Otro guiño al Ejército: la SCJN impidió la difusión del patrimonio de ingenieros militares encargados del AIFA

Los guiños que la actual administración ha dado al Ejército son muchos y variados, lo que acrecenta la polémica por el poder que ha ido adquiriendo en México. El más reciente fue el decreto anunciado la semana pasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para pasar el mando de la Guardia Nacional –hasta ahora de tinte civil– a la Secretaría de la Defensa. Y tres días después, se otorgó una concesión más: la Suprema Corte ha impedido, de manera indefinida, la publicación de las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros del Ejército que llevaron a cabo las obras del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA).

El fallo, según reportan medios mexicanos, fue en respuesta a un solicitud promovida por el propio Ejecutivo, desde su Consejería Jurídica, argumentando que esa información podría poner en riesgo la seguridad nacional.

Los 23 ingenieros militares, cuyos nombres también fueron reservados por el gobierno de AMLO, ejecutaron las obras y se hicieron cargo de la asignación de 85 mil millones de pesos (USD 4 mil 250 millones) para unas 48 obras, dinero que los ingenieros recibían directamente y asignaban, contrataciones que ni siquiera se hicieron públicas, de igual manera, por el riesgo a la seguridad nacional.

No es el único señalamiento sobre el proyecto insignia de la Cuarta Transformación del presidente López Obrador. Otro medio de circulación nacional, El Universal, publicó este fin de semana que el AIFA pagará unos 30 millones de pesos (USD 1.5 millones) por el servicio de recolección de basura solo para 2022, mientras el AICM pagó 37 millones por mismo rubro para tres años.

Ambos señalamientos se suman a la indiganción colectiva por la decisión presidencial de militarizar al sector policiaco nacional. Y es que se trata del punto que más adolece a un país vulnerado desde hace varios años por el crimen organizado, por lo que varios expertos en seguridad incluso consideran esa decisión como una tragedia.

En 2019, recién empezó su gestión, López Obrador hizo el cambio de corporaciones de seguridad, de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Desde un año antes, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, defendió el caracter civil del cuerpo policiaco. La funcionaria argumentaba, precisamente, lo necesario que era tener a ese sector separado de los soldados, puesto que los primeros velaban por garantizar el bienestar de la ciudadanía, mientras los segundos lo hacían por la soberanía nacional.

El mandatario ha dejado en manos de las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) cuestiones como el resguardo de la vacunación contra el COVID-19; la construcción de sus obras insignia, como su nuevo aeropuerto, el Tren Maya o las sucursales del Banco del Bienestar; la administración de aduanas en los puertos. Incluso, analistas señalan que la decisión de AMLO es una mera formalidad, puesto que la Guardia Nacional ha sido conformada por mismos soldados.

“En términos de seguridad pública es una tragedia porque está bastante claro y comprobado que el Ejército no puede hacerse cargo de la seguridad pública de un país, porque está diseñado para otras funciones”, advirtió a Infobae Guillermo Valdés, exdirector del antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). “Se quiere perpetuar el que sea una institución controlada por los militares y esto es malo para la seguridad pública”.

Valdés Castellanos, quien también fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional y del Gabinete de Seguridad Pública (2007-2011), hizo hincapié en que, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se pone firme ahora y decide la inconstitucionalidad del decreto de López Obrador, las consecuencias serán aún más graves para la administración que le siga, pues “va a ser muy dificil para el próximo gobierno negociar con la Sedena esquemas operativos eficaces para solucionar el problema de la seguridad”.

Cabe recordar que la propia ley de la Guardia Nacional establece la pertenencia de esta al ámbito civil. De ahí el reclamo de que se trata de un decreto inconstitucional.

En mismo sentido se pronunció el Dr. Mario Arroyo, quien fue titular de la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, añadiendo que la improvisación de este tipo de decisiones da paso a la delincuencia “para actuar de manera impune sin encontrar una resistencia institucional eficaz”.

Asimismo, el experto en seguridad explicó a este medio que, de fondo, lo más preocupante es lo que una decisión así significa para la rendición de cuentas de los elementos de seguridad exponiendo que, mientras los policías civiles son juzgados de igual manera que cualquier ciudadano por los delitos o irregularidades que les sean señaladas, los militares tienen su propio fuero.

“Por experiencia en América Latina, al no tener contrapesos ni esquemas de revisión los militares cuando suelen abusar del poder que se les ha otorgado no se pueden llevar a juicio civil, ellos tienen su fuero militar. La ONU ha demostrado que cuando las policías dependen de militares son más proclives a los abusos de derechos humanos”.

Ambos coincidieron en el propio peligro que implica las desmesuradas concesiones que el presidente hace al Ejército, insistiendo en el poder con el que la institución militar se está haciendo, volviéndose cada vez más intocable.

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