La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó este jueves 30 de junio a la Cámara de Diputados la primera entrega de informes individuales de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, en la que se detectaron posibles daños al erario público por mil 38 millones de pesos.

De acuerdo con David Colmenares, titular de la ASF, se realizaron 207 auditorías a dependencias pertenecientes al Gobierno Federal, así como entidades federativas y gobiernos municipales. La muestra auditada es de poco más de 2 mil 646 millones de pesos, equivalente al 30.14% del gasto ejercido el año pasado.

Del total de irregularidades detectadas, 201 millones de pesos ya fueron recuperados, pero aún quedan pendientes de aclarar 836 millones 253 mil pesos.

Las dependencias con más observaciones son la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), con 120.6 millones de pesos; la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), también con 120.6 millones; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con 92 millones 400 mil pesos; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con 36.2 millones de pesos; así como el gasto federalizado.

Otras dependencias observadas son la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Marina (Semar), así como diversos órganos autónomos.

El gasto en el sector educativo por parte de estados y municipios es el más observado con 385 millones 563 mil 600 pesos, seguido por el gasto en materia de seguridad también por parte de gobiernos estatales y municipales con 252 millones 245 mil 700 pesos observados.

Explicó que las auditorías revelan la comisión de actos contrarios a la ley, “los que perjudican al erario público”, por lo que la ASF actúa en ejercicio de sus atribuciones para llamar a cuentas a los responsables ante los órganos de procuración e impartición de justicia, de conformidad con las leyes aplicables.

En este sentido, dijo que la fiscalización superior no se ve afectada por procesos de tipo político, como la celebración de comicios electorales y los cambios administrativos que derivan de estos.

Finalmente, Colmenares adelantó que el resto de las revisiones se presentarán durante las próximas entregas de octubre y febrero de 2023 una vez que hayan concluido los procesos de auditoría correspondientes.

Hace unos días el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló mediante un análisis que en 2021, en el 29% (75 de 260) de las instituciones federales se detectó un riesgo de corrupción en las compras públicas.

En términos monetarios, el año pasado cuatro de cada 10 pesos en compras públicas se gastó a través de procedimientos sin competencia; es decir, el 41% del monto total fue por adjudicación directa y 4% a través de invitaciones restringidas.

Lo anterior significa que dichas instituciones incumplieron las leyes de contrataciones al adjudicar más de 9 mil millones de pesos a proveedores riesgosos como empresas fantasma, sancionadas y de reciente creación.

Sin embargo, el IMCO clasificó en cuatro categorías a estas instituciones, con base en el monto de gastos asignado para el año. A mayor puntaje, mayor el riesgo de corrupción en compras públicas:

En las categorías de “muy alto riesgo” se consideraron las instituciones que tienen un gasto mayor a los 3 mil millones de pesos anuales y son aquellas que concentran 82% del gasto federal.

En primer lugar está el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), en segundo la Casa de Moneda de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Entre las prácticas de riesgo están que 99% de los contratos se adjudicaron directamente, 43% de las compras no tienen contrato y 43% se publicaron tardíamente.

Cabe recordar que el gobierno de la autolllamada “Cuarta Transformación” (4T), encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como su principal bandera terminar con la corrupción, aunque parece ser que es una práctica que no se ha podido erradicar.

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