook, Twitter o LinkedIn, el nombre de Abel Torres no aparece.

Según los registros de la Oficina, la empresa AHOME REAL ESTATE S.A. DE C.V. se encuentra ubicada en la calle Alberta No. 2166 en la colonia residencial Colomos Providencia en la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco.

Al indagar con Google Maps se puede apreciar que en el lugar hay una casa en cuya descripción se añade “edificio multiusos”. Al hacer un street view por año se puede ver que en abril del 2015 (año en que la empresa fue designada por la OFAC) el lugar fue puesto en renta.

Esa misma dirección la OFAC la tiene registrada para Silvia Romina Sánchez Carlon, en la mira de las autoridades estadounidenses junto a Diana María, su hermana; Jennifer Beaney, Wendy Dalaithy Amaral, esposa de Gerardo “El Lalo” y a otras administradoras como María Elena Márquez Gallegos.

AHOME REAL ESTATE, cuyo RFC es ARE0906295S0 y responde al Folio Mercantil 55910, tenía una segunda dirección registrada según la OFAC en la calle Albino Aranda No. 3525 en la Colonia Rinconada Santa Rita, en la capital jalisciense.

Según Google Maps, este lugar está a sólo 10 minutos en automóvil de la primera dirección registrada y, al igual que la otra ubicación, en la descripción se lee que se trata de un “edificio multiusos” aunque a simple vista es una casa. A diferencia del primer recinto, no se observan cambios notorios o letreros al hacer un street view entre los años 2009 al 2021.

Esta dirección también ha sido registrada como vivienda de María Elena Márquez Gallegos, amonestada por la OFAC el 23 de febrero de 2017.

En esa misma dirección también aparece registrada otra empresa: ALXISA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., que además de no está como marca registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), tiene una página web que no funciona, su Facebook dejó de tener actividad en el 2019 y en su cuenta de Instagram la última publicación es del 4 de mayo de 2022, en donde además no interactúan con quienes llegan a hacer comentarios y en donde hay algunas fotografías que coinciden con otras ya existentes en la web.

Según la información de las autoridades estadounidenses, AHOME REAL ESTATE era una de las propietarias de Plaza Comercial Los Tules, un centro comercial en Zapopan, Jalisco, así como del centro comercial Xaman Ha Center, en Playa del Carmen, Quintana Roo, que estaban ligadas a “Los Cuinis”. Luego de que la empresa fuera designada, otras de nombre Yorv Inmobiliaria y Grupo Segtac, S.A. de C.V. fueron nombrados como los nuevos administradores de las propiedades en un intento de dar la vuelta a las sanciones, aunque no tuvieron éxito pues también se colocaron en la mira de autoridades estadounidenses.

En internet también hay un rastro de interacción entre esta empresa y el ayuntamiento de Zapopan en el año 2016, cuando le giró un cheque o una transferencia (ACDEV-IP1400/2016/T-4684) por la cantidad de $5859.59 pesos por un “acuerdo de devolución por sentencia en el juicio de amparo 2253/2016″ pago de actualizaciones derivado del incidente innominado, solicitado por el jurídico de ingresos”. El enlace en el que viene registrado está roto, sin embargo, aún se puede consultar el caché.

Sobre la segunda empresa relacionada a Abel Torres Velázquez, AGRÍCOLA o AGRICULTURA TAVO S.P.R. DE R.L., la única información con la que se cuenta es que la empresa estaba ubicada en algún lugar de Zapopan, Jalisco, creada con el folio mercantil 59574.

Otro personaje al que se le sigue la pista es a Alejandra Patricia Gómez Ortiz, quien sería representante legal de AG & Carlon S.A. DE C.V., otra empresa que también fue designada en agosto de 2015 por la OFAC.

Esta compañía, que estaría manejada por Diana María Sánchez Carlon y Jennifer Beaney Camacho Cázares según la Oficina estadounidense, aparece registrada en el SIGER de la Secretaría de Economía de México bajo el folio mercantil 53066 y RFC AAC100303FP1 y supuestamente habría sido fundada en 2010.

Sobre esta empresa, la OFAC precisa que tenía como ubicación la Diagonal Hernán Cortés No. 29, colonia Vallarta San Lucas, C.P. 44690 en Guadalajara, Jalisco. Al hacer una búsqueda en Google Maps la dirección no existe.

Aunque el nombre de Alejandra Patricia Gómez Ortiz no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas ni en redes como Facebook, Twitter o LinkedIn, sí aparece en el SIGER como representante de la empresa 18 KARAT S.A. DE C.V., también ubicada en la capital jalisciense.

De acuerdo con los registros de Google Maps, la empresa tiene como dirección Diagonal Golfo de Cortés No. 2967 en la colonia Vallarta Norte, C.P. 44690 en Guadalajara. Esta ubicación es muy similar a la consignada pero inexistente que registra la OFAC sobre AG & Carlon S.A. DE C.V.

Al hacer un street view en Google Maps se puede hacer un recorrido por año desde 2009, fecha en la que se ve que era un terreno en construcción, pasando por 2014, cuando la empresa ya estaba instalada, hasta el 2020, año en que desapareció el letrero “18 KARAT” de la fachada, en tanto que en la descripción del lugar aparece la leyenda “cerrado temporalmente”. Aunque el giro de la empresa era mueblería en la descripción de Google dice joyería.

La pausa de las actividades de esta empresa coincidiría también con tres acciones legales puestas en marcha entre 2019 y 2020.

El primero de ellos una demanda por parte de 18 Karat S.A. de C.V. en contra del Director Del Trabajo y Previsión Social Del Estado De Sinaloa iniciada el 25 de abril de 2019 bajo el expediente 1677/19-03-02-5.

El segundo, un amparo promovido por la representante legal de 18 Karat, Alejandra Patricia Gómez Ortiz, en contra de una resolución dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Culiacán, Sinaloa, en relación al mismo expediente 1677/19-03-02-5.

Finalmente, un amparo indirecto promovido por Karat 18 el 1 de julio de 2020 en contra del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y otros en el Juzgado Tercero De Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en Jalisco, por un bloqueo de cuentas bancarias.

Cabe apuntar que en su momento el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) tenía un convenio con dicha empresa para agregar vacantes a su bolsa de trabajo.

Las empresas “Step Latinamedica” y “Med Ahead” son muy parecidas, así lo señalan los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

Ambas compañías comenzaron a operar el mismo día, el miércoles 21 de diciembre del 2011. Las dos fueron registradas como marca, ante el IMPI, la misma fecha, el martes 13 de agosto de 2013, con una diferencia de dos minutos, a las 14:45 horas “Med Ahead” y a las 14:47 horas “Step Latinamedica”.

Las empresas también comparten el giro comercial, es decir, se dedican a lo mismo: “la educación, formación y capacitación en la utilización de aparatos, instrumentos quirúrgicos, médicos y dentales”. Incluso se ubican en Guadalajara y, aunque no comparten domicilio, están muy cerca, en la misma manzana, una detrás de la otra.

Y ambas empresas comparten a la misma representante legal: Maria Eugenia Gómez Urbano.

En contraste, existe una importante diferencia, “Step Latinamedica” fue incluida en la lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 4 de abril del 2016 por supuestos vínculos con la organización criminal “Los Cuinis”, considerado el brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Step Latinamedica”, según el gobierno estadounidense, es propiedad de las hermanas Diana María y Silvia Romina Sánchez Carlon, quienes un año antes, el 16 de agosto del 2015, fueron boletinadas por el Departamento del Tesoro por sus nexos con “Los Cuinis”.

“Med Ahead”, por su parte, no puede cantar victoria, distintos medios han asegurado que formó parte de la larga lista de empresas cuyas cuentas fueron bloqueadas en México por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte de la Operación Agave Azul, contra el CJNG.

Maria Eugenia Gómez Urbano no solo es representante legal de “Step Latinamedica” y “Med Ahead”, también lo es de “Intercorp Legoca”, un estacionamiento público ubicado en el centro de Guadalajara y que también fue incluida en la lista negra del Departamento del Tesoro ligada a las hermanas Sánchez Carlon.

Desde que “Step Latinamedica” fue boletinada por el gobierno de Estados Unidos, desapareció del mapa. Al mismo tiempo, “Med Ahead” siguió operando haciéndose de contratos gubernamentales e incluso manteniéndose como proveedora de gobiernos.

Entre noviembre del 2012 y junio del 2019, “Med Ahead” recibió al menos siete contratos gubernamentales de autoridades Federales, así como estatales de Jalisco, Sinaloa y Guanajuato, que suman casi 600 mil pesos, por equipo médico.

El gobierno de Sinaloa, bajo la administración de Quirino Ordaz (actual embajador de México en España), le dio dos contratos a “Med Ahead”, el primero en noviembre de 2017 por 202 mil 983 pesos para la adquisición de equipo médico y laboratorio, mientras que el segundo, en junio de 2019, fue por 23 mil 490 pesos para la compra tres esfigmomanómetros de pedestal.

Las autoridades de Jalisco, durante el sexenio de Aristóteles Sandoval (asesinado en diciembre del 2020 presuntamente por miembros del CJNG) también le entregaron un par de contratos a “Med Ahead”: en marzo del 2017, por 219 mil 350 pesos; y otro en septiembre del 2014, por 65 mil pesos, ambos a cambio de equipo dental.

En Guanajuato, en el gobierno de Miguel Márquez Márquez, “Med Ahead” recibió dos contratos en diciembre del 2015 por 64 mil 999.99 pesos por una unidad dental y el segundo de 11 mil 549.94 pesos por la adquisición de muflas.

Finalmente, el gobierno federal, al final del sexenio de Felipe Calderón, particularmente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), bajo la administración de Daniel Karam, pagó 7 mil 249.95 pesos por un circuito de ventilación adulto/pediátrico sin humidificador a “Med Ahead”.

En varios de estos contratos o en los registros de proveedores gubernamentales, aparece nuevamente María Eugenia Gómez Urbano como representante legal de “Med Ahead”, también lo hacen otros personajes que tienen su mismo apellido, familiares, tales como Mario, Héctor y Gilberto Gómez Urbano.

Actualmente, las páginas web oficiales de las empresas ligadas a María Eugenia Gómez Urbano y a las hermanas Sánchez Carlon, se encuentran desactivadas.

En el número 65 de la Avenida las Américas, en la colonia Ladrón de Guevara, a unos minutos de la Glorieta de la Minerva, en Guadalajara, se encuentra un elegante inmueble color crema que sirve como sede de la notaría numero 12, la misma que el próximo año cumplirá 100 años bajo el mismo apellido: el Robles.

El actual titular es Jorge Robles Farías, tiene 77 años y suma casi medio siglo en el “negocio”, uno que se ha vuelto familiar, es el tercero en la dinastía Robles en encabezar la notaría número 12, el cuarto en ser notario y el quinto en ser abogado.

La relación de la familia Robles con la notaría es tal que cuentan con su página de internet llamada “Robles Notarios”, donde narran los inicios de la familia en la abogacía y la notaría pública.

El tatarabuelo de Jorge, Juan Antonio Robles, fue el primer abogado de la familia. Su bisabuelo, Don Emiliano Robles Núñez incursionó en las notarías, cuando el oficio aún se llamaba “escribano”.

Su abuelo, Emiliano Robles León, fue quien se apoderó de la Notaría número 12 hace casi un siglo. Se la dejó a su hijo (y padre de Jorge), Guillermo Robles Martín del Campo, tras su repentina muerte, y éste la heredó a Robles Farías a finales del siglo pasado, cuando se retiró del “negocio”.

Jorge Robles Farías no ha heredado la Notaría número 12, sigue activo, sin embargo, la descendencia notarial continúa. Actualmente su hijo, Jorge Robles Madrigal, forma parte de la sexta generación de abogados y la quinta de notarios en la familia Robles, él no recibirá la 12, ya tiene la suya, la notaría número 73; eso sí, despacha en las mismas oficinas que su padre.

Las credenciales de Jorge Robles Farías son amplias: titulado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), con diversos estudios especializados en Derecho Notarial realizados por la Asociación Nacional del Notariado y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Incluso, el notario ha impartido clases en Derecho Notarial y Registral en la UAG, y se ha desempeñado como miembro del Consejo del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco y del Consejo Directivo de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano.

Otro de los personajes que estaría en la mira de Estados Unidos es Eric Daniel Zamora Delgadillo, quien aparece como auditor y miembro del directorio de Desarrollo Agricultura Verde de Sayula SPR de RL / Desarrollo Agrícola Verde de Sayula SPR de RL y como representante legal de Agrícola Boreal SPR de RL, esta última con domicilio en Zapopan.

Por haber sido funcionario federal entre 2009 y 2014 estaba obligado a presentar su declaración patrimonial anual en las que no registra cosas que llamen la atención a excepción que a partir de 2013 no aceptó que la relación de sus bienes se hiciera pública.

Como funcionario en la Delegación Jalisco de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se desempeñó en los puestos de jefe de departamento de la Subdelegación de Desarrollo Social y humano y como coordinador de la mismo oficina.

A pesar de que en su ficha como funcionario público dice haber estudiado y haberse titulado como Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios por la Universidad de Guadalajara, en el registro de profesionistas no existe su cédula profesional o al menos, no se puede consultar en formato electrónico.

A excepción de los anteriores, en Facebook, existe una cuenta con un nombre similar y en la que presume su amor a los caballos, a las Chivas del Guadalajara y de distintos viajes con su familia.

En 2021 fue mencionado como presunto accionista de la empresa Importadora de Productos Sustentables, SAPI de CV, investigada por traficar combustibles robados.

Uno de los nombres que despierta más curiosidad es el de Ileana Dolores Beltrán Preciado, de quien no hay registro de cédula profesional, y aunque existe una cuenta de Twitter y otra de Facebook con este nombre, no se puede asegurar que se trate de la misma persona.

El único registro público que existe sobre la mujer se encuentra en un documento del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía fechado en 2016 en el que como representante de Jjgon, S.P.R. DE R.L. DE C.V., notifica sobre la disolución de la empresa de la que era copropietaria Jessica Johanna Oseguera González, hija del Mencho y de la que también era socia su mamá.

De la información que aparece en el documento consultado por Infobae se puede ver que nació el 6 de agosto de 1971 en Guadalajara, Jalisco y que tiene su domicilio en la calle “Puerta Turqueza “14 el fraccionamiento Puerta Real de Tlajomulco de Zúñiga, en el mismo estado.

Aunque el fraccionamiento sí existe, del domicilio exacto no se puede encontrar algún registro en Google Maps ni Google Earth. Su estado civil entonces era “casada”.

Tanto Jjgon, S.P.R. DE R.L. DE C.V como J & P Advertising, S.A. DE C.V., ambas propiedad de Jessica Johanna quien este año fue liberada por autoridades estadounidenses, fueron boletinadas por la OFAC en 2015.

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