Caso Ayotzinapa: “No hay indicios de que estén con vida”, sostuvo Alejandro Encinas a ocho años de la desaparición de estudiantes

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dio a conocer los avances sobre la desaparición de los 43 normalistas del Colegio Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Los familiares de éstos acudieron a Palacio Nacional acompañados del abogado Vidulfo Rosales, donde el comisionado presidencial afirmó que el caso fue un crimen de Estado.

Afirmó que los restos humanos encontrados se han enviado para estudio a la Universidad de Innsbruck; sin embargo, no se ha encontrado material genético suficiente para la identificación de algún estudiante.

“Hemos logrado el testimonio de 115 personas, cuatro personas puestas en libertad por tortura, 23 estudiantes sobrevivientes, 11 funcionarios. En este proceso han sido ejecutadas 26 personas clave para obtener información, la mayoría del grupo Guerreros Unidos”, destacó.

Asimismo, informó que dará documentos a los familiares para notificar sobre todos los avances del contexto de Ayotzinapa. Encinas afirmó sobre los cárteles en Guerrero, donde no hay un grupo dominante, particularmente en Iguala, área estratégica de droga, la disputa que se vivía en aquellos momentos entre Guerreros Unidos y Los Rojos.

Encinas afirmó que hay un nivel de responsabilidad en las autoridades: “De haber intervenido con la información que poseían se hubiera evitado la desaparición de los estudiantes”, afirmó. Además informó que entre el 26 y 28 de septiembre 87 millones de registros en expedientes se ha logrado conocer toda la vinculación.

“Se acredita plenamente la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala y por supuesto con Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”. Asimismo, indicó que La verdad histórica fue creada desde el más alto nivel del gobierno y ocultó los vínculos y la participación de agentes del Estado.

Aclaró que hay funcionarios públicos implicados de todos los niveles; sin embargo, el expresidente Enrique Peña Nieto no se encuentra en la lista. Al ser cuestionado sobre la colusión de nombres en específico como el general Salvador Cienfuegos, no quiso dar mayor información.

Fue cuestionado si se está protegiendo al presidente y contestó: “Nosotros estamos enfocados a dos objetivos fundamentales: esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre y buscar el paradero de los estudiantes. Corresponde a la Fiscalía, con la información que aportemos y que ella misma desarrolle, fincar la responsabilidad a los funcionarios públicos involucrados”.

Además de que Alejandro Encinos leyó las conclusiones preliminares de la investigación, se compartió el documento Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.

Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.

En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Nacional Isidro Burgos hasta su desaparición y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.

En ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidencia municipal del DIF.

El grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central y, al menos, tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.

En ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos.

Tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición.

Se confirmó la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531.

Se confirmó la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en Iguala y en Santa Teresa.

Se confirmó el traslado del autobús (Ecoter), sin pasaje, hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos.

Se confirmó que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin.

Al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecusión, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.

Se confirmó la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.

“Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.

Asimismo, afirmó que es necesario continuar con la búsqueda en la Ribera del río Balsas; en la laguna del nuevo Balsas, en Atzacala, municipio de Eduardo Neri; en la barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco, en Brena de Lobos y en el Paraje Suriana en Iguala, así como en las inmediaciones de Tepeguaje.

“Existen indicios suficientes para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de integrantes de Guerreros Unidos, funcionarios municipales y federales”.

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