Gertz Manero no suelta el caso de Alejandra Cuevas: ahora persigue a su hijo por supuesto delito de extorsión

Aunque Alejandra Cuevas (Ciudad de México, 69 años) fue liberada el pasado 28 de marzo tras 528 días presa por un delito que ni siquiera existe, del que fue acusada por el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, este ni suelta el caso... ni a su familia. Ahora, el hijo mayor de esta mujer, Alonso Castillo, ha descubierto que desde octubre de 2021 existe (de manera oculta) una carpeta de investigación en su contra en la que es acusado por delito de extorsión en contra del fiscal mexicano.

A finales de abril pasado, Alonso Castillo compartía con Infobae los detalles del que consideró un nuevo “as bajo la manga” del fiscal Gertz Manero en contra de su familia. Dicha carpeta se encuentra bajo el registro FED/FECOC/UE/UEIDAPLE_CDMX/0001544/2021 y radica en la misma Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales.

Hace unos días, “gracias a la ‘Disidencia’ de la FGR”, asegura, se enteró que el delito por el que le acusan es supuesta extorsión. ¿El argumento? haber hecho de conocimiento público el caso de su madre quien, de acuerdo con la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue detenida injustamente, al considerar inexistente el delito de “garante accesoria” con el que Gertz Manero la responsabilizaba de la muerte de su hermano.

La denuncia —de la que Infobae tiene una copia— reclama que al señalar que su madre se encontraba encerrada injustamente y que el fiscal mexicano estaba haciendo uso de su poder para retenerla en prisión (por un delito inexistente, cabe insistir), Alonso Castillo presuntamente ejercía presión para que el fiscal no ejerciera su derecho a exigir justicia (en calidad de ciudadano) y le causaba inestabilidad personal y laboral con los dichos que hacía a través de redes sociales y en medios de comunicación.

Entonces, la denuncia firmada por el abogado Roberto Gallardo Álvarez exige que se cite y se interrogue a Alonso Castillo por tales acusaciones, así como que la Policía Ministerial inicie una investigación por esos hechos.

Pero, cabe subrayar que, en términos prácticos, se denuncia a Castillo por los reclamos y declaraciones que quedaron sustentados con la propia decisión de ls Suprema Corte en el caso: su madre estaba injustamente encarcelada por un delito que ni siquiera existe.

“Un grupo de Ministerios Públicos me enviaron la carpeta de investigación que el fiscal Gertz Manero mantiene oculta. ¿El delito? EXTORSIÓN. Gertz envía un mensaje claro al gremio periodístico. Su misión, acabar con la verdad y la libertad de expresión”, advertía Castillo Cuevas a través de redes sociales.

Cabe recordar que caso del fiscal en contra de Alejandra Cuevas en todo momento fue meramente un asunto personal. Ella es hija de Laura Morán (95 años, Ciudad de México) quien fue la pareja sentimental de Federico Gertz Manero, hermano del funcionario, durante casi medio siglo hasta el año 2015 cuando falleció a causa de su deteriorado estado de salud. Alejandro acusó a Laura de homicidio por omisión de cuidados, en calidad de garante, es decir, quien estaba a cargo del cuidado. También incluyó en su demanda a Alejandra, como “garante accesoria”, figura que la misma Suprema Corte acaba de considerar simplemente inexistente.

Durante años, la demanda en contra de ambas mujeres simplemente no procedía pues los jueces consideraban que era improcedente. Una vez que Gertz Manero asumió el más alto puesto de justicia en México, los cargos –entre un sinfín de irregularidades– procedieron y llevaron, por un delito que no existe, a Alejandra Cuevas a ser encerrada en Santa Martha Acatitla desde octubre de 2020 hasta el pasado 28 de marzo.

Fue entonces que pidió a los hijo de Alejandra que se responsabilizaran del delito, con la finalidad de dejar libre a su madre. “Alejandro Gertz Manero fue muy claro conmigo y con mis hermanos”, contaba Alonso a Infobae, “quería que renunciáramos al carácter de víctima indirecta de su persecución contra ellas, aceptando que éramos responsables directos o indirectos por la muerte de su hermano”.

“Al denunciarme a mí, exigirme que me incrimine con un delito fabricado y que pase ocho años en la cárcel tiene un doble propósito”, alerta Alonso, “acabar con mi vida y también con lo que más le molesta: la libertad de expresión”.

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