Cientos de soldados fueron desplegados para reforzar la seguridad en los puntos rojos de México

Los tiroteos y los incendios provocados por los cárteles del narcotráfico en cuatro estados en el transcurso de varios días la semana pasada han hecho que los mexicanos se pregunten por qué lo hicieron y qué es lo que quieren las bandas criminales. Mientras que el gobierno federal, en un intento por calmar el pánico colectivo, ha reforzado la presencia militar y de la Guardia Nacional en los principales escenarios de esos hechos.

Los ataques causaron la muerte de 11 personas, entre ellas un niño y cuatro empleados de una emisora de radio que fueron baleados azarosamente el jueves en las calles de Ciudad Juárez, limítrofe con El Paso, Texas.

Dos días antes, más de dos docenas de tiendas de una conocida cadena minorista nacional fueron incendiadas en el estado de Guanajuato. En el vecino estado de Jalisco se le prendió fuego a coches y autobuses. Y una veintena de vehículos fueron quemados el viernes en ciudades de la frontera con California.

El gobierno federal desplegó soldados y elementos de la Guardia Nacional para calmar los temores de la población.

Desde el miércoles 10 de agosto, unos 300 elementos del Ejército llegaron a Uruapan, en Michoacán con la finalidad, según se informó, de reforzar la seguridad y preservar el orden público de la entidad. Ese mismo día, unos 500 solados más llegaron a Irapuato, uno de los puntos actualemente más violentos del estado de Guanajuato, tras los hechos perpetrados por sujetos armados que incendiaron automóviles y establecimientos en diferentes puntos del municipio.

Un día después, el 11 de agosto, de igual manera tras una jornada llena de violencia, se reportó la llegada a Jalisco de 750 elementos de la Sedena, específicamente para reforzar las labores de seguridad en la capital Guadalajara. “Su misión principal es el fortalecimiento del Estado de Derecho y el desarrollo de las actividades cotidianas de la sociedad, actuando en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos”, explicaba un comunicado oficial.

El viernes 12 de agosto dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana llegaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, con 300 elementos a bordo. La misión era la misma: reforzar la seguridad tras la violencia vivida en los últimos días.

Y en mismo sentido, el sábado 13 de agosto se registró el arribo de fuerzas federales a Baja California, tras la ola de violencia que dejó más de una veintena de vehículos incendiados y el confinamiento de la poblaciñon durante todo el fin de semana. Unos 120 soldados se adentraron en la ciudad de Mexicali. Mientras otros 350 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, hicieron lo propio en Tijuana.

En Guerrero también se reportaron hechos con el mismo tinte violento, razón por la que el lunes 15 de agosto otro 300 militares arribaron para ser desplegados por todo Acapulco y la Costa Chica del estado.

No obstante, el estallido de violencia no ha dejado de generar dudas sobre la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador de, precisamente, poner toda la responsabilidad de la seguridad pública en manos de los militares en lugar de en las fuerzas policiales civiles.

Consultado por la agencia AP, el analista de seguridad David Saucedo señaló que lo ocurrido en los pasdos días fue porque se ha producido un cambio en la política antidrogas de México desde el año pasado, cuando los soldados apostados en retenes simplemente se limitaban a observar cómo los cárteles luchaban por el control del estado occidental de Michoacán con drones equipados con bombas, artefactos explosivos improvisados y minas terrestres.

México ha hecho más intentos de capturar a los capos de la droga a últimas fechas, algo que López Obrador dijo anteriormente que no le interesaba. Los infantes de Marina mexicanos capturaron en julio al narcotraficante fugitivo Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985.

Y las incautaciones de laboratorios de metanfetaminas y del opioide sintético fentanilo han aumentado considerablemente en los últimos meses. Entonces, Saucedo cree que el cambio pudo haber enfadado a los cárteles. “Hay un viraje... en la estrategia de combate a los cárteles de la droga. El presidente Andrés Manuel, que ha sido muy criticado por su estrategia de abrazos y no balazos recientemente, me parece que, debido a presiones del presidente Joe Biden, está cambiando y finalmente está cediendo y aceptando la captura de narcotraficantes de alto perfil”, señaló.

La chispa que desencadenó el caos en Jalisco y Guanajuato la semana pasada fue, al parecer, que los militares se toparon con una reunión en la que participaba un jefe del cártel de Jalisco. Luis Crescencio Sandoval, el secretario de Defensa, dijo que los soldados no lo sabían y que sólo intentaban interceptar un convoy del cártel. Sandoval también aseveró que no ha habido ningún cambio de estrategia.

Por otro lado, Ana Vanessa Cárdenas, coordinadora del programa de relaciones internacionales de la Universidad Anáhuac Mayab en Mérida, dijo que con cualquier otro presidente se habría destituido a la mitad del gabinete de seguridad, habría consultas con expertos internacionales y se estaría trabajando en una nueva estrategia de seguridad. Pero no espera ningún cambio por parte de López Obrador, quien, considera, no quiere reconocer la situación.

“Vemos una total militarización de la seguridad y del país, que es el último escalón; eso es lo que preocupa”, señaló. “Si ya teniendo el último escalón en la seguridad tenemos un incremento de la violencia, de los homicidios, del control del narco... entonces, ¿para dónde?”.

Con información de AP

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