Policías municipales de Purísima del Rincón, municipio de Guanajuato, prestaron sus armas de fuego a estudiantes de una secundaria técnica durante lo que inicialmente era una supuesta charla de prevención de adicciones del programa “Planet Youth”, que el gobierno del estado presume como importado de Islandia, para combatir el consumo de drogas entre jóvenes.

Padres y madres de familia denunciaron que, en esa charla, realizada el pasado 7 de julio en la secundaria técnica 54 “Mariano Matamoros”, los uniformados no solo pusieron armas a algunos de los alumnos de tercer año en el turno vespertino, sino que aparentemente les mostraron cómo usarlas.

Incluso circulan algunas fotografías en las que se ve a un par de adolescentes portando armas. En una de ellas, un elemento de la Policía Municipal parece dar indicaciones a una estudiante que empuña una pistola.

Esto ha provocado la indignación y alarma en los padres de familia, quienes también se quejaron de que la “demostración” fue permitida por las autoridades de la escuela y que de ello está enterado el supervisor de la zona, David García Bastida.

Los padres de familia dijeron no haber sido informados previamente por las autoridades de la escuela sobre la visita de los elementos de estas corporaciones del gobierno municipal de Purísima, que encabeza el panista Roberto García Urbano, y mucho menos en qué consistirían “las pláticas”.

“Esto es un hecho aberrante en todo lo que significa… viola el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia”, dijo Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, quien sugirió a madres y padres presentar denuncias administrativas y penales por el riesgo en el que se puso a sus hijos.

En un comunicado y video, el director de Seguridad Pública Municipal, Benjamín Alejandro Vargas Hernández, admitió lo sucedido y anunció que se realizará una investigación inmediata contra quien resulte responsable “de haber facilitado a estudiantes de secundaria maniobrar armas exclusivas de seguridad”.

El director de Seguridad confirmó que la semana pasada autorizó una intervención del área de Prevención del Delito en la Secundaria Técnica Número 54 (ETI), Mariano Matamoros, “para dar orientación del uso adecuado del Sistema de Emergencias 911, así como orientar contra consumo de sustancias peligrosas y la prevención del delito”.

En el evento también participó personal de Comisión Nacional de Emergencia (CNE), Protección Civil y Bomberos, “todas enfocadas a brindar orientación de la función de cada agrupación e insistir en no jugar con el llamado al 911 que es exclusivo de emergencias”.

Pero admitió que, en esta visita a la secundaria, “algunos elementos de Coordinación Prevención del Delito y Seguridad Pública facilitaran que estudiantes tuvieran en sus manos erróneamente y sin autorización de sus superiores o de las mismas leyes, este equipo”.

El alcalde García Urbano, exdirectivo municipal de su partido, fungió anteriormente como director del Centro de Atención contra la Violencia Intrafamiliar del DIF en Purísima.

“Imponer a un niño armas propias de personas adultas, en un país en violencia, en un estado que los últimos cinco años ha ocupado los primeros sitios de homicidio precisamente por arma de fuego, es absolutamente inaceptable”, dijo al respecto Juan Martín Pérez, de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.

“Este es un hecho aberrante en todo lo que significa, porque en un país con altos niveles de violencia y con una condición de riesgo para niñas, niños y adolescentes, con más de 16 millones de armas ilegales circulando en el territorio, es aberrante y violatorio a sus derechos que en un establecimiento escolar, un establecimiento educativo, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, autoridades educativas, permitieran que hicieran contacto con armas, tuvieran acceso pero además, aparentemente entrenados”.

Además de violar el derecho de esta población de personas menores de edad a una vida libre de violencia, se viola la normativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que no permite que niñas, niños y adolescentes (NNA) tengan contacto con armas, expuso.

Por ello, lo sucedido amerita “una investigación inmediata y sanción a las autoridades responsables, policías específicos que estuvieron haciendo esto, autoridades educativas y de seguridad que lo hicieron”, además de la suspensión de los elementos preventivos que actuaron de esta manera en la “charla”.

Hasta el momento no ha habido alguna postura por parte de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, a solicitud de Apro.

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