Desapariciones forzadas en México: la historia de una búsqueda que no cesa desde 1978

En sus propias palabras, Alejandra Cartagena López, abogada feminista, tuvo una infancia “normal, como todas”. Sin embargo, a causa de la violencia y la injusticia, nunca conoció a su mamá ni a su papá. Él, David Jiménez Sarmiento, fue asesinado en agosto de 1976; ella, Leticia Galarza Campos, fue detenida y desaparecida el 5 de enero de 1978, cuando Alejandra estaba por cumplir un año. A día de hoy, se desconoce su paradero.

Ambos, tanto David como Leticia, formaban parte de la Liga Comunista 23 de septiembre, una organización guerrillera que surgió en 1973 para rechazar la política económica y social del presidente Luis Echeverría Álvarez.

La represiva respuesta del gobierno a este y otros grupos guerrilleros que surgieron en la época fue la creación de la Brigada Blanca, integrada por policías del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), elementos del Estado de México, militares y personal de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), así como de la Policía Judicial Federal.

El objetivo de esta organización era investigar y perseguir a todos los integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre.

El frenético seguimiento de las autoridades alcanzó a la familia Galarza Campos en agosto de 1977, cuando más de 10 hombres armados llegaron a su domicilio en Ciudad Juárez en busca de Leticia. Al no encontrarla ahí, se llevaron detenidos a Francisco Javier (su hermano) y a Josefina Campos (su madre) con los ojos vendados. Después de dos días de tortura e interrogatorios sobre el paradero de Leticia, fueron liberados cerca del aeropuerto local.

A mediados de ese mismo año, en vista del riesgo que corrían, Leticia decidió entregar a su hija a la familia Cartagena, parientes de uno de sus compañeros en la guerrilla y con quien se encontraba refugiada.

Mario Álvaro Cartagena, conocido como El Guaymas, se puso en contacto con su madre, la señora Graciela López, para pedirle urgentemente que cuidara a Alejandra, pues la casa de seguridad en la que se encontraban resguardados había sido descubierta.

No era un lugar seguro, pues “ya se sabía lo que le hacían a los niños y las niñas cuando eran detenidos por la Brigada Blanca, los torturaban para que delataran dónde estaban los demás compañeros”, aseguró Alejandra en entrevista para Infobae México.

Ante dicha situación, Graciela viajó a la Central del Norte de la Ciudad de México para encontrarse con Leticia Galarza, quien llevaba a Alejandra en brazos, además de juguetes, una pequeña cuna, una pañalera y un arma fajada. “A Graciela le llamó mucho la atención, pero Leticia le dijo que no pensara que era mala persona ni mala mamá, sólo que necesitaba que yo estuviera segura”, contó Alejandra.

Leticia le dijo a Graciela que en un mes volvería por su hija. No regresó.

“Mi mamá fue detenida el 5 de enero de 1978, cuando yo estaba por cumplir un año”, comentó Alejandra. De acuerdo con reportes oficiales consultados por este medio, firmados por Javier García Paniagua, entonces titular de la Dirección Federal de Seguridad, durante el operativo en el que fue detenida Leticia Galarza Campos, los agentes de la Brigada Blanca (nombrada oficialmente como Brigada Especial) capturaron a otros tres integrantes de la Liga 23 de septiembre, mientras que tres más fallecieron.

Tras su detención, Leticia fue trasladada al Campo Militar Número 1, el último lugar en el que fue vista con vida. Hasta la fecha, no se conoce detalle alguno sobre su paradero.

Graciela López se llevó a Alejandra a Guadalajara y la registró como su hija. Tanto ella como su familia le ofrecieron un hogar en el cual pudo crecer. “Mis papás con los que crecí (Graciela y Manuel) eran evidentemente muy grandes para ser mis papás, entonces era raro, siempre supe que algo pasaba, pero a mí nunca me dijeron directamente que no era su hija biológica, todo lo fui intuyendo”.

Los cuestionamientos y dudas de Alejandra crecieron cuando, alrededor de los cuatro años de edad, se encontró con su familia materna. Gracias a información proporcionada por Rosario Piedra de Ibarra, Judith Galarza (hermana de Leticia) pudo viajar a Guadalajara para conocer a su sobrina.

“Comencé a ir de vacaciones con mi familia materna y todo el mundo se refería a mí como ‘la niña de Lety’ y yo no entendía cómo ellos no eran familiares de mis hermanos [no biológicos]”, compartió Alejandra durante la entrevista.

De niña, Alejandra no comprendía bien la situación, pero estuvo desde siempre muy cercana al activismo, a los plantones y las reuniones de distintos grupos que luchaban en favor de la justicia. Al crecer, aún seguía sin quedarle claro de qué manera una persona podía desaparecer así.

“Ya como madre, una vez mi hijo me preguntó quién era la persona de la foto y le dije que era su abuela. Me preguntó ‘¿Dónde está?’ y yo dije, efectivamente, ¿dónde está? Es en ese momento que yo empiezo a hacer una búsqueda, no a través de mi tía ni de los demás. Empecé a investigar, a hablar con más personas y a consultar información en el Archivo General de la Nación”.

Han sido décadas de lucha y búsqueda constante por parte de Alejandra y su familia, pero las autoridades no les han dado respuesta.

En 2001, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un informe según el cual la lista de activistas políticos desaparecidos ascendía a 532 casos. La línea de investigación de la comisión apuntaba a las organizaciones policiales del sexenio de Echeverría, especialmente a la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y sus directores, Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda, como presuntos culpables de las desapariciones.

En septiembre de 2020, Alejandra y otros familiares acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para protestar y aportar más elementos para ratificar la denuncia que ya se había hecho por la desaparición de Leticia Galarza. “Además, se hizo la solicitud al Ministerio Público de que se hiciera la reconstrucción de hechos y que se visitara el Campo Militar No. 1, ya que fue el último lugar en donde mi mamá fue vista con vida”.

Sin embargo, tanto Alejandra como su familia sólo se han encontrado con obstáculos.

“¿Sabes con qué nos encontramos en la carpeta de investigación? Pues primero, con que sigue hablando de privación ilegal de la libertad, cuando en casos como estos debería decir ‘desaparición forzada’, porque si hablamos de otro tipo de delito estamos invisibilizando y no le damos la responsabilidad a una política de estado. Sólo había recabación de informes, pero ninguna acción destinada a encontrar a mi mamá”, sentenció Alejandra.

Otro elemento que estuvo orientado a eliminar todo rastro de vida de Leticia Galarza fue el “extravío” de su acta de nacimiento. “El libro que tenía el Registro Civil tenía la hoja arrancada donde debería de estar el nombre de mi mamá [...] Eso fue una acción muy evidente de desaparición porque, para el Estado, mi mamá ni siquiera nació”, manifestó.

Respecto a las dificultades que se ha encontrado a lo largo de los años en busca de la verdad, Alejandra Cartagena afirma que el principal obstáculo es el involucramiento de las autoridades. “No podemos hablar de esta magnitud de personas desaparecidas en el país si no hubiera una complicidad de las instituciones”. Hasta el mes de julio de 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta un total de 101 mil 233 personas desaparecidas y no localizadas en México.

Ante esta situación, la abogada hizo un llamado a la ciudadanía a solidarizarse con las víctimas y sus familias, así como a no estigmatizar a las personas que desaparecen. “Muchas veces se maneja una narrativa de que las personas desaparecidas ‘en algo andaban’ y por eso las desaparecieron, eso ocasiona que la sociedad se alegre de que hayan desaparecido porque las tachan de delincuentes”, aseveró Alejandra.

Reproducir tal discurso hace que la sociedad no busque a las personas ni exija que se haga justicia por ellas y por sus seres cercanos.

Hoy día, Alejandra Cartagena forma parte del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en Jalisco, instancia desde la cual acompaña y apoya a familias que han sufrido algún caso de desaparición o feminicidios.

En sus palabras, su infancia fue “como todas”, pero la injusticia y la violencia le arrebataron la oportunidad de conocer a su madre y a su padre. “A los niños y niñas les han quitado un montón de cosas y es mucho el dolor que sienten, pero nadie los ha volteado a ver”. Alejandra formó parte de esos testigos invisibles de una tragedia que la sociedad y las autoridades han ignorado.

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