En un hecho histórico, después de 35 años la Corte de Distrito Central de California desclasificó la orden de arresto original contra Rafael Caro Quintero por “crímenes violentos en ayuda del crimen organizado, conspiración para cometer crímenes violentos en ayuda del crimen organizado, conspiración para secuestrar a un agente federal, secuestro de un agente federal y asesinato grave de un agente federal”.
Era el oficial de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique “Kiki” Camarena, quien fue secuestrado, torturado y asesinado tras descubrir un inmenso cultivo de marihuana en Chihuahua; unas 544 hectáreas de terreno en un rancho llamado “El Búfalo” por el propio Camarena, ubicado en el municipio de Jiménez.
La orden de arresto, que obra en el expediente 2:87-cr-00422, “revive el histórico caso que generó uno de los conflictos más importantes en la historia moderna entre México y Estados Unidos, una herida aún abierta en la que varios protagonistas no solo aún están vivos, sino que aún ostentan poder”, escribió en su última columna para la cadena internacional Deutsche Welle, la prestigiosa periodista Anabel Hernández.
Rafael Caro Quintero y otro juicio histórico
El juez John A. Kronstadt fue quien ordenó reabrir dicha orden que hace más de tres décadas fue firmada por el juez Venetta S. Tassopulos. De acuerdo con los registros de la Corte de Distrito Central de California, fue la fiscalía quien el pasado 22 de julio solicito reabrir la orden de arresto contra el “narco de narcos”. En el mismo expediente también aparecen como acusados Ernesto Fonseca Carrillo, Inés Calderón Quintero, Albino Bazán Padilla, Javier Barba Hernández, Juan Ramón Mata Ballesteros y Miguel Ángel Félix Gallardo.
“Estados Unidos pretende extraditar a Rafael Caro Quintero para juzgarlo en el Distrito Central de California por los cargos incluidos en la acusación que fue modificada siete veces. Por lo tanto, se solicita a la corte que se desclasifique dicha acusación (con el folio 1646), así como la orden judicial emitida en 1992 (con folio 2520) para que los Estados Unidos puedan proporcionar dichos documentos como parte de la solicitud de extradición”, se puede leer en el documento al que tuvo acceso Infobae México.
Dicha orden de arresto no es la única que pesa en Estados Unidos contra Caro Quintero. En el otro extremo del país, en la costa este, en Nueva York, enfrenta desde 2018 cargos por su papel como líder de una organización que desde 1980 traficó metanfetamina, heroína, cocaína y marihuana al país vecino.
Asimismo, el gobierno de Estados Unidos acusó del asesinato de Camarena a oficiales que en ese entonces estaban bajo las órdenes del actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett. Se trata de Sergio Espino Verdín, comandante de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), quien actualmente sigue vivo y libre pese a estar en la lista de más buscados por la DEA. Se presume que el coordinó el asesinato de Camarena y que incluso él fue el autor material. También está acusado Manuel Ibarra Herrera, titular de la DFS.
Cabe recordar que el Narco de narcos había sido capturado en 1985 en Costa Rica y permaneció 28 años en prisión hasta que, gracias a un amparo concedido por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en Jalisco, obtuvo su liberación. Sin embargo, tras hacer una revisión del caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró el fallo y un tribunal federal ordenó su recaptura en 2015.
De los más buscados a “capturado”
En 2018 fue incluido en la lista de los más buscados de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y se ofrecía una recompensa de hasta 20 millones de dólares a cambio de información que ayudara a dar con su paradero.
Quintero ha promovido tres amparos hasta el momento. El primero fue contra actos de desaparición forzada; el segundo contra su extradición a EEUU sin un previo proceso judicial, y el tercero fue contra la orden de arresto con fines de extradición y con el fin de que no permanezca incomunicado en el penal del Altiplano, donde se encuentra recluido. Este último ya fue admitido a trámite por un jueza federal.
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