Una caravana de ciudadanos de Nuevo León, conformada tanto por adultos como por niñas y niños, que regresaba este miércoles de la vacunación transfronteriza —el programa implentado por el gobierno estatal para proveer a los residentes de la dosis contra COVID-19 proporcionada por Texas— vivieron auténticos momentos de pánico al presenciar un enfrentamiento armado entre fuerzas civiles e integrantes del crimen organizado.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del municipio de Anáhuac, el último antes de llegar al límite con Laredo, Texas, en la carretera a Colombia. Una caravana de automóviles era resguardada por la Fuerza Civil del estado. Parte de los ciudadanos que presenciaron el ataque fueron resguardados en el Puente Colombia. Mientras que otros más regresaron a la capital Monterrey por la Autopista Nuevo Laredo.

De acuerdo con medios locales, las propias fuentes policiacas confirmaron posteriormente que tras el enfrentamiento, el saldo fue de dos de los atacantes abatidos y uno más detenido, sin que se reportaran bajas del lado de la policía. Asimismo, se aseguraron un vehículo y unas cinco armas largas.

Ha trascendido que los atacantes presuntamente formaban parte del Cártel del Noreste. Los propios elementos de seguridad que escolataban a la ciudadanía que desde temprano se dirigió hacia la frontera para recibir la vacuna contra el Covid-19, fueron desplegados tras el enfrentamiento.

Lo ocurrido este miércoles en Nuevo León se suma a los tiroteos y los incendios provocados por los cárteles del narcotráfico en cuatro estados en el transcurso de varios días la semana pasada han hecho que los mexicanos se pregunten por qué lo hicieron y qué es lo que quieren las bandas criminales. Mientras que el gobierno federal, en un intento por calmar el pánico colectivo, ha reforzado la presencia militar y de la Guardia Nacional en los principales escenarios de esos hechos.

Los ataques causaron la muerte de 11 personas, entre ellas un niño y cuatro empleados de una emisora de radio que fueron baleados azarosamente el jueves en las calles de Ciudad Juárez, limítrofe con El Paso, Texas.

Dos días antes, más de dos docenas de tiendas de una conocida cadena minorista nacional fueron incendiadas en el estado de Guanajuato. En el vecino estado de Jalisco se le prendió fuego a coches y autobuses. Y una veintena de vehículos fueron quemados el viernes en ciudades de la frontera con California.

El gobierno federal desplegó soldados y elementos de la Guardia Nacional para calmar los temores de la población.

Desde el miércoles 10 de agosto, unos 300 elementos del Ejército llegaron a Uruapan, en Michoacán con la finalidad, según se informó, de reforzar la seguridad y preservar el orden público de la entidad. Ese mismo día, unos 500 solados más llegaron a Irapuato, uno de los puntos actualemente más violentos del estado de Guanajuato, tras los hechos perpetrados por sujetos armados que incendiaron automóviles y establecimientos en diferentes puntos del municipio.

Un día después, el 11 de agosto, de igual manera tras una jornada llena de violencia, se reportó la llegada a Jalisco de 750 elementos de la Sedena, específicamente para reforzar las labores de seguridad en la capital Guadalajara. “Su misión principal es el fortalecimiento del Estado de Derecho y el desarrollo de las actividades cotidianas de la sociedad, actuando en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos”, explicaba un comunicado oficial.

El viernes 12 de agosto dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana llegaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, con 300 elementos a bordo. La misión era la misma: reforzar la seguridad tras la violencia vivida en los últimos días.

Y en mismo sentido, el sábado 13 de agosto se registró el arribo de fuerzas federales a Baja California, tras la ola de violencia que dejó más de una veintena de vehículos incendiados y el confinamiento de la poblaciñon durante todo el fin de semana. Unos 120 soldados se adentraron en la ciudad de Mexicali. Mientras otros 350 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, hicieron lo propio en Tijuana.

En Guerrero también se reportaron hechos con el mismo tinte violento, razón por la que el lunes 15 de agosto otro 300 militares arribaron para ser desplegados por todo Acapulco y la Costa Chica del estado.

No obstante, el estallido de violencia no ha dejado de generar dudas sobre la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador de, precisamente, poner toda la responsabilidad de la seguridad pública en manos de los militares en lugar de en las fuerzas policiales civiles.

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