El pasado mes de abril trascendió un hecho que generó gran indignación en Guanajuato y a nivel nacional: quedó descubierto un grupo de propios padres de familia que ofrecían la renta de sus hijos por 100 pesos (unos USD 5) para que trabajaran pidiendo limosna en San Miguel de Allende, popular destino turístico de Guanajuato. Las autoridades del municipio dieron a conocer la denuncia. Dijeron que darían apoyos económicos a las madres para que no tuvieran que “prestar a sus hijos”. Pero ese lamntable hecho solo retrata el grave problema de trabajo infantil que se vive en México.
Precisamente, con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil explotado, este 12 de junio, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ha alertado por las cifras que retratan esa problemática a nivel nacional, y es que no existe una cifra oficial de víctimas de explotación laboral infantil o de las peores formas de trabajo infantil en el país, la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del INEGI indicó que en 20019, 3.3 millones de personas de entre 5 y 17 años de encontraban en situación de trabajo infantil, el 11.5% de la población mexicana de esa edad. Y de esa cifra, el 52.5% se dedica a trabajos peligrosos, es decir, 1.1 millones de niñas, niños y adolescentes en el país trabajan en actividades del tipo construcción, en el sector agropecuario e incluso en bares.
De igual manera, de los menores de entre 5 y 17 años que trabajan, la cuarta parte laboró más de 36 horas a la semana durante 2019, que es el máximo de horas establece la Ley Federal del Trabajo para ese sector de la población. Se trata de cerca de 600 mil niñas, niños y adolescentes en el país que trabajan en horarios prolongados.
El mismo estudio arrojó que de los menores en dicho rango de edad que trabajan en México, dos millones realizaban una ocupación no permitida por la ley. Mientras que 1.5 millones realizaba trabajos domésticos en condiciones no adecuadas. Lo alarmante de este dato se refiere al riesgo de que la salud o la integridad física de los menores se vean gravemente afectadas.
Redim destaca que mientras que la edad mínima para trabajar, permitida por ley, es de 15 años de edad, en México unos 888 mil menores de entre 5 y 14 años ya se encuentran trabajando.
Asimismo, en el marco de esta jornada, recuerdan que en la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas se reconoce el derecho de la niñez “a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”. También recuerdan lo dicho en la propia Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que indica que “las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (…) están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: (…) El trabajo antes de la edad mínima de quince años (…)”, así como “el trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso”.
“Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) promovemos que niñas, niños y adolescentes puedan realizar actividades que ellas mismas escogen para ayudarles en su desarrollo o contribuir al hogar, mientras que realizamos acciones de incidencia política para impulsar que el estado Mexicano cumpla con su obligación de erradicar lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denomina trabajo infantil porque es una violación a los derechos de la infancia y adolescencia que entorpece su desarrollo y potencialmente produce daños físicos y psicológicos, así como las peores formas de trabajo, como la esclavitud, la trata de personas, la explotación sexual infantil y el trabajo forzoso”, subraya la organización, recomendando una serie de acciones para que las autoridades garanticen la protección de los menores:
-Atender las causas estructurales (educación, pobreza, alimentación, salud, vivienda), las cuales posibilitan la existencia del trabajo infantil y adolescente.
-No criminalizar el trabajo infantil y adolescente de familias en contextos de supervivencia.
-Establecer una coordinación entre las distintas instituciones federales y estatales que elimine las peores formas de trabajo infantil y adolescente.
-Aumentar el presupuesto, número y capacitación de inspectores laborales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) que supervisen y garanticen los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
-Que la STPS a nivel federal y estatal realice inspecciones laborales en sectores productivos formales e informales sin previo aviso.
-Abrir espacios de colaboración a la sociedad civil que facilite el acompañamiento a las instituciones gubernamentales.
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